La Junta recurre al Constitucional las tasas de Gallardón por “injustas”

"Una norma injusta e insolidaria". El consejero de Justicia, Emilio Llera, ha censurado con dureza la ley de tasas judiciales del Gobierno central hoy, día en el que la Junta ha presentado formalmente el recurso contra la norma ante el Tribunal Constitucional. Llera considera que la ley del ministro Alberto Ruiz-Gallardón limita el acceso a la justicia de la ciudadanía según su nivel económico, dada la súbita y cuantiosa subida que han sufrido las tasas.

El recurso del Gobierno andaluz ante el Constitucional, presentado esta mañana pero avanzado hace un mes, se suma al que ha presentado esta semana el PSOE por unas tarifas “abusivas, desequilibradas e injustas”. “El acceso a los tribunales depende hoy de la tarjeta de crédito de los ciudadanos”, criticó la portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez.

El consejero Llera ha anunciado la presentación del recurso por parte del Ejecutivo ante el alto tribunal, a pesar de que Gallardón haya decidido reducir en un 80% las tasas variables para algunas jurisdicciones. Este giro insólito del Gobierno, en el que influyó la amenaza de presentar un recurso por parte de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, es solo una rectificación parcial y mantiene la extensión de las tasas a todas las jurisdicciones (salvo la penal) y a todos los ciudadanos.

“La norma provoca desigualdades y genera un fuerte mecanismo disuasorio para muchos ciudadanos a la hora de acceder a la Justicia, suponiendo un ataque directo al derecho a la igualdad y a la tutela judicial efectiva”, ha estimado Llera a través de un comunicado. Dado que hoy concluía el plazo para presentar el recurso, el Gobierno andaluz dio el paso pese a que desconoce los efectos reales de la disminución en la cuantía de las tasas tras el giro del ministerio. El Gobierno central no cuenta aún con un texto legal que recoja las modificaciones anunciadas. Para Llera las tasas generan “un efecto disuasorio para gran parte de los ciudadanos y para las pequeñas y medianas empresas”.

Los ejemplos de las tasas para litigar son diversos: para determinadas infracciones de tráfico se debe abonar una tasa de 200 euros para recurrir una multa de 100 euros; o en demandas por cobros indebidos de servicios, una tasa de 200 euros para recurrir una factura errónea de teléfono de 80 euros. El dictamen del Consejo de Estado sobre el proyecto de ley destaca, “por su desproporción y sus posibles efectos inhibidores”, los aumentos en tasas para los juicios verbales (de 90 a 150 euros), los juicios ordinarios (de 150 a 300), las apelaciones (de 300 a 800) y los recursos de casación (de 600 a 1.200).

El Gobierno andaluz estima que los artículos 1,2, 3, 4 y 7 de la norma estatal vulneran el principio de igualdad y el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocidos en la Constitución. En concreto, el artículo 3 elimina las exenciones que antes estaban fijadas para todas las personas físicas y entidades que no tuvieran un elevado volumen de facturación. Los argumentos jurídicos se basan en la jurisprudencia del Constitucional, así como en los informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo de Estado sobre la norma recurrida.

La Junta considera que el efecto de las tasas es “especialmente atentatorio” contra la igualdad y tutela efectiva en el orden social. “La superioridad del empresario sobre el trabajador tiene consecuencias en las relaciones jurídicas y por tanto exige un ordenamiento compensador e igualador”. El pago “aumenta la desigualdad entre las partes y discrimina a los trabajadores en la defensa de sus derechos”.

La Junta destaca en su recurso la “desproporción” de las tasas, especialmente dada la grave crisis actual.