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Las mil trampas de ‘El Bigotes’ y la Generalitat

El juez recibe un detallado informe sobre la contratación de Gürtel con el Gobierno de Camps

Ignacio Zafra

Cuatro años después del estallido del caso Gürtel, el juez que instruye la causa en Valencia, José Ceres, va acumulando pruebas de las gravísimas irregularidades cometidas en la abundante contratación entre la Generalitat de Francisco Camps y Orange Market, la empresa que dirigía su amigo Álvaro Pérez, El Bigotes. La última, esta semana, ha sido el informe de la Sindicatura de Comptes sobre uno de los contratos, firmados por Vaersa, empresa pública de medio ambiente de la Generalitat, y Orange Market, la sociedad valenciano del entramado de Francisco Correa.

El contrato de Vaersa con la empresa de El Bigotes era para una "campaña de comunicación y sensibilización para el correcto uso del contenedor amarillo", por 119.550 euros, a realizar en los años 2004 y 2005.

El Síndic indica: "No consta existencia de pliego de cláusulas administrativas, ni el importe del presupuesto de licitación. La adjudicación se realiza mediante el procedimiento negociado sin publicidad, previa consulta a tres empresas". Estas tres empresas resultan ser Orange Market, que hace la oferta más barata, y otras dos sociedades de la trama de Francisco Correa (Boomerangdrive y Down Town Consulting). “Solo consta en el expediente la oferta del adjudicatario, no las otras dos. Las ofertas no se registran de entrada y no costa certificación acreditativa de las ofertas presentadas".

El Síndic refleja igualmente que el anuncio de la licitación no se publicó en el DOGV, “tal como establece el manual de procedimiento de la entidad, en razón del importe, ni en prensa”. “Esta insuficiente publicidad no cumple", prosigue, la ley de contratos de las administraciones públicas. "Tampoco se publica la adjudicación".

El órgano fiscalizador destaca que no se levantaron actas de la apertura de ofertas ni de las mesas de contratación. Y añade: "El informe técnico no especifica los criterios de adjudicación”, y la adjudicación a Orange Market se basa en “la experiencia de la empresa en otros trabajos, a pesar de no contar más que con un año de antigüedad”. Ni siquiera el DNI que figura en el contrato como del representante legal de la empresa corresponde con el de quien firma, sino con el de “otro apoderado”.

Al año siguiente, en que Orange Market mantiene la campaña pese a no haberla desarrollado plenamente en 2005, el Síndic destaca que el informe de Vaersa “no valora adecuadamente el criterio económico, que pasa de una ponderación teórica del 30% a una real del 3%”.

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La práctica de rebajar hasta niveles escandalosos el peso del factor económico (que suele ser el único objetivo) en la puntuación de las ofertas que recibe el organismo público, se produjo igualmente en el caso de la contratación de la trama corrupta con la Agencia Valenciana de Turismo para el diseño y montaje del pabellón valenciano en Fitur durante cinco años, una pieza separada del caso Gürtel sobre la que el juez Ceres está casi a punto de abrir juicio oral. Entre las acusadas, Milagrosa Martínez, exconsejera de Turismo, expresidenta de las Cortes valencianas, y actual diputada autonómica y alcaldesa de Novelda, del PP, para quien Anticorrupción ha pedido 11 años de cárcel.

El Síndic continúa, en el análisis del contrato de Vaersa, señalando que un responsable de Vaersa explicó al órgano fiscalizador que el contrato “no se ha ejecutado en su totalidad por incumplimiento del contratista", Orange Market. El responsable de la empresa pública, añade el Síndic, les indicó igualmente “que en septiembre de 2005, a pesar de haber finalizado el plazo de ejecución ocho meses antes, se emitió un informe eximiendo de culpa por incumplimiento del plazo al contratista" y ampliándole el plazo.

El Síndic intentó, tiempo después de haber realizado la primera fiscalización, “verificar la ejecución” del contrato. Pero la respuesta de Vaersa fue que no se había “entregado ni realizado ninguna actuación desde el documento de ampliación del plazo” mencionado, “encontrándose a la espera para decidir [Vaersa] si resuelve el contrato” con Orange Market. Cosa que nunca ocurrió.

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Sobre la firma

Ignacio Zafra
Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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