Mas defiende que los políticos imputados mantengan sus cargos

Un político imputado es solo un ciudadano investigado por un juez que tiene indicios de que ha cometido un delito y, por tanto, el afectado no debe dimitir. Pero en el caso de que el juez lo inculpe y ordene y tenga que sentarse en el banquillo, el político tendría que dar un paso atrás hasta que haya sentencia. Por ejemplo, si se trata de un alcalde, este debería pasar a ser solo concejal. Y si es un edil podría renunciar a su cartera. Y si es un diputado, según la naturaleza del delito, conservaría su acta pero podría ser suspendido de sus derechos y deberes (desde el sueldo hasta prohibirle ir a los plenos) si la Cámara lo aprueba por mayoría absoluta. Eso es lo que dice el artículo 18 del reglamento del Parlament, que nunca ningún grupo ha pedido aplicar. Artur Mas, presidente de la Generalitat, propuso ayer esa hoja de ruta para los partidos afectados por los casos de corrupción, empezando por CiU con el caso de las ITV, el caso Clotilde o el caso Manga.

Mas presentó ayer un documento con medio centenar de medidas a favor de la regeneración democrática tras la segunda cumbre que celebró en el Palau de la Generalitat con la cúpula judicial y los síndicos de Cataluña. Su idea es comparecer la próxima semana en el Parlament para dar cuenta de esas reflexiones después de reunirse con los expertos, aunque cada una de esas instituciones aportará sus propias propuestas. Además del tratamiento a los imputados, el documento de Mas contempla, por ejemplo, que sean públicos los ingresos de los asesores de los políticos, crear un registro de lobbies o una metodología contable para los partidos y sus fundaciones.

El plan no goza, de entrada, de ninguna simpatía por parte de la oposición, salvo en el caso del PSC, que lo comparte en esencia. El PP dice que Cataluña no necesita de “mesías” anticorrupción; Iniciativa (ICV-EUiA) invita a Mas a predicar con el ejemplo porque muchas de las medidas que ha propuesto CiU las ha desestimado ya en el Parlament, y Ciutadans señala que el plan busca solo blindar a Oriol Pujol, número dos de Convergència.

El modelo de Mas para tratar a los imputados está inspirado en el poder judicial donde los jueces, recordó, siguen trabajando hasta que son llamados a juicio. Su idea de que un inculpado mantenga su puesto, aunque de forma rasa, radica en que la medida cautelar pueda ser reversible. Su esquema implicaría que el exalcalde socialista de Sabadell Manuel Bustos, imputado en el caso Mercurio, no debería haber dejado de serlo. Está imputado por malversación de fondos, tráfico de influencias, delito contra la Administración pública y omisión del deber de perseguir delitos. Pese a renunciar a la vara, conserva su puesto de edil. El diputado de CiU Xavier Crespo, exalcalde de Lloret, está siendo investigado por su conexión con la mafia rusa. Es vicepresidente de la Comisión de Empresa y Ocupación del Parlament por lo que cobra 5.000 euros de sueldo base. A Oriol Pujol, presidente del Grupo de CiU, el juez le implica en el caso de las ITV. Según Mas, todos deben seguir en sus cargos y si son llamados a juicio quedaría su situación supeditada a la aplicación de la norma del Parlament.

"El secreto de sumario solo tiene de secreto el nombre", dice Mas

La juez pidió precisamente ayer al Tribunal Superior de Justicia que decida si debe imputar a Oriol Pujol. “Es una decisión [la de su posible renuncia] que debe tomar él [Oriol Pujol], pero ya dijo que no sería un estorbo”, señaló Mas. Oriol Pujol es presidente del Grupo CiU por decisión de la federación nacionalista y la renuncia a ese cargo no tendría que estar supeditada a la decisión del Pleno de la Cámara catalana. Podría renunciar o retirárselo su partido.

El documento de Mas contiene seis ejes: un apartado de transparencia en el que se prevé la creación de la futura ley y que se informe, entre otras cosas, que los miembros de un consejo de administración de una empresa que recibe subvenciones difundan sus sueldos. El segundo versa sobre e hecho de dar publicidad a la contratación pública. El tercero trata sobre la relación entre justicia y políticos y demanda que se amplíe a 10 años la prescripción de los delitos y faltas por enriquecimiento ilícito o se actualice la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que incluya la tipificación como delito el enriquecimiento injustificado. El cuarto busca potenciar la transparencia en la gestión de los partidos, para lo que se crearía la figura de un auditor en la Sindicatura de Cuentas para controlar su contabilidad. El quinto refuerza los organismos de control y, por último, se pretende implicar a la sociedad en la regeneración democrática.

Es en este punto donde Mas apuesta por introducir en la enseñanza contenidos éticos contra la corrupción y el papel que deben jugar los medios de comunicación. En ese sentido, lamentó que, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, se incumpla de forma sistemática el secreto del sumario. “Solo tiene de secreto el nombre”, lamenta. “Tiene que saberse que quien filtra una investigación como quien la publica comete una irregularidad. La aplicación del secreto tiene que ser taxativa”. Y puso como ejemplo los casos de Francia o Gran Bretaña donde “cuando una investigación es secreta es secreta. Las filtraciones son imposibles de controlar pero quien las hace y quien las recoge tiene que saber que está haciendo algo irregular”. El documento insta al Gobierno central a que, si modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal, incluya las responsabilidades por la vulneración del secreto de sumario.

Pero no solo eso. El documento sigue tirando de las orejas a la prensa y expone que si un político es exculpado o absuelto se garantice que se le otorgue un “tratamiento informativo equivalente” al anterior al fallo. Por ello, Mas urge un debate para conciliar el derecho a la información con “el respeto al secreto sumarial, la presunción de inocencia como fundamento del Estado de Derecho y la garantías de las partes implicadas en el proceso”. “Esta reflexión se extenderá al análisis de la legislación comparada en nuestro entorno”, dice el texto.