La juez impone una fianza de 15.000 euros al concejal de tráfico de Santiago
El exjefe de gabinete de Conde Roa y un gerente de Aquagest ingresan en prisión
La titular del Juzgado número 1 de Lugo, Pilar de Lara, ha impuesto esta madrugada una fianza de 15.000 euros al edil de Seguridad de Santiago, Albino Vázquez Aldrey, y ha dictado orden de prisión provisional para Ángel Espadas, exconcejal y jefe de gabinete del anterior alcalde, Gerardo Conde Roa, a quien imputa los delitos de utilización de información privilegiada, cohecho y tráfico de influencias. Los arrestos de ambos dirigentes del PP compostelano se produjeron el pasado jueves en el marco de la Operación Manga, que investiga supuestos amaños de contratos en varias administraciones españolas y que acumula ya nueve detenidos en Galicia, Asturias y Cataluña.
La juez ha esperado a escuchar el relato de Espadas, a quien los investigadores sitúan en el epicentro de la supuesta trama de adjudicaciones irregulares y que testificó desde las once de la noche hasta pasadas las dos y media de la madrugada , para tomar una decisión sobre el concejal de Seguridad que había comparecido horas antes.
Fuentes judiciales han confirmado a Europa Press que al edil de Santiago se le imputan los delitos de cohecho, y tráfico de influencias, tal y como había anticipado anoche el fiscal del caso, Jesús Álvarez, durante un receso en los interrogatorios, además de un tercero: revelación de información privilegiada.
Valdoviño, bajo la lupa
La policía se presentó ayer muy temprano en el ayuntamiento de Valdoviño (A Coruña) para requisar toda la documentación relacionada con obras adjudicadas a Aquagest, la concesionaria del suministro de agua. Los agentes se llevaron tres contratos (dos de saneamiento y una de pavimentación) adjudicados a esta firma en 2012. Estas tres actuaciones, ahora bajo la lupa de la juez en la operación Manga, están “en ejecución o pendientes”, explicó el regidor, José Antonio Vigo, del PP. Suman algo más de 200.000 euros con cargo a la Diputación.
“No tenemos que ver con Vendex ni con nada de eso”, recalcó Vigo, que llegó al consistorio sobre las 9:30 horas de la mañana cuando los agentes ya se marchaban con los papeles. “Aquí las cosas las hacemos bien y no hay nada que tapar”, insistió el regidor. “Espero que sea una comprobación de rutina”, aventuró.
La oposición ya había rechazado que la empresa suministradora del agua asumiese también las obras. Vigo llegó a alcalde en 2011 y lidera un tripartito con cuatro ediles del PP, dos de Converxencia Galega y otro de Unidos por Valdoviño en una corporación con 13 ediles y seis partidos.
Aunque no han trascendido detalles sobre su declaración —sobre el caso sigue pesando el secreto de sumario— el arresto del edil compostelano y el registro practicado en su domicilio por agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera el pasado jueves guarda relación con dos adjudicaciones del departamento de Tráfico y Seguridad que preside: el servicio de la Ora, otorgado al grupo Setex Aparki y la gestión de multas, otorgada a la firma GRS Arc Local.
Al frente de esta sociedad figura un amigo de Espadas, hombre fuerte del exregidor Gerardo Conde Roa —cuyo domicilio también fue registrado el jueves, por agentes policiales— hasta que ambos dirigentes cayeron en desgracia. Se trata del apoderado de la subcontrata José María Font, detenido el jueves en Girona también por orden de la juez lucense.
Durante el largo interrogatorio a Albino Vázquez, la instructora preguntó repetidamente por esa red de relaciones y el papel que jugaba cada uno de los arrestados en la presunta trama corrupta.
La nueva imputación al edil en la Operación Manga se suma a otras dos, derivadas de una denuncia de un funcionario que le acusó de prevaricar, al relegarlo irregularmente en sus funciones, y de acoso moral. Unida a la fianza de 15.000 euros que la juez le ha impuesto al para evitar la cárcel complica mucho su continuidad en el Gobierno local. Ayer mismo, el regidor, Ángel Currás, también imputado en ambos casos, asumió temporalmente las competencias de Vázquez Aldrey y la portavoz del PP gallego, Paula Prado, aseguró que su formación esperaría a conocer el auto del juez antes de intervenir. La doctrina del presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, es conocida: en cuanto un juez impone medidas cautelares, los cargos públicos deben dimitir. Así que la salida de Vázquez Aldrey del Ejecutivo municipal parece ser cuestión de horas.
