Sobrevivir en el laberinto burocrático

Un año sin ingresos. Es la conclusión del laberinto burocrático en el que ha estado inmersa una mujer natural de Bilbao en los últimos doce meses, sin un colchón económico con el que subsistir, ante el error de Lanbide a la hora de tramitar la ayuda social que, a tenor de una recomendación del Ararteko, le podía corresponder porque se encuentra “en una situación de riesgo de exclusión social”. El suyo es uno de los muchos casos que han llegado a manos del Ararteko debido a la complicada situación que se vive desde que Lanbide asumiera la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

Historias como esta demuestran que el Servicio vasco de Empleo está gestionando la RGI con importantes carencias, pese a que la prestación está considerada entre las mejores del Estado tanto en las cuantías de las ayudas (616 euros al mes) como en la población a la que abarca (cerca de 60.000 familias). Carencias con efectos directos en los afectados pero escasa repercusión pública, frente a la vertiente más mediática, el fraude en la concesión de las ayudas. Z. F., una vizcaína de 34 años, explica al otro lado del teléfono que, cuando en febrero de 2012 perdió su último empleo, un trabajo como acompañante de escolares en el autobús del colegio, acudió a la oficina del Servicio vasco de Empleo del barrio de Rekalde, en Bilbao, para ver qué posibilidades tenía. Tras analizar si podría cobrar la prestación por desempleo, el trabajador de la oficina de Rekalde, una de las que han sido identificadas por el nuevo Gobierno entre las que se encuentran “saturadas”, le explicó que “solo podía pedir la RGI” porque, al haber realizado trabajos puntuales como auxiliar administrativo o en la hostelería, y haber cotizado como autónoma, “no me daba para el paro”.

Entonces comenzó el trámite para solicitar la ayuda, lo que le llevó de febrero a abril porque, según relata, aunque a la primera cita llevó toda la documentación que le reclamaron por teléfono, esta no fue suficiente porque “dijeron que por teléfono solo te decían la mitad, así que había que ir a otra cita”. Esta no llegó hasta abril, mes en el que quedó registrada la solicitud. La espera se prolongó durante otros tantos meses. Ante la falta absoluta de ingresos, Z. F. recurrió al Ayuntamiento de Bilbao, que gestiona otra ayuda que se paga con recursos del Gobierno, las Ayudas de Emergencia Social (AES), un recurso económico que se abona de forma puntual y que requiere menos trámites. La respuesta, en junio, fue clara: no podía recibirla porque “tiene derecho a una prestación económica incompatible” con las AES, según la resolución del Consistorio.

El Ararteko censura que

Es decir, que al estar en el umbral de beneficiarios de una RGI que no había cobrado se le impedía acceder a otra ayuda para paliar la escasez de ingresos. “En esos momentos te ves en la calle”, señala Z. F. En agosto, y ante la falta de respuestas, acudió al Ararteko, que no solicitó información del caso a Lanbide hasta octubre. Entre medias, en septiembre, esta joven recibió la resolución de la RGI. El resultado: RGI denegada. La razón no fue otra que no estaba dada de alta en el Servicio estatal de Empleo, algo que, según Z. F., en ningún momento se le indicó que tenía que hacer. A este posible error de Lanbide se suma otro sobre el que pone el acento el Ararteko en su recomendación: el Servicio vasco de Empleo falló al no comunicar a la afectada que debía estar dada de alta en el servicio estatal. La normativa —tanto la ley de 1992 que establece el procedimiento administrativo común como en el decreto de 2010 que desarrolla la ley de la RGI—, obliga a Lanbide, recuerda el Ararteko, a adoptar un “papel proactivo”, requiriendo a los solicitantes que completen su solicitud en diez días.

“No se le informó de la posibilidad que tenía de solicitar la prestación de desempleo ni, más aún, de los problemas que el no solicitar dicha prestación podría acarrearle de cara a la solicitud de RGI”, critica el defensor, “la ha dejado en una situación de indefensión por haber recibido una información incompeta”, añade, que ha “agravado su ya de por sí difícil situación”. Esta mujer, sin familia que pudiera ayudarla, explica que, si ha logrado salir adelante, ha sido “gracias a las amistades”, con las que ha contraído “deudas astronómicas”. “Sin ellos, mi mundo se hubiera hundido”, asegura. Ahora, con la recomendación del Ararteko —pide a Lanbide que le reconozca la RGI desde la solicitud por “mala información”— bajo el brazo, asegura que lo primero que hará si logra cobrarla será devolver el dinero a quienes le han ayudado. “Esto se les ha ido de las manos completamente”, opina ella sobre Lanbide, que gestiona desde hace 14 meses la RGI. El consejero de Empleo actual, Juan María Aburto, ha reconocido la “saturación” del servicio, y ha apuntado que solo el 55% de las prestaciones se gestionan en el tiempo legal establecido, dos meses. Aburto se ha comprometido a realizar mejoras del servicio y cumplir con los plazos legales.