Andalucía da el paso para prohibir el cultivo de alimentos transgénicos

Andalucía se sumará muy pronto a las comunidades que ya han declarado su territorio libre de cultivos transgénicos (modificados genéticamente). Izquierda Unida ha iniciado ya los trámites parlamentarios para que la Junta apruebe la moratoria para suspender todas las autorizaciones de cultivo e importación de transgénicos. De este modo, IU quiere hacer valer uno de los acuerdos recogidos en el pacto de gobierno suscrito con el PSOE.

La decisión, en todo caso, augura un camino no exento de obstáculos. La biotecnología en la agricultura tiene divididos a las organizaciones agrarias y también la Consejería de Agricultura ha autorizado en los últimos años una treintena de ensayos de campo con fines científicos en cultivos como el maíz o el algodón. En todo caso, el consejero del ramo, Luis Planas, tras admitir que existe un debate científico-técnico al respecto, asume que se trata de un tema que forma parte de la agenda del Gobierno de coalición.

España es, en la actualidad, el único país de la Unión Europea que cultiva transgénicos a gran escala. Según datos de la agroindustria, la superficie cultivada con maíz transgénico en España supera las 100.000 hectáreas, de las que más de 10.000 se encuentran en Andalucía.

“Somos contrarios al cultivo de transgénicos por su impacto agrario y ambiental, la deuda que genera a las personas productoras y el rechazo de los consumidores, así como la constatación reciente de los problemas de salud que pueden llegar a provocar”, expone Lola Quintana, responsable de agricultura del grupo parlamentario de IU. Esta formación ha registrado una pregunta parlamentaria al consejero de Agricultura, Luis Planas, para que aporte toda la información sobre estas prácticas en la comunidad y promueve la cláusula de salvaguarda para prohibir el cultivo de transgénicos en territorio andaluz.

Andalucía se sumaría así a otras comunidades, como Asturias, País Vasco, Galicia, Baleares y Canarias, que ya se han declarado libres de transgénicos. Y mociones en el mismo sentido se han aprobado en casi medio centenar de municipios andaluces, como son los casos de Almonte (Huelva), Pozoblanco y Montilla (Córdoba), Alcalá del Río, La Algaba, Marinaleda o La Puebla de Cazalla (Sevilla) y Vélez-Málaga, Ardales o Alhaurín de la Torre (Málaga).

“El cultivo de transgénicos sólo responde a intereses de las grandes multinacionales del agronegocio, sin que se haya demostrado ni el interés para la agricultura familiar y campesina ni se haya podido constatar su inocuidad; es un suicidio social, ambiental y económico para nuestra región”, argumenta Eva García Sempere, coordinadora andaluza del área de Medio Ambiente de IU.

Esta formación apoya las reivindicaciones de la Plataforma Andalucía Libre de Transgénicos (PALT), que integra a distintas organizaciones ecologistas y federaciones de consumidores andaluzas y que reclaman la soberanía alimentaria de la comunidad.

Entre el sector agrario, la COAG se ha mostrado en contra de los transgénicos por entender que, al margen de las consecuencias para el medio ambiente, resultan más costosos para los productores, debido al incremento del precio de la semilla respecto a las variedades convencionales. Y desde la Asociación Valor Ecológico (antes Comité Andaluz de Agricultura Ecológica), que dirige Francisco Casero, se advierte de la amenaza de esos productos para las más de 900.000 hectáreas de superficie ecológica en Andalucía, con el 40% de la producción nacional.

En la parte contraria, Asaja ha apoyado la autorización de ensayos científicos de algodón transgénico para combatir las plagas y recuperar la rentabilidad de ese cultivo. También la UPA cree que es una buena opción para acabar con la situación crítica de cultivos como la remolacha o el algodón. Según un estudio de la Fundación Antama, el 99% de los agricultores que en 2010 sembraron plantas modificadas genéticamente afirmaron que les supuso un beneficio económico en sus explotaciones, y el 93% volverá a sembrarlos en 2011.

En la iniciativa parlamentaria de IU se llama la atención de que la falta de información relativa al número de hectáreas y localización exacta de las parcelas, ensayos experimentales y ausencia de protocolos administrativos al efecto “pueden provocar serios problemas a los agricultores, en zonas de especial interés para la agricultura, ganadería y apicultura andaluza como son los espacios naturales protegidos y comarcas donde la producción ecológica es una realidad socioeconómica”.

Desde la Plataforma Andalucía Libre de Transgénicos se remarca que la falta de transparencia supone una violación de la Convención de Aarhus y de la ley de acceso a la información ambiental. Ocho países de la UE ya han prohibido los transgénicos: Francia, Alemania, Luxemburgo, Austria, Hungría, Grecia, Bulgaria y Polonia.