Un exsocio de Urdangarin diseña el futuro de A Coruña por 684.000 euros

El contrato fue adjudicado por una fundación municipal creada para gastar en fines sociales 4,5 millones que ganó el Ayuntamiento tras una venta de acciones

Imagen de A Coruña / XURXO LOBATO

A Coruña ha puesto el diseño de su futuro en manos de un exaliado de Iñaki Urdangarin. El Ayuntamiento adjudicó en septiembre pasado un contrato de 684.000 euros a la Fundación Metrópoli, una entidad domiciliada en Alcobendas (Madrid) con la que se asoció el Instituto Nóos en los años de bonanza del yerno del Rey para redactar remodelaciones urbanísticas. Ahora que su exsocio carga con la imputación de seis delitos por vender a las Administraciones públicas proyectos inflados o vacíos, su excolaboradora se encargará de elaborar un trabajo titulado Definición y desarrollo de los elementos estratégicos del futuro del área urbana de A Coruña, dentro del proyecto denominado Coruña Futura. Según el gobierno local, la Fundación Metrópoli recibirá este dinero a cambio de elaborar un “plan estratégico” que defina las “fortalezas y debilidades” de la ciudad y la preparen para “salir de la crisis”. El trabajo incluye una encuesta a 200 personas y la formulación de “propuestas y proyectos”. La Alcaldía coruñesa defiende la utilidad del encargo y recuerda que la entidad lleva 15 años colaborando en asuntos urbaníticos con el Ayuntamiento de Bilbao, gobernado por el PNV, y que ha participado en las Directrices de Ordenación del Territorio de Euskadi.

El alma de la Fundación Metrópoli, que se define como “sin ánimo de lucro”, es el urbanista alicantino Alfonso Vegara, vinculado a al menos 14 empresas inmobiliarias y de servicios de arquitectura e ingeniería. Una de las dos vicepresidencias de la fundación la ocupa su esposa, la exdiputada del PNV Ana Gorroño. Vegara fue el encargado de estampar su firma junto a la del yerno del Rey en 2006, cuando la Fundación Metrópoli y el Instituto Nóos suscribieron una “alianza estratégica de colaboración”. “Ambas entidades comparten una serie de valores en su cultura corporativa y reconocen afinidades y complementariedades en sus ámbitos de actividad”, se puede leer en el acuerdo de febrero de 2006, al que hizo alusión el que fue mano derecha de Urdangarin, Diego Torres, en su última declaración ante el juez de Palma.

La bonanza de una firma pública

La plusvalía de 4,5 millones por vender su participación en R es solo una muestra de cómo la empresa municipal de aguas de A Coruña es una máquina de hacer dinero. Emalcsa lleva una década dando beneficios. Parte de las ganancias se destinaban antes a las arcas del Ayuntamiento (un máximo de un 10%) y a un fondo social para los 140 trabajadores de la compañía (un 5%). El año pasado el gobierno del PP cambió los estatutos de la empresa, suprimió estos dos últimos trasvases obligatorios de dinero y dio libertad al consejo de administración para decidir el destino de los beneficios. La eliminación del fondo para la plantilla fue impugnada en los tribunales por el comité de empresa y la sentencia en primera instancia, que ha sido recurrida por el Ayuntamiento, ha ordenado que se devuelvan esas aportaciones a los trabajadores.

A contracorriente de la crisis, en 2012 el superávit de Emalcsa fue de cinco millones. El BNG critica que la bonanza de Emalcsa no se traduzca en una bajada del precio que pagan los coruñeses por el agua y que la empresa, por el contrario, impulse un nuevo modelo de cobro que supone un incremento del recibo para la mayoría. Según cálculos del BNG, los hogares que pagaban el año pasado 90 euros pasarán a abonar 139 en 2013. “Una empresa pública que aumenta beneficios no puede aumentar el precio del agua, y menos en un momento como este”, sostiene la edil nacionalista María Xosé Bravo, quien considera incluso “ilegal” el incremento porque, argumenta, la ley obliga a las empresas públicas que prestan servicios esenciales a cubrir los gastos de explotación.