Por la mañana, del mismo juzgado de Lugo había salido hacia la cárcel de Bonxe, otra pieza clave de este puzle, el gerente de Aquagest en Santiago, José Luis Míguez tras acogerse a su derecho para no declarar. A Míguez, la juez le atribuye los delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias. Su arresto guarda relación con la otra rama del caso: las negociaciones, recogidas en varias charlas telefónicas grabadas por la policía entre el directivo de la concesionaria y el Gobierno municipal que presidía hasta hace diez meses Conde Roa, para prorrogar el contrato del suministro de agua a Aquagest. Los investigadores sostienen que tanto el Gobierno municipal como la empresa buscaban atajos irregulares para alargar una adjudicación que la firma lleva décadas gestionando en Santiago y que vence en 2019. Fuentes conocedoras del caso apuntan a intentos de sobornos a cargos del Ayuntamiento con el objetivo de que se pudiera estirar la concesión. Para ello, apuntan, el gerente de Aquagest en Santiago se valió de su amistad con Ángel Espadas, en el centro de todas las sospechas según la abundante documentación que figura en el sumario.
Los intentos de prorrogar la adjudicación se frustraron cuando el anterior regidor de Santiago, Gerardo Conde Roa, se vio obligado a abandonar el cargo —una vez que se destapó un presunto fraude a Hacienda de 291.000 euros que investiga otro juzgado— y a dejar el puesto a Ángel Currás.
Quien sí quedó libre aunque con la imputación de tráfico de influencias, es el empresario y organizador de eventos, Jesús Fuentes, también del círculo de amistades de Espadas, tras explicarse durante más de dos horas ante la juez durante la mañana de ayer. Con fama de conseguidor, bien relacionado con las autoridades municipales, de Fuentes se investiga su mediación en los patrocinios que Aquagest prestó a equipos deportivos de Santiago como el Obradoiro o el Santiago Futsal.
El alcalde insiste en que “por responsabilidad” no dimite
Que Feijóo “actúe”
Las detenciones y registros del jueves en el Ayuntamiento pillaron al alcalde, imputado también por el caso Pokémon, fuera de Santiago. Ayer, Ángel Currás compareció arropado por sus concejales para pedir "disculpas" por la implicación de su equipo en la investigación por presunta corrupción y asegurar que, tras hablar con el secretario general del PP gallego, Alfonso Rueda, cuenta con el apoyo de su partido. Currás persiste en su decisión de no dimitir pese al caos en el que se encuentra su gobierno. Y dice que lo hace por "responsabilidad" con los ciudadanos, a los que pidió "tranquilidad". "Nadie es imprescindible, empezando por el alcalde, pero hay que garantizar la gestión de la ciudad. La gobernación de una ciudad no se resuelve con la dimisión", esgrimió el regidor compostelano, quien dice no tener "apego" al cargo. Ayer recibió el apoyo de su rival dentro del partido, Paula Prado, ahora portavoz del PP gallego, que afirmó que la dimisión de Currás "no es la mejor opción" y apeló a la presunción de inocencia.
El alcalde prometió explicaciones sobre las imputaciones que recaen sobre él mismo, su jefe de gabinete y sus concejales de Seguridad y Educación, aunque no de forma inmediata. Se escudó en que “la justicia tiene sus tiempos, que no coinciden con la inmediatez y la información diaria”. Y recordando las palabras de Feijóo sobre la situación que vive su Ayuntamiento afirmó: “Estoy de acuerdo en que la situación no es normal”. “No es una situación grata”, añadió el popular. “Evidentemente no es la mejor imagen para la ciudad, pero es la que es”
El alcalde imputado asumirá las competencias de su concejal de Seguridad detenido. Sobre qué ocurrirá con este último, Currás dejó la decisión en manos del PP. “Será el partido el que tome las decisiones que se correspondan”. En relación con las críticas de la oposición —el BNG ha pedido la convocatoria de elecciones anticipadas—, el regidor expresó su rechazo porque, subrayó, “hay un juicio político” para el “desgaste” del gobierno. El líder de los socialistas gallegos, Pachi Vázquez, reclamó a Feijóo que adopte “decisiones” y “actúe” para resolver el caos en el Ayuntamiento de Santiago, al que ve en proceso de “marbellización”. Vázquez acusa al presidente de la Xunta de “cierto cinismo” por limitarse a deciar que se siente “muy disgustado”. “Él no es un ciudadano más, es el presidente de Galicia y del PP”, afirmó el socialista. “Todo confluye en su responsabilidad”.
