Réquiem por el Banco de Valencia
El FROB compara a la entidad con un paciente al que no se ha podido salvar El fondo de rescate admite “el duro golpe” sufrido por los accionistas
El Banco de Valencia, fundado en 1900, celebró este jueves en un ambiente fúnebre su última junta general de accionistas. José Antonio Iturriaga, elegido por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para administrar la última etapa de la entidad tras ser intervenida por el Banco de España, comparó su tarea con la de un médico que después de operar “a corazón abierto” a un paciente tiene que salir a contarles a los familiares que ha fallecido. En la metáfora, los familiares eran los accionistas presentes en la junta, que han visto cómo el valor de los títulos se desplomaba incesantemente hasta 0,01 euros, el mínimo permitido por la ley. El ánimo de los accionistas no era, sin embargo, comprensivo, como demostró la treintena de intervenciones, que culparon a los exgestores, al Banco de España, la Generalitat, a la clase política valenciana y al mismo FROB de haber contribuido a la destrucción de sus inversiones.
La entidad fue adquirida en noviembre por Caixabank por un euro y cerca de 5.000 millones de euros en ayudas. Meses antes el FROB había inyectado otros 1.000 millones de euros.
Iturriaga: “Nadie ha soportado más pérdidas que si se hubiera liquidado”
El camino que le queda por delante al banco, tal y como ha anticipado Caixabank a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es ser absorbido por el grupo La Caixa antes de final de año. Al ser propietaria del 98,9% de los títulos, Caixabank podrá fijar las condiciones de la OPA para hacerse con el 1,1% restante. La fórmula será el intercambio de acciones de Banco de Valencia por las de Caixabank, en una proporción de centenares a una.
Varios accionistas, como Vicente Simó, presidente de la asociación Pro Banco de Valencia, instaron por ello a Caixabank a mostrarse generosos en dicha operación de canje con la advertencia de que esa primera decisión puede marcar la relación entre el adquirente y los más de 40.000 accionistas, que suelen ser, además, clientes de la entidad adquirida.
Iturriaga admitió que la reestructuración ha implicado “un duro golpe para accionistas y poseedores de subordinadas”. Pero señaló como responsables últimos de ello a los antiguos gestores de la entidad que la llevaron al punto de hacerla “inviable”. “Nadie ha soportado pérdidas superiores a las que hubiera soportado si se hubiera liquidado el banco”, aseguró el administrador del FROB, antes de insistir en que la oferta realizada por Caixabank había sido “la mejor” de las presentadas en un proceso competitivo condicionado por varios factores.
De un lado, la situación de la entidad. Del otro, las condiciones impuestas a España por sus socios europeos para facilitar la línea de hasta 100.000 millones de euros para el sistema financiero español. El memorando firmado por España, recordó, establecía que accionistas y tenedores de preferentes y subordinadas debían soportar pérdidas, y restringía los potenciales compradores a los incluidos en el grupo cero: “Los grandes”, entre los que mencionó a Santander, BBVA, Bankinter y La Caixa. Bruselas también estableció como plazo límite para cerrar la subasta el 28 de noviembre de 2012.
Caixabank nombra a Marcelino Armenter nuevo presidente
El objetivo del FROB, siguió Iturriaga, ha consistido en evitar la liquidación porque habría sido más cara —hasta 7.400 millones de euros—, habría afectado a los depositantes con más de 100.000 euros en la entidad y podría haber afectado a “la estabilidad” del conjunto del sistema financiero.
Caixabank aprobó con su aplastante mayoría la gestión presentada por el FROB y el nombramiento de sus nuevos responsables. Por la tarde, el consejo del banco celebró la primera reunión, en la que Marcelino Armenter fue elegido presidente y Bibiano Martínez, director general. El único consejero valenciano es Alberto Catalá, presidente de Feria Valencia y conocido en el grupo La Caixa por su relación con Abertis. La vida del consejo, con la absorción con Caixabank a la vista, se presume, sin embargo, corta.
A la espera de lo que decidan los nuevos propietarios, Iturriaga afirmó que la intención comunicada por La Caixa era mantener en la marca el nombre de Banco de Valencia, al menos, en la provincia del mismo nombre.
El FROB busca solución para los afectados por preferentes
Juan José Puertos, propietario de un taller de reparación de automóviles en Castelló de la Ribera, fue uno de los integrantes del pequeño grupo de afectados por preferentes y obligaciones subordinadas que ayer se concentró a la entrada del Palacio de Congresos de Valencia para denunciar su situación. Puertos enseñaba a todo aquel que quisiera verlo los documentos del contrato firmado en 2004 con el Banco de Valencia, en el que se leía arriba, en caracteres grandes, “imposición a plazo”. El mecánico invirtió 15.000 euros que tenía en una cuenta corriente “aconsejado por el director de la oficina del pueblo” que, según Puertos, le aseguró que se trataba de una inversión segura y de que podría recuperar el dinero cuando quisiera. Hace unas semanas, sin embargo, el banco le aplicó una drástica quita respecto al valor nominal de su inversión y sus ahorros quedaron reducidos a 2.250 euros.
Las pérdidas relacionadas con estos productos financieros y la denuncia de que fueron suscritos mediante “engaños” surgieron varias veces en la junta de accionistas del Banco de Valencia. La novedad fue que José Antonio Iturriaga, el administrador nombrado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que hasta ayer controló el banco, afirmó que la entidad ha movilizado a su red “para reunirse con todos y cada uno de los titulares” de preferentes y obligaciones subordinadas con el objetivo de buscar soluciones individuales. El resultado será entregado a los nuevos responsables de la entidad, esto es, a Caixabank.
Al margen de los casos en que se hayan producido engaños, que tendrían una solución autónoma, el administrador del FROB señaló que el acuerdo firmado por España con el Eurogrupo para el rescate bancario incluía la asunción de pérdidas por parte de poseedores de preferentes y obligaciones (las quitas han sido del 85% al 90%). La ley, prosiguió Iturriaga, establece que las alternativas a las preferentes y obligaciones subordinadas debía hacerse “respetando el valor de mercado”. Y, según el estudio solicitado a PwC y presentado en diciembre, el valor de estos productos financieros “no difiere sustancialmente de cero”.
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