Cataluña acumula 80.000 pisos nuevos sin vender, 10.000 en manos de la banca

La resaca de la burbuja inmobiliaria es potente. Cinco años después del estallido, Cataluña acumula 80.000 pisos de obra nueva sin vender. De éstos, 10.000 están en manos de entidades financieras que se han quedado las promociones de empresas en apuros. Dación en pago pura y dura, pero no a particulares, sino a promotores. Son datos de un estudio que la Generalitat y el Colegio de Registradores presentaron ayer.

El informe muestra como la distribución territorial del stock acumulado es muy desigual: mientras en la provincia de Barcelona hay 8,3 pisos para colocar por cada 1.000 habitantes, la proporción se dispara en Lleida, con 21,4 viviendas. En Girona el sobrante es de 13,3 viviendas por 1.000 habitantes y en Tarragona, de 16,5. Para hacerse a la idea de la magnitud del problema resulta útil recordar que los expertos coinciden en que, en un mercado normalizado, la cifra que la demanda puede absorber es de seis viviendas por metro cuadrado. Un número al que según el estudio solo se aproximan Barcelona capital (5,9 viviendas nuevas por vender por 1.000 habitantes), L’Hospitalet (4,7) y Sabadell (7,7).

De hecho, el grueso de la bolsa de viviendas nuevas sin vender (30.000) se acumula en poblaciones de entre 5.000 y 25.000 habitantes. Aunque los desastres más mayúsculos se produjeron en comarcas con municipios todavía más pequeños como el Baix Penedès, la Noguera, Vall d’Aran, Pallars Sobirà, Pla d’Urgell, la Ribera d’Ebre y la Segarra.

El estudio, que se basa en los datos de trasmisiones patrimoniales de los 150 colegios de registradores catalanes desde 2007, no contempla los pisos en venta del mercado de segunda mano. El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, valoró el trabajo como un “instrumento para hacer políticas de vivienda basadas en el rigor y limitar el alcance ideológico de las decisiones”. Una clara referencia a las políticas de vivienda del Gobierno tripartito, que en 2008, con la burbuja en máximos, proyectó crear 100 nuevos barrios con 50.000 viviendas, las ARE (Áreas Residenciales Estratégicas), de los que solo dos están en marcha.

Se trata, dijo el consejero, de utilizar el estudio para dar la vuelta a la situación y “tomar decisiones en base a demanda acreditada”, conociendo y “gestionando las consecuencias de lo que se llamó la década prodigiosa y que tuvo un impacto brutal sobre el territorio”. Vila, por ejemplo, aseguró en base a los datos de Barcelona que hay que volver a incentivar la promoción inmobiliaria en el área metropolitana para que, llegado el momento en que haya demanda, exista también oferta. Se mostró, también, convencido de que la oferta actual se puede absorber. Totalmente opuesta es la situación en comarcas como la Segarra (31 pisos por cada 1.000 habitantes) o la Noguera (29), apuntó el secretario de Vivienda, Carles Sala. Comarcas que ni siquiera son potencias turísticas y donde “a medio plazo será muy difícil que la bolsa se pueda absorber”.

El secretario de Vivienda, Carles Sala, reiteró ayer, como ya hizo durante el pasado salón inmobiliario Meeting Point, su petición de que parte de la bolsa de viviendas a estrenar que están en manos de las entidades financieras puedan ser administradas como alquileres sociales por la Generalitat. En este sentido, el consejero aprovechó para presumir de las infraestructuras realizadas o previstas para apoyar la comodidad de vivir lejos de los grandes centros urbanos: “Las distancias ya no se calculan en kilómetros, sino en tiempo”, dijo.

Actualmente, la Generalitat gestiona una bolsa de 14.000 pisos de alquiler, de los que 200 están ocupados de forma ilegal. Sala hizo referencia a los problemas que la crisis está originando en las familias y las situaciones desesperadas que, igual que empujan a ocupar ilegalmente, permitan a grupos organizados engañar haciéndose pasar por inmobiliarias cuando en realidad ofrecen pisos de otros propietarios.

La crisis también provoca una mayor rotación de los pisos de alquiler, por familias que no los pueden pagar, aunque se adjudican a un ritmo muy superior al de antes de la crisis: de 600 días que permanecían vacíos, se ha pasado a menos de 150, informaron los responsables de vivienda.

El departamento de Territorio y Sostenibilidad tiene previsto presentar la próxima semana el nuevo Plan por el Derecho a la Vivienda, puesto que el que creó el Gobierno tripartito finalizó el año pasado. El plan, con todo, no ha sido todavía presentado a los sectores vinculados a la vivienda que están presentes en el Pacto Nacional por la Vivienda: desde los sindicatos y las entidades sociales pasando por los partidos de la oposición, las entidades financieras o los promotores.