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El paraíso de los centros de menores

Familias de acogida denuncian la prosperidad del “negocio de los niños tutelados” y critican las dificultades que tienen para recibir pequeños en sus hogares

Centro de menores público de Montealegre (Ourense), cerrado el año pasado
Centro de menores público de Montealegre (Ourense), cerrado el año pasado

La última noticia sobre el asunto que leyeron en la prensa puso muy nerviosas a las familias que llevan un año o año y medio en lista de espera para recibir en su hogar un bebé desamparado. La Xunta acababa de concertar 25 nuevas plazas para recién nacidos en el centro de acogida de la Diputación de A Coruña. Veinticinco nuevas cunas que se venían a sumar a las 828 plazas de internamiento ya existentes, para menores protegidos de todas las edades (52 para menores de seis años), en los 79 centros que hay repartidos por toda Galicia, la mayoría de ellos de carácter privado, incluidas órdenes religiosas.

Desde entonces, las quejas arrecian en la FAG, según reconoce la asociación que aúna y representa a las Familias Acolledoras de Galicia. Estos padres de prestado para niños que un día aspiran a poder volver con sus madres biológicas o ser adoptados no entienden cómo, en medio de un mar de recortes, los conciertos no solo siguen a flote, sino que se incrementan mientras ellos siguen de brazos cruzados. Algunos llegan a hablar de “intereses creados”, del “negocio que hay montado en torno a los niños tutelados”, e incluso de “represalias” contra alguna familia que criticó el sistema “dando la cara” y ya nunca volvió a recibir niños en su casa. Por eso no quieren aparecer con sus nombres.

Una plaza en un centro de acogida, según admite la propia Consellería de Traballo e Benestar, le cuesta a la Administración gallega “una media de entre 1.360 y 1.560 euros mensuales que incluyen el gasto en agua y luz”. Pero las familias en espera (que también pagan la factura de Gas Natural y la de compañías como Aquagest) aseguran que el dato que facilita el departamento de la Xunta responsable de las tutelas no coincide con el que leyeron en su día en el Diario Oficial de Galicia, donde aparecían conciertos “de 3.000 y hasta de 5.000 euros en el caso de bebés” y que deben pagarse “sí o sí porque hay un concierto”, añaden, aunque las camas estén desocupadas.

Mientras tanto, los hogares acogedores, cada mes que tienen a su cuidado una criatura, reciben una cantidad variable que oscila entre los 240 euros (en el caso de niños mayores de tres años) y los 600 (los pequeños hasta un año). Las cuantías, según su relato, las obligan, por descontado, a correr con todos los gastos, desde la ropa, el cochecito y la manutención hasta la formación y los desplazamientos de los menores, que con periodicidad deben ser trasladados, a lo mejor a otra ciudad, para ser vistos por sus auténticos padres en los puntos de encuentro.

Los padres acogedores, registrados en un banco de familias ya evaluadas y aptas, describen algunos casos sangrantes, como el de un menor con un alto grado de minusvalía reconocida, con los sentidos fundamentales prácticamente anulados y dificultad cognitiva. Su familia de acogida, con recursos limitados para atender tal problemática, “recibe de la Xunta 400 euros y tiene que pedir ayuda por su cuenta a la ONCE”.

Las denuncias llegan al Valedor do Pobo. De momento, tres familias han recurrido a esta institución y “va a haber más”, anuncian. Los padres críticos reclaman al Valedor un informe que revele la situación real de los centros y el número de niños que acogen, también cuántos de estos menores que se crían sin familia llegan a los 18 años con estudios. Preguntan, además, por el estado “caótico” de los llamados puntos de encuentro de la Xunta, el lugar oficial de contacto entre los niños tutelados y sus progenitores, después de que se conociese que en el de Pontevedra “se han suspendido temporalmente las visitas de los más pequeños porque no hay calefacción y hace mucho frío”.

España es el país de Europa occidental con más cunas institucionalizadas y menos acogida en hogares y Galicia está entre las comunidades autónomas con más plazas en centros, en el polo opuesto de Baleares, que ya no las tiene para niños menores de seis años. El Reino Unido decidió eliminar esta forma de tutela de los pequeños en primer lugar y el Senado español, siguiendo la tendencia europea, aprobó en 2010 una propuesta que, entonces, se creyó llamada a sentar las bases de una ley de adopción nacional y acogimiento familiar. La Cámara Alta consideraba necesario desalojar de los centros de menores a los niños de entre cero y seis para ponerlos al abrigo de familias de acogida. Con la llegada de Rajoy al Gobierno, el desarrollo legal se estancó, pero varias comunidades avanzaron en la dirección convenida.

En Galicia, Benestar suele decir que el 70% de los niños tutelados están con familias, pero en este porcentaje incluye los 1.111 que viven con la “familia extensa” (abuelos, tíos, etc) una situación totalmente diferente de la acogida con “familia ajena”, con una cifra muy inferior (144 menores en toda la comunidad). Por su parte, los centros concertados, con sus 828 plazas de residencia y sus 375 de atención diurna, se reparten actualmente 691 menores, según la consellería.

Pendientes de dejar un centro e irse a vivir a un hogar desconocido por poco o por mucho tiempo, según la Cruz Roja —la institución en la que la Xunta delega la gestión del programa de Familias Acolledoras— hay 39 menores, de los que 18 son mayores de 12 años y 21, más pequeños. Entretanto, también según la ONG que evalúa la idoneidad de los hogares para cada caso de niño tutelado, 55 familias que aparecen en el banco de datos oficial esperan la oportunidad de acoger al tiempo que otras 111 tienen algún menor que no es suyo en su casa.

Las 55 que no reciben niños se preguntan por qué esos 39 menores no pueden estar con ellas. Y la respuesta, tanto de la Xunta como de Cruz Roja (encargada de desarrollar el programa, desde 1995, con los 300.000 euros que le paga anualmente el Gobierno gallego), es la misma. “Trabajamos con personas”, explica la responsable de la gestión del banco de familias en la ONG, Mónica Castelao, que dirige una decena de psicólogos y trabajadores sociales repartidos en cinco sedes. “Cada niño es un caso diferente, tiene unas necesidades, unos problemas, unas circunstancias únicas y lo que tenemos es que encontrar una familia idónea. Los recién nacidos, por ejemplo, requieren a alguien libre las 24 horas del día. No todas las situaciones encajan, y eso a veces hay que hacérselo ver a algunos padres acogedores. Porque no lo ven”.