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El Gobierno prepara al ICF para que sea la banca pública catalana en 2015

La entidad reduce los créditos al sector público por la “presión” de Bruselas El organismo logra movilizar casi 800 millones en capital riesgo

Lluís Pellicer

El Ejecutivo de Artur Mas se ha marcado 2015 como fecha para que la banca pública catalana, una de las “estructuras de Estado” que contemplan los acuerdos de CiU y ERC, sea una de las 6.000 entidades de crédito que operen dentro de la Unión Bancaria Europea. El consejero delegado del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), Josep Ramon Sanromà, explicó ayer que el Gobierno catalán todavía no ha solicitado la ficha bancaria al Banco de España, lo cual le permitiría ampliar su actividad y acceder a los mercados de capitales y a las subastas del Banco Central Europeo. La entidad incluso podría captar depósitos entre empresas, instituciones y particulares, aunque Sanromà descartó esa posibilidad. El ICF, que cerró 2012 con un beneficio de 3,8 millones de euros tras provisionar de 60 millones, prestó en los dos últimos años 1.700 millones a 8.520 empresas.

El tercer punto de los acuerdos entre CiU y ERC que hicieron posible la presidencia de Artur Mas prevé “impulsar la transformación” del ICF en “el banco público de Cataluña”. Para ello, la institución necesitará obtener una ficha bancaria. Sanromà aseguró que la Generalitat no tiene prisa, puesto que el Banco de España está pendiente de la aprobación de un nuevo reglamento para dar autorizaciones. “Es un proceso de aproximación”, afirmó Sanromà. Sin embargo, los actuales responsables del ICF no prevén que este se financie con depósitos de clientes, sino a través de los mercados a pesar de la calificación de la deuda, ahora considerada bono basura.

El consejero delegado de la institución hizo ayer balance de sus dos primeros años de gestión. En este periodo, el ICF concedió 1.555 millones de euros a empresas para inversiones y circulante; 305 millones para accionistas y socios, y comprometió 194 millones para proyectos de capital riesgo. En total, la entidad realizó 9.617 operaciones, el 55% de las cuales se efectuaron directamente y el resto a través de otras entidades financieras. De los 1.671,2 millones de euros que la entidad prestó el año pasado (excluyendo las operaciones de capital riesgo), el 10% sirvió para refinanciar deudas de empresas que no podían afrontar su devolución a causa de la recesión. La tasa de la morosidad se situó en el 9,7%, con una cobertura del 90,1%. Si se excluyen grandes préstamos, como los otorgados a La Seda, la tasa baja al 6,9%.

El balance de 2011 y 2012

  • Beneficio. El ICF ganó 3,8 millones de euros en 2012, frente a los 4,4 millones del año anterior.
  • Morosidad. La tasa fue del 9,7%, con una cobertura del 60%.
  • Créditos. El sector público suponía el 50% del balance de la entidad en 2010. En 2012 descendió al 24% y este año se prevé que sea de cerca del 15%.
  • Financiación. Dio créditos a más de 8.500 empresas por un importe de más de 1.700 millones de euros.
  • Capital riesgo. La entidad movilizó 795 millones de euros, de los que 157,8 los puso directamente.

Sanromà puso especial énfasis en la actividad de capital riesgo. El ICF ha comprometido 157,8 millones de euros para proyectos que, en su conjunto, han movilizado 795,7 millones de euros. Ello se debe a que en estas empresas la entidad inyecta capital junto a socios privados, de modo que por cada euro que pone el ICF, otros inversores desembolsan cinco euros. Sanromà explicó que en los dos años anteriores, además, se desplegaron nuevos instrumentos de capital riesgo, como líneas de préstamos participativos de entre 50.000 y 200.000 euros junto a business angels, líneas para ampliaciones de capital en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y préstamos para proyectos de internacionalización y consolidación empresarial.

Cuando desembarcó en el ICF, sin embargo, el principal objetivo de Sanromà fue evitar a toda costa que la oficina de estadística Eurostat, dependiente de la Comisión Europea, obligara a la Generalitat a consolidar dentro del perímetro de la Administración las cuentas del banco. Esta decisión de carácter técnico hubiera supuesto engrosar la deuda catalana en 3.500 millones de euros. “Debíamos alejar el perímetro de la Generalitat. Nos lo exigía Eurostat, que requería que el ICF fuera una entidad financiera con la Generalitat como accionista, pero no una agencia de la Generalitat”, sostuvo.

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Para liberar a la entidad de la “presión” de Bruselas y evitar trasladar el déficit y la deuda a las cuentas catalanas, explicó Sanromà, se tuvo que dotar al ICF de más autonomía, pero también reducir de forma drástica el balance de préstamos al sector público. En 2010, estos suponían la mitad de la cartera crediticia del ICF. El año pasado se rebajaron al 24%, y el objetivo pasa por recortar su peso todavía más, hasta el 15% a finales de 2013.

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Sobre la firma

Lluís Pellicer
Es jefe de sección de Economía de EL PAÍS, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. Ha sido corresponsal en Bruselas entre 2018 y 2021 y redactor de Economía en Barcelona, donde cubrió la crisis inmobiliaria de 2008. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha cursado el programa de desarrollo directivo de IESE.

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