_
_
_
_
_

Un concejal del PP trabajó para Aqualia y alcaldes que privatizaron

El exregidor de Punta Umbría niega que sus actividades estén relacionadas

Raúl Limón
José Carlos Hernández Cansino, en Punta Umbría.
José Carlos Hernández Cansino, en Punta Umbría.Logan

El exalcalde y actual concejal del PP en Punta Umbría (Huelva), José Carlos Hernández Cansino, ha sido contratado por Ayuntamientos que se han separado de la mancomunidad provincial MAS y privatizado los servicios que prestaba su sociedad instrumental Giahsa en favor de Aqualia. Esta empresa también contrató a Hernández Cansino. Este abogado reconoció su vinculación con los municipios y la entidad privada, pero negó haber mediado o que sus trabajos tengan relación, sean incompatibles y hayan coincidido en el tiempo.

Aqualia contrató a Hernández Cansino el 2 de julio de 2007 porque, según se expone en el documento que los vincula, la empresa "mantiene en Andalucía un gran número de contratos administrativos de gestión de servicios públicos con diversos entes locales, participando habitualmente en todos los concursos convocados para la adjudicación de este tipo de contratos". La empresa, según las estipulaciones, "arrendó los servicios profesionales" de Hernández Cansino para “asesoramiento jurídico” en los contratos administrativos “actuales” y “futuros”. Se estableció entonces una contraprestación de 1.850 euros al mes y la duración inicial era de un año.

Solo siete meses después, el 16 de enero de 2008, el Ayuntamiento de Moguer, gobernado entonces por Juan José Volante Padilla, también del PP, aprueba la contratación de José Carlos Hernández Cansino por 13.920 euros al año para “asesoramiento jurídico” durante dos años prorrogables por un máximo de cuatro.

Más información
Dos informes más ven ilegales las privatizaciones de agua en Huelva
Un jurista revela una “operación ilegal” contra la empresa pública Giahsa

El 31 de octubre de 2008, transcurrida la vigencia del referido contrato con Aqualia, un directivo de esta empresa reclamaba los nombres de los letrados vinculados a la empresa con el fin de hacer un “inventario”. En la petición, se afirmaba: “A fecha de hoy sólo tengo conocimiento de los abogados que están trabajando para nosotros y en los que he intervenido, de alguna u otra forma, en su contratación (…) José Carlos Hernández y algunos otros”.

El 30 de diciembre de 2009, días antes del cumplimiento del contrato de Hernández Cansino con el Ayuntamiento de Moguer, el pleno aprueba por “tramitación de emergencia” la adjudicación a Aqualia del servicio de “suministro domiciliario de agua, alcantarillado y depuración” en este municipio y la entidad costera de Mazagón.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

La relación del abogado y portavoz del PP en Punta Umbría con los Ayuntamientos se prolonga más años, como prueba la vinculación de Hernández Cansino con Bollullos Par del Condado, un municipio gobernado por el independiente Francisco José Díaz con apoyo del PP. Este alcalde, dirigente de los independientes onubenses, ha sido uno de los más beligerantes para suprimir su relación con MAS y favorecer la privatización de servicios. Díaz no quiso aclarar la relación de Hernández Cansino con su Ayuntamiento, en el que constan numerosas autorizaciones de gasto a favor del letrado del PP y por importes que oscilan entre los 2.323,82 euros de la factura número 29, correspondiente a agosto del pasado año, y los 2.516,16 euros de la número 38, presentada en diciembre.

Hernández Cansino aseguró, de forma tajante, que “no existe relación” entre la labor realizada para Aqualia y la ejercida en los Ayuntamientos. “No hay coincidencia en el tiempo”, añadió para enfatizar que presta servicios a clientes tanto municipales como particulares. “Pero cuando he intervenido en los Ayuntamientos no había ninguna relación con Aqualia”, insistió. “Mediación, en ningún caso”, sentenció.

El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, indicó sobre este asunto que “parece” que ha habido gente que ha jugado “al doble juego”, estando al servicio de los municipios pero también de la empresa privada, en una función de “doble espía”. “Se han situado en el terreno de defender los intereses privados, pero también cobrando de determinados ayuntamientos con carácter de dinero público”, precisó. Valderas señaló que se ha podido producir una “malísima defensa” de los intereses públicos para hacer una “magnífica defensa” de los intereses privados, se ha mostrado convencido de que “algo no huele bien” en este tema.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Sobre la firma

Raúl Limón
Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, máster en Periodismo Digital por la Universidad Autónoma de Madrid y con formación en EEUU, es redactor de la sección de Ciencia. Colabora en televisión, ha escrito dos libros (uno de ellos Premio Lorca) y fue distinguido con el galardón a la Difusión en la Era Digital.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_