Imputados de Emarsa vacían sus empresas para eludir los embargos

El juez sospecha que cuatro personas han participado en alzamiento de bienes

Los delitos relacionados con la Entidad Metropolitana de Aguas Residuales Sociedad Anónima (Emarsa), la empresa pública que depuraba el agua de Valencia y los municipios de su área metropolitana, no concluyeron con la liquidación de la sociedad en 2010, con un agujero de 17 millones de euros, al encontrarse en situación de quiebra, según un auto dictado el miércoles por el juez instructor. El magistrado imputa en él a cuatro personas (dos de las cuales ya lo estaban por otros delitos) por supuesto alzamiento de bienes: vaciar sus patrimonios y empresas para eludir el embargo por parte de la justicia.

El instructor fijó hace un año la fianza solidaria de responsabilidad civil, para asegurar los pagos a los que pueden verse obligados a hacer frente los imputados al final del proceso, en 25 millones de euros, que es lo que “prudencialmente” considera defraudado por distintas vías en la depuradora ubicada en Pinedo, pedanía del sur de Valencia.

Desde ese momento, el juez Vicente Ríos ha ido rastreando los bienes de los imputados y ha embargado inmuebles, vehículos y cuentas bancarias. En muchos casos se ha encontrado, sin embargo, con que los bienes detectados no eran suficientes para cubrir las fianzas.

El último auto del juez se dirige contra el exdirector financiero de Emarsa, Enrique Arnal, exdirigente de Unión Valenciana, con la que llegó a ser teniente de alcalde de Moncada, y a la que fue su pareja, Eva María Marsal. La empresa de ésta, Grupo Mas, facturó a Emarsa por servicios supuestamente falsos. Junto a ellos, el magistrado ha imputado a quienes considera cooperadores necesarios (testaferros) del delito de ocultación de patrimonio, Sara Navarro y Daniel Rupérez.

El magistrado recoge la argumentación del ministerio público, que ha aportado múltiples indicios de los supuestos delitos. Según su relato, la pareja de Arnal vendió en diciembre de 2011 un piso en Formentera con plaza de garaje por 270.000 euros. Tras cancelar las hipotecas que pesaban sobre el inmueble, Eva María Marsal procedió a destinar el resto del dinero, 96.000 euros a un préstamo a su propia empresa, Grupo Mas, alegando que sufría “problemas de tesorería”. A continuación, El Grupo Mas vendió su sede, en Valencia, a una nueva empresa, Comunica con Tendry, que causalmente se creó pocos días después de que la causa de Emarsa empezara a investigar la sociedad de Eva María Marsa. Pero el pago no llegó a completarse y Grupo Mas presentó concurso de acreedores.

“A modo de conclusión”, señala la fiscal, “las consecuencias de todas las operaciones comerciales han provocado la siguiente situación: el local comercial se encuentra en el patrimonio de Comunica Con Trendy SL, y la empresa Grupo Mas SL no ha recibido la totalidad del precio pagado por ello. Tampoco la señora Marsa ha recuperado el préstamo realizado a su empresa con dinero procedente de la venta de un bien que le pertenecía a título privativo”.

La fiscalía cree y el juez respalda esa teoría, que en realidad Enrique Arnal fue el auténtico administrador de Grupo Mas. Y que él y su pareja realizaron una serie de simulaciones para evitar que les fueran embargados los bienes. Entre ellas, refundar su empresa bajo otro nombre, Comunica Con Trendy, tras desviarle sus fondos. Al frente de ésta pusieron a una exempleada de Grupo Mas, Sara Navarro. Varios de los trabajadores fueron traspasados. La actividad de ambas empresas es la misma, y también algunas de sus oficinas en España y la experiencia que Comunica Con Trendy asegura atesorar en su web es en realidad la que tuvo Grupo Mas. Incluso el rastreo de un teléfono móvil pagado ilegalmente por Emarsa a través de su número IMEI ha revelado que primero fue utilizado por Grupo Mas y después por Comunica con Trendy.

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