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Un testigo extiende a más consejerías de Blasco la trama de cooperación

El exempleado de Tauroni detalla el uso de empresas pantalla ‘limpias’, que ganaban concursos y cedían los trabajos a la red a cambio de comisiones

Ignacio Zafra
El varias veces consejero y aún diputado en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco.
El varias veces consejero y aún diputado en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco. MÒNICA TORRES

Un testigo abrió este jueves la puerta a que la investigación judicial del fraude en las ayudas de cooperación de la Generalitat valenciana a países pobres se extienda a buena parte de la trayectoria política de Rafael Blasco, varias veces consejero y exportavoz del PP en las Cortes valencianas, a quien la Fiscalía Anticorrupción considera el director de dicha trama corrupta. De la declaración de Óscar Varea, que fue durante nueve años gerente de una de las sociedades de Augusto César Tauroni, a quien la fiscalía considera coorganizador de la red corrupta y lleva por ello un año en prisión preventiva, se desprende que el sistema de obtener subvenciones y concursos públicos utilizando entramados empresariales para borrar las huellas de los auténticos beneficiarios se repitió al menos en otras dos consejerías, Sanidad y Bienestar Social, que Blasco dirigió antes de ser nombrado por el expresidente valenciano Francisco Camps titular de la cartera de Solidaridad y Ciudadanía.

Varea, que declaró como testigo ante la juez instructora María Pía Calderón, aseguró que una vez que la estrecha relación de Blasco y Tauroni salió a la luz a través de los medios de comunicación, este último decidió tomar medidas para evitar titulares. La solución fue, según indicó Varea, utilizar empresas limpias como pantalla para que se presentasen a las convocatorias públicas. Estas sociedades ganaban los concursos y desviaban los trabajos (y los fondos públicos) a las empresas directamente controladas por Tauroni a cambio de comisiones, aseguró.

El testigo afirmó incluso, según fuentes conocedoras de su declaración, que dichos acuerdos llegaban a firmarse bajo la forma de contratos con las empresas que daban la cara ante los departamentos de la Generalitat. Lo que Varea no pudo confirmar fue si las adjudicaciones desde las consejerías que dirigía Blasco se hacían de forma fraudulenta, porque su puesto como gerente de Lonerson, una de las empresas de Tauroni, encargado básicamente de la contabilidad, no le daba acceso a tal información. Varea reconoció, sin embargo, que él mismo había tenido una relación fluida con Blasco, y que en la empresa existía la impresión de que allí donde estuviera el consejero era probable que hubiera trabajo para ellos.

La juez pregunta si Blasco recomendó a la red a sus colegas en el Consell

Varea reconoció que, en menor medida, también trabajaron para consejerías en las que no estaba al frente Blasco, la persona que más cargos ha ostentado en el Gobierno de la Generalitat. La juez le pregunto si sabía si el incombustible político valenciano había hablado con alguno de sus colegas en el Consell para facilitar tales contrataciones, pero el testigo aseguró desconocer ese extremo.

El testigo fue gerente de Lonerson desde 2002 a 2011. El año que entró en la empresa coincidió con uno de los primeros escándalos, aunque sin consecuencias judiciales, que tuvo que afrontar Blasco, cuando era consejero de Bienestar Social, por su conexión con Tauroni. Blasco adjudicó a su empresa Lonerson, en unión con la sociedad Tissat, la gestión de los centros mujeres 24 horas de la Generalitat por 6,7 millones de euros.

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Lonerson, siguiendo el patrón que después ha destapado la investigación del fraude de cooperación, era una empresa inactiva, comprada en un vivero empresarial de Barcelona, que tenía como objeto social original la promoción inmobiliaria y que no acreditó inicialmente su experiencia en el ámbito de los servicios sociales, aunque Blasco resolvió a su favor los recursos presentados a la adjudicación.

Varea explicó ayer que, en la práctica, trabajó para varias de las empresas del entramado de Tauroni, includia Dinamiz-e, a la que se desviaron presuntamente fondos de cooperación.

“Ningún compromiso con el tercer mundo”

Al testigo Óscar Varea le preguntaron ayer en el interrogatorio al que fue sometido en el Tribunal Superior de Justicia valenciano, competente en la causa por la condición de diputado autonómico (y por tanto de aforado) de Rafael Blasco, si Augusto César Tauroni, supuesto codirector de la trama corrupta que saqueó los fondos valencianos destinados a la cooperación internacional, tenía vocación de ayuda a los países pobres. Varea, que trabajó nueve años con Tauroni y acabó demandándolo por no haberle pagado varios meses de salario, respondió que “ningún compromiso”.

La declaración refuerza los indicios que van acumulándose en la investigación, según los cuales, Tauroni, que antes de revelarse su conexión con Blasco fue socio de uno de los hermanos del exconsejero, Bernardo Blasco, no tenía una actividad económica definida. Y que sus empresas fueron dedicándose a aquellos sectores en los que Blasco caía como consejero, primero con el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana y más tarde con su sucesor Francisco Camps.

Las firmas de Tauroni aparecen dedicadas a los servicios sociales cuando Blasco estaba en Bienestar Social. Más tarde, varios miembros de la trama aparecen vinculados a otros importantes contratos públicos, esta vez en servicios informáticos de la Consejería de Sanidad cuando Blasco era su titular. Después, Tauroni se volcó en el ámbito de la cooperación internacional a partir del momento en que Blasco asumió las competencias. Su compromiso con la materia era, sin embargo, tan bajo, que en conversaciones intervenidas se refería a los beneficiarios de los proyectos en África como “Negrolandia”.

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Sobre la firma

Ignacio Zafra
Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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