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Los detenidos durante el 25-S no intentaron invadir el Congreso

La Audiencia Provincial cree que "no existen indicios" de que trataran de invadir el Pleno

Carmen Pérez-Lanzac
Manifestación Rodea el Congreso celebrada el 25 de septiembre.
Manifestación Rodea el Congreso celebrada el 25 de septiembre. BERNARDO PÉREZ

Cinco meses después de la manifestación Rodea el Congreso, celebrada el 25 de septiembre, la Audiencia Provincial de Madrid ha notificado hoy que acuerda estimar los recursos de apelación interpuestos por los abogados de los detenidos. “No existen indicios de que los imputados utilizaran medios ni realizaran actos que puedan considerarse idóneos para invadir la sede del Congreso de los Diputados”, dice el auto, "como pudiera ser el uso de armas u otros elementos con adecuación suficiente para vencer la protección establecida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; especialmente si se tiene en cuenta que fueron establecidos una serie de cinturones de seguridad en torno al Congreso de los Diputados y calles adyacentes con la finalidad de garantizar su normal funcionamiento durante la celebración del Pleno (…)”, continúa el texto.

Miles de personas asistieron en septiembre a la primera de un total de tres manifestaciones a Rodear el Congreso. La inaugural, celebrada el 25 de septiembre, terminó entre cargas policiales y se saldó con 35 detenidos, a quienes les imputaron un delito contra las altas instituciones del Estado, por haber intentado invadir “con fuerza, violencia o intimidación las sedes del Congreso de los Diputados”, recogido en el Código Penal y castigado con hasta 5 años de prisión. La comisión de legal, que defendió a parte de los detenidos, interpuso contra el auto recurso de apelación al considerar que no existe indicio para sostener que trataran de invadir la Cámara.

“Queremos celebrar dicha resolución, que entendemos pone coto a la estrategia criminalizadora de la Brigada de la Información y de Delegación de Gobierno, que trató de “fabricar” un atestado para que los detenidos fuesen imputados nada menos que por un delito contra las altas instituciones del Estado que no habían cometido”, dicen los abogados en un comunicado. “Esperamos que ahora se vayan aclarando cada una de las arbitrarias detenciones ocurridas el 25 de septiembre y que se investiguen los malos tratos sufridos por las personas detenidas en su estancia en la Comisaría de Moratalaz y que fueron objeto de denuncia”.

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Sobre la firma

Carmen Pérez-Lanzac
Redactora. Coordina las entrevistas y las prepublicaciones del suplemento 'Ideas', EL PAÍS. Antes ha cubierto temas sociales y entrevistado a personalidades de la cultura. Es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y Máster de Periodismo de El País. German Marshall Fellow.

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