La Comunidad busca vender el 49% del Canal por 1.000 millones y sin deuda
La sociedad obtuvo 135 millones de beneficio en 2011 y ya reparte dividendos
La Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, ha valorado Canal Gestión SA, la empresa que se encarga del suministro de agua en la región, en 2.148 millones de euros. Esta sociedad anónima, creada en junio de 2012, ha asumido las funciones que hasta entonces desarrollaba el Canal de Isabel II, reducido ahora a un ente público de supervisión. Los pantanos, cañerías, depuradoras y demás instalaciones siguen siendo propiedad de la Comunidad y los Ayuntamientos de la región. Lo que sí se le ha traspasado es la deuda del Canal, que a 31 de diciembre de 2011 ascendía a 1.156 millones de euros, y un año después se ha reducido por debajo de los 950 millones.
En estos momentos, la sociedad anónima está en manos de la Comunidad, que tiene el 82,4% de las acciones, y de los Ayuntamientos, que suman el 17,6% restante. Pero la intención del Gobierno regional es privatizar hasta el 49% del total antes de 2016.
Alcaldes de PSM e IU firmaron
El Partido Socialista gobierna 19 municipios de la región. Izquierda Unida, cinco. Quitando otros 16 que están en manos de pequeñas formaciones, el resto pertenece al Partido Popular. En total, se han adherido al nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid (PP) 110 de 178 municipios. Y, en este caso, la rebeldía no depende de colores políticos.
De los Ayuntamientos socialistas, 13 han evitado firmar, pero entre todos suman algo más de 30.000 habitantes. En cambio, han secundado el modelo Fuenlabrada (200.000 habitantes) y Parla (120.000). En el caso de IU, solo el alcalde de Navalagamella (2.400) se ha negado. Firmaron, entre otros, Rivas (73.000) y San Fernando de Henares (41.000).
En cuanto a los municipios gobernados por el PP, han evitado adherirse al nuevo modelo Coslada (92.000), Galapagar (33.000), San Agustín de Guadalix (12.000) y Brunete (10.000), entre otros.
La diputada socialista Amparo Valcarce señaló hace casi un año que la Comunidad había amenazado con cargar a los municipios con gastos extraordinarios por la gestión del agua. Según dijo, la firma de sus alcaldes no presuponía así la aceptación del modelo. Más o menos lo mismo explicó ayer a EL PAÍS el concejal de IU en Madrid Jorge García Castaño. Ambos partidos, junto a UPyD, celebraron en mayo la decisión de la Comunidad de aplazar la privatización parcial de la sociedad. “La venden al mejor postor, sin que sepamos qué beneficios reportará a los madrileños”, añadió el líder socialista en la capital, Jaime Lissavetzky.
En el reparto de la nueva sociedad, a Fuenlabrada le ha correspondido el 0,61% de las acciones. Como el resto de municipios, solo puede vender el 70% de su participación. Eso le aportaría un beneficio potencial de 6,3 millones de euros. A Parla le ha correspondido el 0,37% de las acciones; es decir, un beneficio potencial de 5,6 millones. A Rivas le ha correspondido el 0,22% de las acciones, y un beneficio potencial de 3,5 millones. A San Fernando de Henares, el 0,13%, es decir, dos millones de euros.
Madrid, con el 10% de las acciones, podría obtener hasta 150 millones, bastante menos de los 240 millones que presupuestó hace dos años. Sin embargo, las cuentas no son tan sencillas. Si los municipios vendieran el 70% de su participación, la Comunidad no podría desprenderse del 70% de la suya, puesto que el límite legal suma, en total, el 49%. Así pues, si el Gobierno regional aplica un reparto lineal, los Ayuntamientos solo podrán vender el 49% de sus acciones, y no el 70%. En dos años, la solución.
Si lo hiciera en diciembre de 2015, gran parte de la deuda pendiente ya se habría abonado con dinero público. En concreto, quedaría alrededor de 350 millones, según el plan de amortizaciones incluido en el contrato programa de la sociedad. En ese periodo, la deuda no se habrá incrementado porque las nuevas inversiones se ralentizarán hasta la privatización, y las obras imprescindibles se repercutirán en el recibo del agua (en 2012 subió para ello un 0,7%, además de la inflación).
De esta forma, cuando se lleve a cabo la privatización parcial, la compañía contará con un valor contable de 2.148 millones de euros y una deuda de apenas 350 millones. Para entonces, la sociedad tendrá unos ingresos anuales de 950 millones de euros. En 2011, sus ingresos eran de 770 millones, y sus beneficios netos de 135 millones; pero estos últimos se veían mermados por la amortización de la deuda, de unos 200 millones anuales más intereses, lo que no ocurrirá, o lo hará en mucha menor medida, en el momento de la venta.
El motivo aducido por la Comunidad de Madrid para desprenderse de la mitad de la sociedad, que no solo asegura un servicio público sino que además es una máquina de ganar dinero, es la necesidad de hacer frente a 4.000 millones en inversiones obligadas por la Unión Europea durante los próximos 15 años.
Con la venta del 49% de las acciones, podría obtener 1.052 millones de euros, según el valor contable actual. Eso solo cubre la cuarta parte del dinero necesario. Y, además, no iría íntegramente a las obras exigidas, puesto que a los Ayuntamientos (que, según estos cálculos, les corresponderían 185 millones de la venta), no están obligados a dedicarlo a eso.
¿De dónde saldría el resto del dinero? Según el contrato firmado, la nueva sociedad debe hacerse cargo de las obras de mantenimiento y reposición de las infraestructuras existentes. Cualquier inversión extraordinaria que rompiera el equilibrio económico del pacto sería sufragada por la Comunidad o por los consumidores a través del recibo del agua (que, además, subirá cada año según la inflación). La sociedad queda así blindada de gastos imprevistos.
Aunque ahora integren la sociedad 110 de 178 municipios, las negociaciones del Gobierno regional con ellos no han sido fáciles. La más complicada fue sin duda con el Ayuntamiento de la capital, en manos entonces de Alberto Ruiz-Gallardón (PP). En un principio, el ahora presidente regional, Ignacio González (PP), consideró que el Canal era de la Comunidad y, por tanto, no precisaba de los Ayuntamientos para ponerlo en venta. Gallardón alegó que el saneamiento y distribución son competencia local. González cambió de estrategia y decidió ceder un porcentaje a los Ayuntamientos. Al principio, un porcentaje ridículo. De nuevo, la presión de Gallardón le permitió obtener el 10% de la nueva sociedad. Al resto de municipios les correspondió un 7,6% a repartir.
Durante las negociaciones, Gallardón hizo una tasación del Canal, con vistas a computar el beneficio por la futura venta del 70% de sus acciones (el máximo legal) en su presupuesto. Así lo hizo, de hecho, en más de un ejercicio, pese a que la venta no se produjo. Calculaba sacar 245 millones limpios, a partir de una valoración global de 3.559 millones de euros. Esa cifra es un 166% superior a la valoración final de la Comunidad.
La valoración se hizo en 2011 mediante el descuento de flujos de caja del capital, descontada la rentabilidad esperada. Se tomó como referencia, al igual que hizo la Comunidad, un periodo de contrato de 50 años, y un crecimiento anual medio del 2,5%. Se partió además del plan de negocio elaborado para los siguientes 15 años por el Canal. La deuda calculada era de 1.670 millones. El beneficio después de impuestos, superior a 100 millones durante los primeros 10 años, y por encima de los 200 en los 10 siguientes, hasta llegar a los 300 en 2030.
