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El coordinador de Seguridad de Madridec dice que solo le competían las cámaras

Sostiene que el Ayuntamiento suspendió las reuniones de coordinación "por falta de fondos" El Consistorio admite que no hubo reunión, pero porque ni el promotor ni Madridec la pidió

Los periodistas abordan a los abogados de las familias en los juzgados de plaza de Castilla.
Los periodistas abordan a los abogados de las familias en los juzgados de plaza de Castilla.Juan Carlos Hidalgo (EFE)

Jorge Rodríguez Caamaño, coordinador de Seguridad de Madrid Espacio y Congresos (Madridec), ha negado esta mañana en su declaración como imputado en el caso Madrid Arena cualquier responsabilidad en la seguridad de la trágica macrofiesta en la que murieron cinco jóvenes porque él solo ejerce su cometido en edificios vacíos o "dormidos". Según explican los letrados de la acusación particular Abdón Nuñez y Felipe Moreno, que representan a las familias de las víctimas mortales Belén Langdon y Rocío Oña, Rodríguez Caamaño ha sostenido que el responsable en el momento de la fiesta era el jefe de operaciones de la empresa municipal, José Ruiz Ayuso.

Rodríguez Caamaño, que ha prestado declaración durante más de tres horas y ha entrado y salido del juzgado sin hacer declaraciones, estuvo en la fiesta. Según fuentes jurídicas, fue la persona encargada de revisar el montaje y lo hizo sin detectar ninguna anomalía. Además, estuvo con dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía que se encargaron de revisar que la documentación estuviera en regla. También revisó los puntos de evacuación del edificio y las instalaciones del recinto antes de que se celebrara la macrofiesta.

Al preguntarle en qué consiste su trabajo y por qué estaba allí esa noche, Rodríguez Caamaño ha contestado, según han relatado los abogados Núñez y Moreno: "Ni ustedes, ni nadie, ni siquiera mi mujer, lo entiende". Según Rodríguez Caamaño lo que sí era de su competencia son las cámaras de vigilancia interior, respecto a las cuales ha declarado que sabía que había algunas que no funcionaban y que no se habían podido sustituir por falta de presupuesto.

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Y no es lo único para lo que no hay dinero, según Rodríguez Caamaño, que ha asegurado que las reuniones de coordinación y seguridad entre Ayuntamiento de Madrid y la Delegación del Gobierno ante eventos como la macrofiesta no se celebraran desde el 30 de agosto de 2012. Fueron suspendidas por el Consistorio "por falta de dinero".

El empleado municipal, a quien el juez ha puesto como medida cautelar acudir dos veces al mes al juzgado, ha declarado que el día de la fiesta hubo una visita de representantes de la Delegación pero que fue "de cortesía", porque vieron "el edificio a oscuras, sin luz en la zona central". El imputado a llegado a decir, siempre según la versión de los letrados, que "irían a tomar café".

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El letrado Abdón Núñez ha destacado que se trata de una novedad importante que puede explicar "que no hubiera suficiente Policía Municipal o que menos gente de Seguriber de la que tenía que haber", como ya dijo Rodríguez Caamaño en el informe municipal sobre la tragedia y ha reconocido hoy durante su comparecencia. Ha subrayado igualmente que ese día los policías municipales estaban colocados en posiciones diferentes a las habituales en eventos de ese tipo.

Fuentes del Área de Seguridad del Ayuntamiento han reconocido que Delegación y Consistorio no se reunieron para hablar del Madrid Arena, pero ha desmentido "tajantemente" que gura por falta de fondos. Estas fuentes aseguran que que ha habido "casi una veintena de reuniones en 2012 relacionadas con eventos o conciertos, de las cuales una decena de ellas a partir de la fecha que ha citado el compareciente". "Si no se ha producido con eventos en el Madrid Arena es, sencillamente, porque ni los promotores que alquilaban, ni la antigua dirección de Madridec consideró necesario pedir la reunión, pues de haberla pedido, se hubiera producido", aseguran.  Este extremo ha sido confirmado por Delegación del Gobierno.

Durante su declaración, el coordinador de seguridad de Madridec ha explicado que estuvo en la fiesta hasta las tres de la madrugada, poco antes de que ocurriese la avalancha mortal, sin que le comunicasen problemas. Ha precisado que al pabellón Madrid Arena acudió la jefa de la Unidad de Policía Municipal del distrito de Moncloa-Aravaca, Cándida Jiménez, y ha sostenido que los agentes sabían "perfectamente" que había botellón. Rodríguez Caamaño ha reconocido también que Madridec solía cobrar 10 euros por acceder al aparcamiento y ese dinero iba a la caja financiera de la empresa municipal.

Las mismas fuentes municipales han subrayado que todos los actos privados que se celebraron en el Madrid Arena desde 2009 de las mismas características al de la fiesta de Halloween del 1 de noviembre han contado "siempre con idénticos efectivos de Policía Municipal, en función del número de asistentes". Esos efectivos actuaban en el exterior del recinto de Madrid Espacios y Congresos, "nunca en el interior".

La declaración de Rodríguez Caamaño se produce después de las de los también imputados y altos cargos de Madridec Rafael Pastor, director; y Francisco del Amo, coordinador de Proyectos y Operaciones, que incurrieron en numerosas contradicciones, según las acusaciones particulares. El lunes, un responsable de seguridad de Seguriber culpó a Del Amo de ordenar abrir el portón de emergencias por el que entraron a la pista principal en masa 2.500 personas sin control alguno. Además, aseguró que este mandó a los vigilantes que los controles fueran más "livianos".

La Fiscalía ve precipitada la imputación de la cúpula municipal de Seguridad

Por otro lado, el fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, ha calificado de "precipitada e improcedente" la imputación de la cúpula municipal de Seguridad, Antonio de Guindos, Fátima Núñez, Francisco del Amo y Emilio Monteagudo, en el caso Madrid Arena al considerar que antes deben declaran los responsables de la seguridad en la fiesta. El Ayuntamiento de Madrid ha presentado esta mañana su anunciado recurso contra la imputación de esos responsables municipales.

Antonio de Guindos, delegado de Seguridad la noche de la tragedia y que dimitió al ser llamado por el juez, la exresponsable del área de Seguridad, Fátima Núñez; el director general de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento, Alfonso del Alamo, y el jefe de la Policía Municipal de Madrid, Emilio Monteagudo fueron imputados junto a otras 11 personas el pasado día 4 de febrero por parte del juez Eduardo López Palop, que investiga el suceso.

La Fiscalía ha elaborado un informe en el que sostiene que el Ayuntamiento de Madrid, como responsable civil subsidiario en la causa, no puede interponer ese recurso, que por lo tanto será inadmitido. Pero también considera que es "precipitado e improcedente" imputar a los cuatro responsables municipales, porque primero hay que tomar declaración a las personas que ejercieron directamente funciones de seguridad en la fiesta en la que fallecieron cinco jóvenes. "Por ahora no está demostrado que exista una relación directa causa-efecto entre la conducta de esas cuatro personas imputadas y la muerte de las cinco víctimas", ha explicado Moix, que ha matizado que, una vez que avance la investigación, "habrá que ver hasta dónde alcanzan las responsabilidades".

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