La corrupción sale a cuenta

Los papeles y dineros de Luis Bárcenas y sus presuntos sobrecogedores, la ministra pasmada y sus chollos, los sablazos al erario con motivo de la visita del Papa a Valencia, las tribulaciones del duque de Palma sin ánimo de lucro y el lucro indignante de los empapelados por el llamado caso Cooperación, los trapicheos de mil munícipes depredadores así como la docena más de episodios que aviva estos días la cacofonía de los tertulianos, las cabeceras periodísticas y esa hoguera de proporciones insólitas que es la corrupción, que no solo amenaza con llevarse por delante a este Gobierno del perplejo Mariano Rajoy —como antes se llevó al del autonómico y pío Francisco Camps—, sino que delata algo mucho más grave: el desarme de los ciudadanos ante esta lacra criminal que no han sabido o querido atajar socialistas ni populares, reos de un mismo reproche.

Robar en este país —sobre todo al erario público— sale a cuenta, siempre y cuando no sea gallinas. La justicia no da abasto y el jodido vecindario contempla —menos resignado cada día— cómo los chorizos poderosos se salen de rositas. Sí, es cierto, en el sistema judicial se perciben brotes verdes, como el hálito de unas nuevas promociones de juzgadores ajenos a la orla de los De la Rúa y asimilados. Pero queda demasiada tela por cortar. En realidad, faltan muchos garzones —vergonya, cavallers, vergonya— y sobran hampones. Defectos de forma, sobreseimientos, prescripciones —aunque nunca para los desahucios y la miseria—, recursos de rábula, indultos y aforamientos. Eso, ¿a santo de qué pervive este privilegio anacrónico que suele pertrechar a fulanos —y fulanas— capaces de robarle el platillo a un ciego, el ahorro a unas monjas o la sopa a un damnificado de Haití? ¿Qué protección necesita esta carne de trena en expectativa de destino?

Ha faltado —y en esa estamos— voluntad política para frenar esta calamidad corruptora. El poder judicial, tan ensimismado y corporativo, tiene un atenuante constatado: a sus viejas inercias ha sumado la carencia crónica de los medios adecuados para afrontar el alud contencioso que le ha venido encima. Ahora mismo, jueces y fiscales de la Comunidad Valenciana están reclamando al Consell más recursos materiales y personales para afrontar las causas decantadas por la corrupción y los delitos económicos. A tal fin tienen concertada una entrevista con el consejero de Justicia y Gobernación que a nuestro juicio será tan eficaz como pedirle peras a un alcornoque. La Generalitat del PP está en la ruina y, además, no sería lógico que engrasase la máquina que previsiblemente enviará al trullo a tantos de sus cofrades —decimos del Gobierno— implicados o procesados.

Nos consta que no es civilizado postular penas infamantes para la densa patulea de impresentables que nos han robado con el agravante de haber envilecido la dedicación política. Con toda seguridad el lector podría citar una o dos decenas de mangantes de los muchos que han hecho méritos para lucir un distintivo de su condición, una especie de pico pardo —imaginamos— como se les requería a las prostitutas que salían de sus barrios acotados. Una forma u otra de señalarlos. Lo malo de la fórmula es que, siendo tantos y tantas las personas implicadas en chorizadas, este País Valenciano proyectaría la imagen de un paraíso colonizado por la delincuencia, lo que, a la postre, siendo injusto, tampoco desautorizaría la fama que nos hemos labrado.