Fabra identifica la denuncia contra la corrupción con el lodo y la basura
El presidente acusa a la oposición de ir contra los intereses de los valencianos
Tres meses después de su anterior comparecencia, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, argumentó este jueves en las Cortes Valencianas que, dado que “vivimos uno de los momentos más complicados de nuestra historia”, es necesario actuar con “altura de miras, responsabilidad y también ejemplaridad”. Por ello, propuso a la oposición “consensos” en materia de agua, urbanismo y política industrial, agilización de la Administración y políticas sociales, así como en la financiación autonómica. El jefe del Consell, aupado por su por el portavoz del PP, Jorge Bellver, añadió que habrá reuniones con agentes sociales a las que invitó a sumarse a los partidos.
Apenas una hora y media después, el líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig, le respondía que ya ha oído antes esa canción. “Sin una regeneración democrática no habrá salida a la crisis”, advirtió el secretario general del PSPV-PSOE. Su portavoz parlamentario, Antonio Torres, se expresó en el mismo sentido en el hemiciclo. “Es la gestión de su partido en estos 18 años la causante del descrédito de nuestra Comunidad”, respondió a Fabra. “Ustedes no están preparados para gestionar la crisis. Solo saben gobernar en épocas de bonanza y de qué manera”.
El jefe del Consell predica “consensos” y la izquierda clama por la regeneración
Los casos de corrupción, y en especial el asunto de Nóos, protagonizaron la sesión de control al presidente. Tanto el PSPV como Compromís exigieron a Fabra que actúe y aclare las responsabilidades en los convenios firmados por Ciudad de las Artes y las Ciencias, SA y la Fundación Valencia Convention Bureau, por los que el Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin cobró al menos 3,5 millones de euros.
Fabra acusó a la oposición de enrocarse “en el lodo y la basura” y de dañar la imagen de los valencianos a lo que respondió la diputada socialista Cristina Moreno: “Gracias a los lodos y la basura de Emarsa, de Brugal y compañía, usted está sentado ahí”. La diputada del mismo grupo Eva Martínez mostró en el escaño una fotografía con las caras de algunos protagonistas de los casos de corrupción que afectan al PP, como Luis Bárcenas o Álvaro Pérez, El Bigotes. La parlamentaria se refirió a Camps y a Fabra como los “porteros de la cueva de Alí Babá”.
La oposición, en efecto, apuntó al expresidente de la Generalitat Francisco Camps —“el diputado ausente”, como lo llamaron varios parlamentarios—, y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, también diputada autonómica, que optó por la sonrisa forzada cuando el socialista Torres preguntó a Fabra “a quién protege” en Nóos, así como al escuchar que el portavoz de Compromís, Enric Morera, vaticinaba que tanto ella como Camps acabarán imputados o que Mónica Oltra inquiría al jefe del Consell “qué ejemplaridad piensa adoptar cuando imputen a Camps y Barberá”. La alcaldesa rechazó hacer comentarios.
Morera lanzó una pregunta envenenada a Fabra al cuestionar por qué la Generalitat se personó por la vía penal en el fraude de las ayudas a la cooperación, por el que está imputado Rafael Blasco, y sólo reclama posibles perjuicios económicos en el caso Nóos. El jefe del Consell dijo que en Nóos pretende que se devuelva lo que haya podido defraudarse, pero señaló que no “se ha demostrado que haya habido engaño”, ya que los informes jurídicos de la Generalitat avalan la corrección de los contratos con el instituto del duque de Palma y que se controlaron las facturas pagadas en virtud de esos acuerdos. No se ejerce acusación penal porque “para eso ya está el fiscal”. Obvió el caso que afecta a Blasco, para el que quedó implícito que valen argumentos idénticos que justifican todo lo contrario.
Varios diputados se refieren a Francisco Camps como el “diputado ausente”
La portavoz de Esquerra Unida, Marga Sanz, centró su intervención en el copago de prestaciones a los dependientes y personas con discapacidad. Fabra minimizó el impacto de la medida, apuntó que se estudia su modificación y consideró “de sentido común” que “quienes puedan pagar, lo hagan”. Sanz respondió que los ciudadanos ya pagan sus impuestos para que exista un servicio público e indicó que el argumento de Fabra abre la puerta a cobrar por la sanidad en general.
