Mercedes Alaya regresa al juzgado del caso de los ERE tras seis meses de baja

Tres magistrados instruyen ahora las cuatro “macrocausas” por corrupción

La juez Mercedes Alaya, saliendo hoy de los juzgados de Sevilla. / J. ROJAS

Se acabaron los rumores. La juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE, ha regresado a su juzgado como titular después de casi seis meses de baja e incontables anuncios fallidos sobre su incorporación laboral. De este modo, el mayor caso de corrupción que se investiga en Andalucía, con más de 60 imputados, pisará el acelerador procesal ya que el Juzgado 6 de Instrucción de Sevilla cuenta desde ahora con tres magistrados. Las quejas de la Fiscalía Anticorrupción y las defensas de los cuatro causas instruidas en el juzgado han sido constantes este invierno por los retrasos acumulados.

Alaya ha regresado tras sufrir desde el pasado septiembre neuralgia del trigémino, una dolorosa enfermedad que le ha provocado graves cefaleas. En su primera toma de contacto con el juzgado, la magistrada presentaba un aspecto más delgado y un tono de piel más claro del habitual. A su salida, a las 15.35, la Guardia Civil escoltó su salida hasta que un taxi la recogió.

“Ha vuelto muy fuerte, con muchas ganas de retomar los asuntos. Ella asumirá los casos importantes”, han pronosticado fuentes judiciales. El pasado otoño la juez renovó las bajas cada mes, luego cada 20 días, y recientemente cada 15 días a medida que mejoraba su estado de salud. Su regreso supone el principal refuerzo para aliviar el atasco que sufrían los casos después de los nombramientos de una nueva secretaria y varios funcionarios en el juzgado. De momento, todos los refuerzos (de jueces, secretarios y funcionarios) se mantendrán “hasta que el juzgado se normalice”, aclararon dichas fuentes.

La incógnita que queda por despejar es el reparto de casos. No es una cuestión baladí. Alaya comparte juzgado con su sustituta Ana Rosa Curra, que ahora instruye el caso de los ERE, y el juez de refuerzo Rogelio Reyes, que instruye el caso por la anterior gestión del Betis. Ahora bien, la causa de los ERE no es una instrucción cualquiera. Y Alaya, dado su conocimiento de los casos y su fuerte personalidad, decidirá en gran medida aunque con el acuerdo de los otros dos magistrados, de qué modo se reparten los asuntos y así elevar una propuesta a la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJA).

Si Curra se incorporó como juez sustituta a principios de año, Reyes se sumó al juzgado a finales de enero. Ambos están adscritos al juzgado por un periodo inicial de seis meses. Su futuro está en manos del presidente del TSJA, Lorenzo del Río, que verá cómo evoluciona la instrucción de las cuatro “macrocausas delicadas y amplias”, según sus palabras, para decidir si sobran magistrados o no para paliar los retrasos acumulados. La instrucción de los ERE ha avanzado durante la baja de Alaya, pero a un ritmo muy leve, ya que la complejidad de esta causa, que acumula 26.000 páginas de sumario y otros 200.000 folios de anexos, es muy alta.

Mientras se producía el atasco judicial, la investigación policial avanzaba con paso seguro. Especialmente en la rama que busca identificar a los “verdaderos beneficiarios” del fondo para empresas en crisis. Esta vertiente está bajo secreto de sumario desde el pasado noviembre, pero ayer la juez Ana Rosa Curra volvió a prorrogar dicho secreto con un matiz importante: la magistrada pidió a la Guardia Civil que concluya esta parte de la investigación “con la máxima celeridad posible”, ha informado Europa Press. La única excepción al sigilo de estas pesquisas fue la detención del supuesto testaferro Juan Francisco Algarín, que desde entonces permanece en prisión provisional.

Con la vuelta de Alaya, el impulso de los tres magistrados puede ofrecer respuestas inmediatas a unas causas cuyos retrasos han corroborado las quejas sobre la lentitud de la justicia. Por un lado la investigación sobre la gestión de Manuel Ruiz de Lopera del Betis está próxima a concluir tras cuatro años de instrucción en los que el paquete mayoritario de acciones ha sido gestionado por la administración judicial del club. El caso que investiga la venta de suelos de Mercasevilla tiene pendiente resolver sus últimas declaraciones judiciales. La causa por delito fiscal está más empantanada.

Sin embargo, la dimensión del caso de los ERE, que atañe a la gestión de cinco consejerías del Gobierno andaluz durante una década, tiene tantas variables que representa un esfuerzo titánico y que se puede eternizar. “Si no lo rematamos nosotros, lo harán nuestros hijos”, confiaban fuentes de la investigación.

Tres causas de gran relevancia

Durante los casi seis meses en los que la juez Mercedes Alaya ha estado de baja, los sumarios de las tres grandes causas que investiga el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla han avanzado de manera leve desde julio y las resoluciones judiciales han sido de bajo alcance.

Caso Betis. La causa investiga la gestión del expresidente Manuel Ruiz de Lopera al frente de la Sociedad Anónima Deportiva. Acusado de delito societario, el juez Rogelio Reyes, sustituto de Alaya, desestimó hace unos días la petición de la fiscalía de devolverle el control del club. Reyes fundamenta su auto en el segundo informe de los peritos, sobre las cuentas del Betis entre 1999-2008, que determina que la gestión de Ruiz de Lopera causó un perjuicio de 12,4 millones de euros. Las acciones y las 44 fincas embargadas fueron la garantía ofrecida por el expresidente ante la fianza fijada por la juez de 25 millones por las posibles responsabilidades pecuniarias. Alaya incluyó en las investigaciones a las empresas de Ruiz de Lopera, Tegasa y Encadesa, y sus gastos imputables a la actividad deportiva.

Caso de los ERE. El juzgado estudia las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) subvencionados por la Junta por las anomalías en el fondo para empresas en crisis que la Consejería de Empleo dotó, entre 2001 y 2010, con 727 millones. Durante la ausencia de Alaya, la juez de refuerzo Ana Rosa Curra envió a prisión a Juan Francisco Algarín, administrador de una empresa presuntamente utilizada como pantalla para introducir en el sistema financiero las comisiones ilegales que se cobraban en los ERE. Ya son dos los imputados que acusan al exdirectivo de la consultora Vitalia, Antonio Albarracín. Las decisiones de Curra han estado centradas en los contratos adjudicados al bufete de abogados Garrigues y la investigación para determinar los “verdaderos beneficiarios” del fondo de los ERE. En la causa se analiza la gestión de cinco consejerías de la Junta, junto a la intervención de sindicalistas, empresarios y políticos.

Caso Mercasevilla. La causa supuso la condena del exdelegado de Empleo de Sevilla Antonio Rivas y dos exdirectivos de la empresa pública por un intento de soborno de 450.000 euros a dos empresarios hosteleros. La juez investiga, además, la venta de suelos de la empresa, que califica de “fraudulenta”, ya que la constructora Sando ganó el concurso pese a presentar una oferta peor que la de constructora Larena98. La otra investigación del caso se centra en un supuesto delito fiscal por el agujero contable que dejó la anterior dirección de la empresa pública. Están acusados los exdirectivos Fernando Mellet, Daniel Ponce y Pilar Giraldo por delitos como fraude, malversación y apropiación indebida.

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