El caso de las ITV deja herido a Oriol Pujol

Los magistrados ven "indicios" de que el diputado de Convergència "dirigió y coordinó" a los imputados y que usó su “peso político” para lucrarse

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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) propinó este martes un serio revés a la meteórica carrera política de Oriol Pujol Ferrussola. El secretario general adjunto de Convergència y sucesor natural de Artur Mas resultó imputado por un delito de tráfico de influencias en el marco del caso de las ITV, de presunto amaño de concesiones de estaciones de inspección de vehículos. El tribunal, como adelantó la edición digital de EL PAÍS, ve serios indicios de que Pujol se valió de su “peso político” para lucrarse y beneficiar a empresarios amigos. Al conocer su imputación, Pujol compareció ante la prensa para dejar claro que no pensaba dimitir y que solo “delegaba” los cargos orgánicos en el partido y la presidencia del grupo parlamentario de CiU en la cámara catalana. Continuará como diputado y retomará todas sus funciones cuando considere que queda libre de sospecha.

La resolución judicial concluye que el número dos de Convergència Democràtica de Catalunya “coordinaba, dirigía y daba el necesario apoyo desde una vertiente política” a los otros imputados en la trama, algunos de ellos amigos personales: los empresarios Sergi Alsina, Sergio Pastor y Ricard Puignou y los excargos políticos Josep Tous e Isidre Masalles. Todos ellos “tenían interés en conseguir, de una u otra forma”, pero siempre al margen de la ley, según la resolución, “la adjudicación de autorizaciones de ITV”. Con la colaboración imprescindible de Pujol, urdieron una trama para anular una concesión legal a una empresa legal, diseñar un nuevo plan territorial para aumentar el número de estaciones y, finalmente, lograr que una compañía suya, Upprime Energy, lograra futuras adjudicaciones.

El grupo no llegó a conseguir sus objetivos: el nombre de Pujol apareció en un informe de la fiscalía sobre el caso Campeón que se hizo público y que frustró parte de la investigación de las ITV, basada en seguimientos y conversaciones telefónicas de los implicados. Hace un año, las detenciones se precipitaron por ese motivo. Pujol, en cualquier caso, se valió de su influencia política como secretario general de CDC “y, sobre todo, como presidente de su grupo parlamentario” con el fin de “obtener un beneficio económico, para él y/o para sus amigos y colaboradores”.

Pujol volvió a negar este martes que haya sido “colaborador” de la trama de corrupción y enmarcó las gestiones que hizo en su labor de diputado del Parlamento. “Quería mejorar un sector en concreto”, aseguró. Con ello justificó no dejar el acta de diputado. “Sería como admitir mi culpabilidad”, dijo. Se da la circunstancia de que el juez que investiga a Oriol Pujol, Enric Anglada, fue adjunto al instructor del caso Banca catalana, que afectó a Jordi Pujol.

La resolución del tribunal resume en cuatro puntos la participación de Pujol en un presunto delito de tráfico de influencias, castigado con entre seis meses y dos años de cárcel. Dos de ellos tienen que ver con las presiones que, presuntamente, ejerció para que un excargo de la Generalitat —el entonces secretario general de Industria y Ocupación, Enric Colet— situara a dos personas de su confianza en la gestión de las ITV. Uno de ellos, el más activo en las llamadas telefónicas, es su amigo y hombre de confianza Josep Tous: ambos estudiaron juntos en la escuela de negocios IESE y trabajaron codo con codo en la etapa de Gobierno de Jordi Pujol, hasta 2003. Pujol hijo, de hecho, le propuso para ocupar un cargo en la Diputación de Barcelona, nombramiento que se frustró tras el escándalo.

Tous, presidente de la sectorial de industria e innovación del partido nacionalista, fue designado “mediador” de la Administración “en el conflicto de las ITV”, que enfrentaba a empresas del sector. Lo curioso es que, paralelamente, trabajaba “al servicio y defendiendo los intereses particulares” de dos de los empresarios imputados, que le pagaban unos 2.000 al mes. El número dos de CDC “era conocedor” de esa paradójica circunstancia. Del mismo modo obró para que Colet designase “a instancias suyas” a Isidre Masalles como nuevo subdirector de Seguridad Industrial, una de las piezas clave para decidir sobre las concesiones de ITV que debía actuar “siguiendo el plan propuesto por Tous”, que en las conversaciones se muestra confiado en que no dará problemas.

Los otros dos motivos para imputar a Pujol tienen que ver con su estrecha relación con su amigo el empresario Sergi Alsina, con el que “colaboró” para denegar la autorización a una empresa rival de las ITV, diseñar un nuevo plan territorial que preveía un mayor número de estaciones y hacer que “todos ellos salieran beneficiados”. La resolución no lo cita, pero Alsina pagó a la mujer de Pujol, Anna Vidal, diversas cantidades por “asesoramiento”. Una de las facturas asciende a 200.000 euros. Hacienda sospecha que se trata de facturas fraudulentas, que no corresponden a ningún trabajo realizado.

Los magistrados concluyen que Pujol “participó en la trama societaria ideada” para que Upprime se beneficiara de las nuevas adjudicaciones. Él “iba coordinando y dando instrucciones” a los implicados “de forma periódica”. El empresario Sergio Pastor —al que Pujol “debía un favor personal”— fue nombrado director de esa compañía. Él y Alsina eran propietarios del 30% de la sociedad. Según los magistrados, hay “indicios” para pensar que Alsina “compartiría” los beneficios de su 15% con Pujol.

La contundencia de los argumentos del tribunal, la presión de las bases de CiU, así como de sus socios de Esquerra Republicana, obligaron a Pujol a dar un paso atrás. No dimite, sino que “delega” sus funciones en tres dirigentes de Convergència, todos ellos fieles colaboradores suyos. Se trata de Josep Rull, que asumirá las funciones de la secretaría general del partido: Jordi Turull, que presidirá el grupo parlamentario de CiU, y de Lluís M. Corominas, que se ocupará de las tareas de coordinación. Ninguno de los tres dirigentes es conocido por sus ansias sucesorias, por lo que Pujol confía en volver pronto a su cargo y poder continuar, si lo desea, con la dirección del partido desde un segundo plano. Pujol explicó este martes por la noche los cambios a la ejecutiva del partido, que dio su aprobación sin que se votara nada y con un largo aplauso.

Pujol aseguró que pasará a ser “un militante de base” para no “entorpecer el proceso de transición nacional”. Al mismo tiempo volvió a denunciar el “juego sucio” por parte del Estado contra el soberanismo .

Con la imputación de Oriol Pujol son ya cuatro los miembros del Parlament imputados en casos de presunta corrupción, tres de Convergència y uno del Partit dels Socialistes. Esto explica que el PSC no pidiera la dimisión de Pujol como diputado. Tampoco lo hizo Esquerra Republicana, socio de los nacionalistas.

En cambio, sí lo pidió el PP, contrariamente a lo que se aplica a sí mismo en otros escenarios como las Cortes de Valencia.

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Periodista de El País. Sección política.
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Redactor de tribunales El País. Barcelona

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