Un juicio que se derrumba
La huida del único testigo que delató a la banda de Los Pasteleros pone en riesgo el recién inaugurado macroproceso por narcotráfico y blanqueo
Lo que en las últimas semanas era un rumor en medios de la investigación, se confirmó la pasada semana, nada más comenzar el juicio: El testigo de cargo que por fin permitiría encarcelar a la banda arousana de Los Pasteleros, considerada número uno en importación en la cocaína en España, se había esfumado. Ninguna valoración por el momento ha salido de los responsables policiales que durante años han venido pisando los talones a esta poderosa organización, ni tampoco de la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional que está intentando reaccionar ante el vuelco que ha dado el caso tras el plante que el lugarteniente arrepentido dio al tribunal.
Esta posibilidad no estaba contemplada en el tramo final de esta importante operación policial que comenzó a finales de 2008, cuando José Luis Fernández Tubío, de 50 años, con antecedentes por narcotráfico y miembro cualificado de la presunta organización, firmó su declaración ante el juez y el fiscal en la que desvelaba al detalle todo el organigrama de la banda.
Ni se trataba de un grupo de narcotraficantes al uso, ni la operación para atacar su potente capacidad de importar cocaína (unas 15 toneladas anuales) siguió las pautas normales. La oportunidad para neutralizar a Los Pasteleros surgió a raíz de que la Policía logró interceptar la salida, el 26 de mayo de 2008, de un pesquero de nombre San Miguel del puerto venezolano de Pampatar, que iba a traer un cargamento de cocaína a Galicia.
El buque partió vacío y el plan previsto es que alijara 3.429 kilogramos de cocaína de una lanzadera que recogería los fardos del agua que previamente habría de bombardear un avión. Luego, el San Miguel continuaría su ruta hasta transbordar el alijo a una planeadora que le aprovisionaría de combustible.
Queda el delito fiscal
El esperado juicio contra Los Pasteleros tiene ya poco recorrido. Además de los tripulantes del San Miguel, el piloto Francisco Cañón, de A Illa de Arousa, que iba en la planeadora con Fernández Tubío, y el de la lanzadera Mario Fabrizi, se llevarían la peor parte al ser detenidos con la droga a bordo del barco. Tubío ya contaba con antecedentes por narcotráfico y pese al atenuante de colaboración, la fiscalía tenía pruebas contundentes contra él y le pedía una condena de 12 años, como hombre cualificado en el grupo y que había viajado a Venezuela para organizar este envío.
Una elevada condena si se compara con la solicitada para los considerados jefes de la organización: Óscar Rial y José Constante Piñeiro Búa, Costiñas, un histórico y puente con el cártel colombiano con el que operaban. En un escalón inferior considera el fiscal a José Andrés Bóveda Ozores, Charly, y a Francisco Padín González, el Pardillo que junto con el Pastelero no tienen antecedentes penales y ninguno pidió un acuerdo de conformidad con la fiscalía.
La baza más importante que le queda al proceso es la acusación por blanqueo de dinero,cuatro años más de cárcel para cada uno, pero si no se prueba el narcotráfico podría quedar reducida a un delito fiscal. La investigación patrimonial se extiende a familiares y socios de la cúpula del grupo cuyas propiedades y negocios están embargados.
En todo caso tendrán que justificar los movimientos de dinero detectados por Hacienda. El Pastelero “utilizó negocios y empresas lícitas de su esposa para enmascarar las ganancias obtenidas en anteriores operaciones de tráfico de drogas similares a la relatada”, dice el fiscal. Arousa Chocolat, SL, es una de ellas y está a nombre de su esposa también procesada. Los ingresos en efectivo “son dispares y sin criterio temporal”, como los 100.000 euros de dos décimos de lotería del sorteo de Navidad de 2006, dándose la circunstancia que uno de ellos es de la fracción primera de la serie 165 y otro de la fracción cuarta de la serie 157, ambos vendidos en una administración de Oviedo.
Costiñas tendría que justificar los ingresos en efectivo en empresas con las que supuestamente aparece relacionado: Altman Import Export, C & F Piñeiro Obras y Promociones, o el Grupo 3 Expansiones y Contratas, además de la compra de patrimonio entre 2004 y 2009. Las multas se impondrán en función de lo que hayan defraudado.
Pero las dificultades de ambas embarcaciones obligaron a retrasar los planes y no sería hasta las 4.45 horas del 1 de junio, cerca de las islas Azores, cuando el Servicio de Vigilancia Aduanera abordó el barco, que sufría una vía de agua, y de toda la tripulación, incluida la planeadora que no pudo regresar a tierra porque no arrancaron los motores.
En esta embarcación iba de tripulante el hombre que un año después decidió colaborar con la justicia. Sus acusaciones permitieron abrir un enorme sumario contra las catorce personas que integraban la banda de Los Pasteleros. Un auto de 29 de octubre de 2009 decretaba el procesamiento de todas ellas, incluidos los 11 tripulantes venezolanos del San Miguel, y ordenaba embargos por valor de 500 millones de euros para cubrir las responsabilidades civiles de los acusados. Sin embargo ninguno fue detenido.
Un año después, la fiscalía presentó su escrito de acusación por narcotráfico y blanqueo de dinero, solicitando condenas de hasta 14 años para los principales cabecillas y multas millonarias que superan los 6.000 millones. La sorprendente rapidez con que actuó la maquinaria judicial en este proceso culminó con el señalamiento del juicio en tiempo récord, si se compara con el retraso que arrastran otras causas anteriores.
Una semana antes del juicio, el arrepentido que vivía permanentemente con protección policial y hacía su vida normal en su pueblo de Escarabote (Boiro) no se presentó al juicio ni tampoco lo hicieron los 11 tripulantes venezolanos del pesquero. En su ausencia, el testigo se dirigió al tribunal a través de una carta que firmó ante notario y que leyó su abogado, en la que declaró que todas las confesiones que hizo eran mentiras, producto de chismorreos de la cárcel, con las que solo pretendía librarse de la prisión.
Por si esto fuera poco, el abogado sorprendía al tribunal con la lectura de otra carta que su cliente dirigía a Óscar Rial Iglesias, El Pastelero, de 39 años, hombre clave del proceso, presunto financiero del grupo y sin antecedentes penales. El ya exarrepentido le pidió perdón por haberle señalado como su jefe y los problemas que le había causado.
Ante este escenario inesperado, al tribunal no le quedó otra salida que ordenar la búsqueda y captura de José Luis Fernández Tubío y de los marineros ausentes, y suspender la vista, que en principio podría reanudarse el 28 de octubre. En medios judiciales ya admiten que son mínimas las expectativas de que el juicio se celebre conforme a lo previsto, después de que el único testigo de cargo contra la cúpula de la organización haya renunciado a serlo.
