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LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD

El plan de Salud prevé privatizar las ambulancias del SEM y laboratorios

El informe de PWC también propone “subastar” los servicios de diagnóstico por imagen del ICS

Salud se niega a informar del coste del proyecto

El SEM atiende a un accidentado. Ampliar foto
El SEM atiende a un accidentado.

El duro plan de privatizaciones para la sanidad pública que la Generalitat encargó a la consultora PricewaterhouseCoopers (PWC) incluye medidas drásticas como la venta, vía “subasta”, de porciones fundamentales del sistema sanitario catalán, como son las ambulancias y el centro de operaciones del Servicio de Emergencias Médicas (SEM), una red de una treintena de laboratorios clínicos y el Instituto de Diagnóstico por Imagen (IDI), la gran empresa tecnológica que gestiona estos servicios en los ocho hospitales del Instituto Catalán de la Salud (ICS). En total, estas y otras entidades públicas incluidas en el plan (hasta una decena) manejaron el año pasado 334 millones de euros de fondos públicos con una plantilla total de más de 2.000 personas.

Salud asegura que “nunca ha sido una propuesta firme, ni un documento cerrado, por lo que no irá adelante de ninguna manera”

El informe de PWC —que también prevé poner en manos privadas la gestión de 18 hospitales, 48 centros de atención primaria y un centenar de otros dispositivos asistenciales (ver EL PAÍS de ayer)— fue encargado por el Departamento de Salud en el arranque de la pasada legislatura, a principios de 2011. Ese momento coincide en el tiempo con otro plan para fragmentar el ICS —la gran empresa pública de la Generalitat que gestiona ocho grandes hospitales y cerca de 300 centros de salud— en una veintena de sociedades que podrían ser abiertas al capital privado. Ambos proyectos forman en su conjunto una hoja de ruta hacia una masiva entrada de capital privado en la sanidad pública catalana.

El Departamento de Salud —cuyo titular, Boi Ruiz, era el presidente de la patronal sanitaria cuando fue nombrado— rechaza que tenga en proyecto “vender o privatizar” parte alguna del sistema sanitario. Salud admitió que sondeó al sector en este sentido a principios de legislatura, pero asegura que el documento de PWC “nunca ha sido una propuesta firme, ni un documento cerrado, por lo que no irá adelante de ninguna manera”.

Salud se negó ayer, por tercera vez, a informar sobre el coste que el informe privatizador tuvo para las arcas públicas en un correo electrónico: “En estos momentos no disponemos de la información del coste” del documento. El departamento también rechazó ofrecer a este diario las partes del documento a las que no ha tenido acceso.

Para la venta de las entidades públicas, PWC propone una fórmula jurídica de dos pasos. El primero sería “transformar las entidades de derecho público en sociedades mercantiles”, cambio para el que “es suficiente el acuerdo del Consejo Ejecutivo de la Generalitat”. El 100% de las acciones quedarían en manos de Salud, que en un segundo paso podría “enajenarlas”, habitualmente a través de una “subasta pública”. El documento también sugiere hacer toda la operación “en dos fases para diluir el impacto político y social” de las medidas.

El proyecto de PWC propone desmembrar y vender buena parte de una de las joyas de la corona de la sanidad pública catalana, el Servicio de Emergencias Médicas. El informe detalla que el “SEM está compuesto por tres componentes básicos: 1 Call Center. 2 una flota de vehículos. 3. Las prestaciones sanitaris”. El texto propone a continuación “segregar los tres componentes y dar entrada de capital —100%— en dos los primeros”, por lo que solo la asistencia prestada por los sanitarios del servicio seguiría en manos de la Generalitat.

El SEM atiende a toda Cataluña y cuenta con un presupuesto anual que supera los 224 millones de euros. Con una plantilla de 717 trabajadores, la empresa pública cuenta con una flota de 393 vehículos distribuidos por todo el territorio catalán: 62 UVIs móviles, más de 300 de soporte vital básico y cuatro helicópteros medicalizados. Todos ellos se coordinan a través de siete centrales locales y una general para atender las emergencias médicas y transportes asistenciales de toda Cataluña. Parte de esta flota, la dedicada a transportes menos urgentes, ya está subcontratada por el SEM, mientras la propuesta de privatización se refiere a los vehículos mejor equipados, los que atienden las emergencias médicas. Actualmente, esta flota es gestionada directamente por el SEM aunque los vehículos están sujetos a un contrato de alquiler a largo plazo o renting.

La red de laboratorios incluida en el plan incluye una veintena de centros

La segunda entidad pública en importancia económica es la empresa pública Instituto de Diagnóstico por la Imagen (IDI), que gestiona estos servicios en los ocho hospitales del ICS. El IDI, que en 2012 tuvo un presupuesto de 31,2 millones de euros y 320 empleados, trabaja con técnicas diagnósticas por imagen y medicina nuclear. En su parque tecnológico, la empresa dispone de hasta 37 equipos de resonancia magnética, tomografía computarizada y por emisión de positrones, angiografíavascular y gammacámaras.

Otra sociedad que PWC propone subastar es el centro diagnóstico UDIAT, con un presupuesto anual de 26,9 millones de euros y 375 trabajadores. El centro, que realiza alrededor de 6.000 pruebas analíticas diarias y cuenta con más de 30 equipos tecnológicos de diagnóstico por imagen, está gestionada por la Corporación Sanitaria del Parc Taulí de Sabadell y tiene una población de referencia de 400.000 personas.

Entre el resto de entidades y empresas públicas que el plan contempla, hasta una docena, destacan también la plataforma logística Logaritme, que surte de todo tipo de suministros a los centros sanitarios catalanes. El año pasado, Logaritme tuvo un presupuesto de 16,5 millones y un equipo de 224 trabajadores.

Los laboratorios son la última gran porción de la sanidad que PWC quiere sacar a subasta. En este caso se trata de dos sociedades —Laboratorio de Referencia de Cataluña y el Consorcio de Laboratorios Intercomarcales Alt Penedès, L’Anoia y el Garraf— que no dependen directamente de la Generalitat, sino de hospitales y entes financiados por ella.

PWC propone trocear el SEM para subastar vehículos y la sala de control

El Laboratorio de Referencia de Catalunya tuvo una facturación de 20, 2 millones de euros en 2012 y dispone de una plantilla de 120 personas. La empresa, que cuenta con siete laboratorios propios y cinco asociados, da servicios de información y consultoría de análisis clínicos a numerosos centros sanitarios.

El Consorcio Intercomarcal, por su parte, forma una “red territorial de laboratorios clínicos básicos” presente en Vilafranca del Penedès, Sant Pere de Ribes, Igualada, L'Hospitalet y Sant Joan Despí. Su presupuesto anual asciende a 12,6 millones de euros y cuenta con una plantilla de 124 personas.

El plan, por último, también prevé subastar el ente Coordinación Logística Sanitaria, que da servicio al área del Vallés Occidental y desarrolla actividades económicas auxiliares relacionadas con el almacenamiento y la logística de materiales, bienes y documentación sanitaria. Cuenta con un presupuesto anual de 2,6 millones y 35 trabajadores.

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