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El Consell expedienta a 44 guarderías pequeñas por incumplir la ley

Educación advierte de que las escuelas infantiles que no cumplan los requisitos serán clausuradas

Una maestra en clase con unos niños pequeños.
Una maestra en clase con unos niños pequeños.

Las guarderías grandes pretenden comerse a las pequeñas. La guerra entre aquellos centros de reducidas dimensiones, cuya atención es asistencial y exclusiva para niños entre 0 y 3 años, y el resto de guarderías más grandes y que amplían su atención hasta los 6 años está abierta. Y con la actual crisis económica y el descenso de la natalidad la tensión ha aumentado.

Las guarderías han empezado a denunciarse unas a otras. Y la consejería de Educación ha decidido tomar cartas en el asunto y hacer cumplir la ley. “Velaremos por el correcto funcionamiento de estas instalaciones, porque es nuestra obligación”, señaló este martes en Alicante la consejera de Educación, María José Català. Su departamento ha abierto, hasta la fecha, 44 expedientes a guarderías que supuestamente no reúnen los requisitos marcados por la ley. La inspección será la encargada de certificar la veracidad de la denuncia, y luego la consejería procedería si corresponde a su cierre.

La consejera recordó que la nueva legislación entró en vigor en el año 2009, y que estos centros de educación infantil han tenido más de tres años para poder adaptar sus instalaciones.

Un millar de pequeños centros de la provincia de Alicante han constituido una asociación para defenderse, presentar alegaciones y buscar una salida para las 150 guarderías pequeñas, que atienden a 4.500 niños, y sobre las que planea alguna denuncia. “Pretenden que desaparezcamos, que todos seamos iguales, van a por nosotros”, admite indignada Marina Bustamante, presidenta de la Asociación CIPA (Centros Infantiles de la Provincia de Alicante).

El colectivo argumenta que prestan un servicio “asistencial y no reglado”, y que fueron autorizados hace décadas por los correspondientes Ayuntamientos. “No hay nada que esconder, los padres saben qué ofrecemos y qué hacemos”, destaca, y explica que se trata de guarderías de pequeño tamaño, con menos de 30 alumnos, que ofrecen servicios por horas y que ofertan una formación no reglada. Cuando se aprobó la LOGSE algunas de estas guarderías se modernizaron y se acogieron al paraguas de la consejería de Educación. Son centros infantiles más grandes, que albergan alumnado hasta los 6 años y con instalaciones que se adaptan a la normativa.

La legislación aprobada por la Generalitat en 2009 exige unos requisitos que la mayor parte de los centros pequeños, ni siquiera haciendo obras, pueden cumplir. Entre ellos figura tener aseos adaptados a los minusválidos, duchas para los profesores en los vestuarios, un patio exterior con un mínimo de 75 metros y unas dimensiones mínimas de las aulas. Bustamante recuerda que fueron los Ayuntamientos los que a partir de la década de los 80 les concedieron sus correspondientes licencias de actividad. “Si nos tienen que cerrar debe ser el Ayuntamiento, no la Generalitat”, advierte. Los abogados consultados por las guarderías denunciadas entienden que la legislación aprobada en 2009 es para los nuevos centros autorizados “no para los que llevamos toda la vida”, apunta Bustamante.

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La consejería de Educación insta a las guarderías que no cumplan con los requisitos a reconvertirse en ludotecas infantiles para poder regularizar su situación.

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