En aquella época, las dos organizaciones presentaron ante una empresa de la Generalitat valenciana un proyecto en el que se planteaba una remodelación urbanística en el caso de que Valencia lograse ser subsede dentro de la fracasada candidatura de Madrid para las Olimpiadas de 2016. Esquerra Unida acaba de preguntar en las Cortes de la comunidad si Noós y Metrópoli cobraron dinero público por aquel trabajo.

La sintonía de la Fundación Metrópoli y el Instituto Nóos fue tal que Vegara decidió incluir a Urdangarin como miembro del consejo asesor internacional de su entidad, compuesto por “científicos y líderes profesionales” de distintos países “con importantes influencias en el campo del urbanismo y las ciudades”. Después de que su imputación por prevaricación, malversación, fraude, falsedad, blanqueo y delito fiscal haya barrido su prestigio y capacidad de influencia, el exjugador de balonmano ya no aparece en el listado de miembros de este consejo científico y la Metrópoli prefiere no hablar de él. La organización de Vegara, a través de una portavoz, ha declinado el ofrecimiento de este periódico tanto para explicar el trabajo que realizará para A Coruña como su relación con la organización del yerno del Rey.

El contrato del plan Coruña Futura no ha sido otorgado por los cauces habituales. El gobierno del popular Carlos Negreira lo adjudicó a través de la Fundación Emalcsa, una entidad definida como “privada” por sus estatutos pero que depende de Emalcsa, la empresa municipal de aguas (100% de capital público) de la que toma el nombre y el personal, ya que su plantilla está formada solo por el gerente, Manuel Aguilar López, exdirector de la moribunda Obra Social de Caixa Galicia. El Ayuntamiento se niega a revelar el sueldo de Aguilar porque, argumenta, no tiene obligación legal y se lo impide la Ley de Protección de Datos.

La creación de la fundación fue anunciada por el anterior bipartito de socialistas y nacionalistas en 2009 para, entre otras acciones sociales, subvencionar el recibo del agua de personas con pocos ingresos o crear aparcamientos con tarifas bajas. “Se ha desvirtuado el objetivo social con el que se creó la fundación; se ha convertido en la aprovisionadora de fondos a Negreira para contratar consultoras”, critica la portavoz socialista, Mar Barcón.

La oposición acusa al PP de usar la fundación como “gobierno paralelo” para repartir contratos y esquivar los controles que tiene una concejalía. El gobierno local esgrime que la fundación es la única fórmula que encontró cuando llegó a la Alcaldía para poder invertir en asuntos municipales los 4,5 millones de euros que ganó la compañía Emalcsa tras vender en 2010 las acciones que tenía en R, ya que los estatutos de la empresa imponían entonces que solo se podía traspasar al Ayuntamiento un máximo de un 10% de los beneficios.

El PP prevé disolver la Fundación Emalcsa cuando se agoten esos 4,5 millones que ganó el Ayuntamiento con la venta de acciones de R. De momento, la entidad ha gastado en un año 1,2 millones en la redacción de dos planes: el trabajo de Coruña Futura por 684.000 euros a la Fundación Metrópoli y la redacción de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible por 550.000 euros. Este último documento viene a sustituir al Plan de Movilidad y Espacio Público que encargó el anterior gobierno a la empresa catalana Agencia de Ecología Urbana y que el PP sostiene que no vale. Aquel trabajo, que según fuentes del gobierno local costó unos 30.000 euros, no es “sostenible ni contemplaba el área metropolitana, por lo que se perderían subvenciones”, afirma una portavoz de la Alcaldía, quien justifica así la redacción de otro documento que incluirá una “oficina tecnológica de movilidad”. La Fundación Emalcsa también financiará la elaboración de un estudio sobre asociacionismo deportivo y la reforma del bajo de la Casa Picasso, la vivienda coruñesa donde residó el pintor y que funciona como museo.

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