La Diputación de Valencia crea un comisión para mejorar la transparencia
La Corporación que preside Rus pedirá a las Cortes que adopte sus medidas
Los cuatro grupos políticos representados en la Diputación de Valencia (PP, PSPV, Compromís y Esquerra Unida) acordaron este martes crear una comisión que fije medidas concretas para mejorar la transparencia de los políticos y su gestión.
La decisión, adoptada a instancias de una moción de Esquerra Unida, es fruto de la preocupación de los partidos por el deterioro de la imagen de los políticos. Un deterioro del que tampoco se ha salvado la Diputación de Valencia, cuyo vicepresidente segundo Enrique Crespo (PP) tuvo que dimitir meses atrás por su imputación en el caso Emarsa.
El acuerdo alcanzado señala que la comisión encargada de mejorar la transparencia en la Diputación elaborará un manifiesto contra la corrupción, fijará medidas concretas de aplicación inmediata que mejoren la confianza de los ciudadanos en los diputados provinciales y solicitará a las Cortes Valencianas y a los Ayuntamientos que copien las medidas acordadas por la Corporación. La propuesta de la comisión se tendrá que aprobar en el pleno del próximo mes de abril.
Rosa Pérez Garijo, la diputada de Esquerra Unida, anunció que reclamará medidas concretas como el acceso directo, a través de la web institucional, a los sueldos de los cargos de la Corporación, al número de asesores de cada grupo y a los gastos del parque móvil, entre otras medidas de transparencia. Compromís decidió apoyar la iniciativa, igual que el PSPV de José Manuel Orengo, que advirtió: “Ahora las palabras tienen poco valor, lo tienen los hechos”. El portavoz socialista fue quien propuso un receso para llegar a un acuerdo con el PP, que tenía preparada una moción alternativa a la de Esquerra Unida.
La moción del PP aseguraba que “la corrupción política tiene indignados a todos ciudadanos"
La moción del PP, finalmente retirada en favor del consenso, aseguraba que “la corrupción política tiene indignados a todos los ciudadanos, pero sobre todo a los políticos honrados” y abogaba “por una legislación extremadamente beligerante ante cualquier caso de corrupción que garantice la persecución hasta el final de este tipo de delitos”, incluida la reforma del Código Penal para pedir responsabilidades penales a los partidos políticos.
“Hacemos una propuesta seria sobre la corrupción”, argumentó el portavoz popular Juan José Medina, “pero no podemos poner en duda lo que se ha hecho hasta ahora”. “No tenemos nada que esconder, pero no vamos a aceptar un cóctel molotov”, sentenció Medina.
En este contexto, el diputado socialista Ramón Marí, que en su día denunció las irregularidades en Emarsa, sometió al presidente de la Diputación, Alfonso Rus, a una prueba de fuego al solicitar la auditoría del Hospital General de Valencia —dependiente de la Corporación provincial— de 2011 y los expedientes relacionados con las empresas de César Augusto Tauroni —imputado en el caso Blasco por desviar ayudas a la cooperación de la Generalitat—.
Marí reclama toda la documentación relacionada con GCS General de Comunicaciones y Servicios SL y Lonerson Trade SL, solas en unión temporal de empresas. Una petición que ya formuló sin éxito el pasado 16 de enero y que Rus se comprometió ayer a facilitar.
