La Grecia de aquí

La Generalitat Valenciana no tiene un problema de imagen sino de viabilidad. Por más que Alberto Fabra, sus consejeros y los dirigentes del PP insistan en que la oposición, con sus críticas, perjudica la imagen de la Comunidad Valenciana, el deterioro de las cuentas públicas es de una gravedad extrema. Y no lo va a resolver campaña alguna de promoción. La insistencia del Consell en esa versión depauperada de la sublimación exhibicionista que sirvió de coartada a tantos abusos solo agudiza la sensación de impotencia que desprenden las instituciones autonómicas. Las cosas están mal, muy mal, y no sirve de nada esconder la verdad.

Hay un problema de ingresos en las cuentas de la Generalitat que la liquidación del presupuesto del año pasado ha revelado en toda su magnitud. El Consell gastó 4.384 millones de euros más de los que entraron en caja. Solo los mecanismos de rescate, es decir, el plan de pago a proveedores, el Fondo de Liquidez Autonómico y los créditos del ICO para hacer frente a vencimientos de la deuda, sirvieron para encubrir un agujero que supone el 41% del presupuesto. El problema es que los mecanismos de rescate son préstamos y se traducen en el crecimiento de la tercera consejería, que es el servicio de la deuda, un concepto que alcanza ya en 2013 los 1.300 millones de euros.

¿Cómo hemos llegado aquí? La respuesta es tan elemental que da vergüenza. Porque los gobernantes hicieron las cuentas públicas tomando como permanentes ingresos coyunturales (procedentes en buena medida del boom inmobiliario, pero antes también de los abundantes fondos europeos que impulsaron la modernización de España). Dicho de otra manera, dieron por hecho que éramos tan ricos como parecíamos. De ahí la aprensión que provoca hoy esa insistencia en los problemas de imagen. Confundieron, en fin, el ciclo expansivo con una riqueza irreversible y endeudaron las instituciones, cuando no las saquearon, hasta llevarlas a la quiebra.

Los planes de estabilidad no funcionan, los recortes apenas consiguen paliar el desastre y, como es lógico, el déficit supera cualquier objetivo de contención (ha alcanzado el 3,45% del PIB cuando el límite planteado era del 1,5% y la consigna del Gobierno es que no supere el 0,7% en 2013). No es de extrañar que el nuevo consejero de Hacienda, Juan Carlos Moragues, se encomiende a la reforma del sistema de financiación autonómica. Hoy por hoy, todo el mundo lo hace porque la mejora de la financiación (algo que era de justicia pero que ahora resulta perentorio) parece casi la única alternativa a la tentación de salir corriendo.

Pero la financiación es una panacea complicada. Pedir más dinero en época de recesión, con una tarta más pequeña para el reparto y con exigencias similares desde territorios casi tan desesperados como el nuestro, va a ser duro. A efectos económicos, el País Valenciano es la Grecia de España, y necesita también una quita (llámese déficit histórico o deuda histórica de financiación), así como una inyección sostenida de fondos para cubrir las más elementales funciones de la Administración. El socialista Ximo Puig ha apuntado a la UE y a los programas de Bruselas en favor de regiones sometidas a un excepcional declive económico. No convendría descartarlo. Simular que no estamos un 12% por debajo de la renta per cápita española, que podemos salir adelante sin ayuda mientras tratamos de poner en marcha aeropuertos inútiles, es prolongar la agonía de un naufragio anunciado. No hagamos pasar las bengalas de socorro por fuegos artificiales.