El Supremo revisará la absolución de Camps por el ‘caso de los trajes’

Cinco jueces analizarán a puerta cerrada en abril si el jurado erró en su veredicto

Un año después de la absolución por un jurado popular del expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps por los regalos de los trajes, llega el momento de la justicia profesional. Cinco jueces del Tribunal Supremo deliberarán el próximo día 9 de abril, a puerta cerrada, si fue justa la absolución de Camps por parte de un jurado popular de esa comunidad que —por un resultado de cinco votos contra cuatro— decidió exonerarle en el juicio de los trajes que recibió durante años por parte de la red corrupta de Gürtel, que floreció con contratos autonómicos durante su mandato en esa comunidad.

No es habitual, pero hay sobrados precedentes de resoluciones del Supremo que revocan decisiones adoptadas por un jurado popular. El Supremo tendrá ahora tres opciones en esta nueva cita: confirmar la absolución de Camps, ordenar repetir el juicio con otro jurado o, directamente, redactar una sentencia condenatoria contra el expresidente. Fuentes jurídicas de alto tribunal no descartan un vuelco a la decisión del jurado que se constituyó en Valencia (con seis hombres y tres mujeres) para juzgar a quien había sido su presidente, elegido tres veces por amplias mayorías absolutas.

A juicio de expertos en derecho, el jurado popular obvió pruebas incriminatorias que presentaron en el juicio las fiscales Anticorrupción Miriam Segura y Concepción Sabadell, así como el abogado de los socialistas valencianos, Virgilio Latorre, y liberó a Camps y a su otrora número dos del PP de Valencia, Ricardo Costa, del delito de cohecho pasivo que se les imputaba. Es decir, de haber aceptado ambos trajes y otras prendas de la red Gürtel valoradas en unos 21.350 euros. Quien supuestamente se los regaló fue el hombre fuerte de la trama en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes, “el amiguito del alma” de Camps. Durante el juicio, fueron especialmente elocuentes los silencios, o los intentos de negativas de los acusados ante las preguntas, adobadas con documentos, que formularon las fiscales y el abogado del PSOE.De nada sirvió. Al término del juicio, las partes elevaron al jurado una serie de preguntas sobre la conducta de Camps, y aquél llegó a la conclusión de que, incluso en el supuesto de que hubiera aceptado trajes de la trama, estos no se realizaron “en función de su cargo”. Y le absolvieron.

Y a este argumento sumaron otro, extraído de una testigo de referencia (que no tuvo acceso personal a los hechos), Isabel Jordán, que decayó ante otros siete testimonios directos (entre ellos, el de José Tomás, el propio sastre de Camps). Estos últimos proclamaron que Camps fue el destinatario gratis total de la veintena de trajes y prendas adquiridos por Gürtel en las tiendas madrileñas de Milano y Forever Young. Las mismas en las que se trastocó la base de datos para borrar de los albaranes (así lo dijo un informático) el apellido Camps y mutarlo por el de Pérez (El Bigotes). El artículo que imputaban a Camps las fiscales era el 426 del Código Penal, que castiga con pena de multa (33.000 euros pedían para Camps) a la autoridad o cargo público que recibiere dádivas en “función de su cargo”. Este fue el gran debate en el seno del jurado, que desoyó, además, grabaciones policiales telefónicas entre Camps y El Bigotes en plenos Reyes Magos de 2009. En una de ellas el hombre de Gürtel en Valencia recordaba a Camps el tarjetón navideño que le acababa de enviar, y zanjaba el distendido diálogo con un “fíjate si te debo [presidente]”.

Y todo esto en el marco de las jugosas contratas a dedo (por importe de casi ocho millones de euros) con que la Administración de Camps había agasajado a la firma cabecera del PP en la región: Orange Market, la sucursal Gürtel en Valencia. El grueso de esos fondos, cinco millones de euros, fueron entregados por la Agencia Valenciana de Turismo a Orange Market por el diseño y montaje del pabellón valenciano en la feria Fitur entre 2005 y 2009.

El fallo dio más peso a testigos indirectos que a quienes vieron los hechos

Las múltiples irregularidades que, según la fiscalía, cometieron los altos cargos de la Administración autonómica al conceder dichos contratos, están a punto de ser juzgados después de que el magistrado instructor de la rama Gürtel en Valencia haya dado por finalizada la instrucción. La de los trajes es una de las seis piezas judiciales abiertas en Valencia por el caso Gürtel. Otra de ellas, es la supuesta financiación ilegal del PP regional por parte de ocho empresas constructoras valencianas.

El recurso que analizará el día 9 el Supremo fue presentado por el Partido Socialista del País Valenciano (PSPV), pero no lo secundó la hasta ese momento especialmente combativa Fiscalía Anticorrupción. El que, tras mostrar su estupefacción por la absolución, sí vio abundante base para recurrir fue el lacónico y contundente abogado del PSOE, Virgilio Latorre. El letrado sostiene que el jurado incurrió en una “manifiesta contradicción” entre los hechos declarados probados por el fallo final. El Supremo, la justicia profesional, tiene ahora la palabra.

Órdenes de ‘arriba’ para no recurrir

J.A.H / I.Z

Nunca se habría sabido que Luis Bárcenas, el extesorero del PP, ocultaba 38 millones en Suiza si no es por la perseverancia (a lo largo de la amplia instrucción del caso Gürtel: 700.000 folios) de las fiscales Anticorrupción Miríam Segura y Concepción Sabadell. El juez archivó el caso y ellas lograron reabrirlo con un recurso en la Audiencia Nacional. También ellas llevaban el caso de los trajes de Camps. Son las que le sentaron en el banquillo y las que, junto al abogado del PSOE de Valencia, evidenciaron en el juicio el manantial de pruebas que revelan que, en contra de lo que mantenía Camps, no fue él sino la red Gürtel de El Bigotes la que se gastó 14.000 euros en trajes para el presidente valenciano. Cuando el jurado soltó el veredicto de inocencia, no dieron crédito. Y lo primero que se les pasó por la cabeza fue el recurso. Pero la jefatura no las dejó. La absolución de Camps se produjo el 25 de enero de 2012, 35 días después de la llegada de Rajoy a La Moncloa y solo dos días antes de que el Gobierno del PP nombrase fiscal general del Estado a Eduardo Torres-Dulce. Fue este quien ordenó a las fiscales que no recurriera la absolución de Camps con el argumento de que no existía “base [jurídica] suficiente”.

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Periodista de investigación de EL PAÍS

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