Los interventores no avalan los pagos de Parla desde 2011 por incumplir la ley

En menos de una década Parla ha pasado de tierra prometida a ayuntamiento fallido. El último episodio que refleja el escasísimo margen de maniobra con que cuenta el alcalde, José María Fraile (PSOE), para capear la deuda de más de 300 millones de euros —250 millones con proveedores (1.800 euros por cabeza), 45 con la banca y 20 con el Gobierno regional— que asfixia al municipio lo dejan los interventores de Parla. Desde noviembre de 2011 se niegan a avalar con su firma los pagos del Ayuntamiento.

La Intervención Municipal lleva desde hace casi año y medio advirtiendo de que cualquier gasto “omite la legalidad vigente” ya que provoca que el Consistorio incumpla sistemáticamente la estabilidad presupuestaria. La situación es tal que el Ayuntamiento se ve condenado a incumplir la ley cada vez que realiza cualquier pago, salvo la nómina de la plantilla municipal. Así lo ponen de manifiesto los informes de los interventores municipales en una muestra de 72 facturas, de casi tres millones, pagadas desde finales de 2011.

En todo este tiempo el Consistorio ha ignorado las advertencias de los interventores, que han recurrido en cada pago a una figura excepcional, la de “obediencia debida”, que ampara su labor y les exime de responsabilidades. En noviembre de 2011 la interventora municipal —ex concejal socialista en Pinto— empezó a emitir informes de los gastos del Gobierno local que a su entender no deberían realizarse “en ningún caso”, aludiendo a los “graves desequilibrios” que provocaban a su vez el “incumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria” que la ley obliga a cumplir a los ayuntamientos.

La interventora también se opuso a que se pagara a las actuales contratas de servicios municipales, como la limpieza de colegios y recogidas de basura, antes que a otras con las que Parla mantenía deudas por esos mismos servicios de la época del anterior alcalde y actual secretario general del PSM, Tomás Gómez. La misma interventora pidió el año pasado que se redujera el presupuesto de gastos como mínimo en 30 millones, la tercera parte del total, y que el Consistorio se limitara a los gastos “imprescindibles”. Finalmente pidió el traslado a otro municipio, tras no aprobar que se gastaran por ejemplo 1.000 euros en el alquiler de dos furgonetas para ir a ojear toros a Sevilla o 25.000 euros para alquilar tres carrozas para la cabalgata de Reyes.

El actual interventor, que ocupa el puesto desde finales de 2012, ha seguido poniendo los mismos reparos que su antecesora, e incluso ha recomendado que los gastos aprobados sin su visto bueno sean suspendidos. Las advertencias de los dos interventores coinciden con las del Tribunal y la Cámara de Cuentas, para quienes Parla se encuentra en una situación de “insolvencia apreciable” y su presupuesto “no merece ninguna credibilidad”. El presupuesto de la localidad lleva prorrogado desde 2010. Hace unas semanas el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró nulo el presupuesto de Parla de 2003. Igual que los de 2005 y 2009, anulados de forma parcial o por entero.

Fraile, alcalde desde 2007, está citado a declarar mañana en el Juzgado número 2 de Parla, al estar imputado por un delito de malversación de fondos públicos y otro de prevaricación.