Jerez no acredita la objetividad del despido de 260 empleados municipales

El gobierno municipal de Jerez, capitaneado por la alcaldesa María José García Pelayo (PP), no ha podido justificar ante un tribunal que los 260 despidos que ejecutó el pasado mes de septiembre fueran objetivos, como se requiere en una administración pública. En el juicio celebrado ayer en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Sevilla quedó demostrado que no existió ningún documento escrito o baremación que determinara el personal afectado por la regulación de empleo.

El abogado del Consistorio achacó esta ausencia de informes objetivos a que “ningún delegado municipal o técnico quería firmar” una selección de afectados “para no ser señalado”. “Hubo mucha presión mediática, tensión, insultos y hasta amenazas de muerte”, argumentó la defensa.

Una vez admitido que no hubo baremación ¿quién decidió qué empleados perderían sus puestos de trabajo? El letrado del Ayuntamiento explicó ante la juez Eva María Gómez que fueron “los delegados municipales los que adoptaron la decisión por conocimiento propio, por observación o indagación, por consulta con otros delegados, con la propia alcaldesa y, finalmente, mediante contactos formales e informales con técnicos municipales”.

Hasta seis directores o coordinadores de área negaron en el juicio que fueran consultados sobre los contratos a extinguir. Según sus testimonios, ni hubo reuniones, ni informes verbales, ni les preguntaron.

Los directores de las delegaciones de Urbanismo y Medio Ambiente reconocieron haber mantenido conversaciones con los responsables políticos de sus áreas para determinar “qué personal era más eficiente”. Sin embargo, ambos admitieron que en esas reuniones no se determinaba “ni la cualificación profesional ni la formación de los empleados”. Este aspecto sí debería haber sido elemento de valoración.

El propio delegado municipal de Impulso Económico, Francisco Cáliz, reconoció en su declaración que él mismo elaboró un listado de “imprescindibles”. Preguntado sobre si conocía los criterios para seleccionar el personal afectado, reconoció que sólo sabía “algunos” y citó dos: “conocimiento y antigüedad”. Este último criterio había sido descartado por el propio gobierno.

Las cinco secciones sindicales que demandaron al Ayuntamiento por supuestas “irregularidades” en la tramitación del ERE pidieron la nulidad del expediente al entender que fue “subjetivo y arbitrario”. “ Fue una caza de brujas”, remachó la representación legal de los trabajadores.

Para el Ayuntamiento, en cambio, “no hubo criterios discriminatorios, arbitrariedad y, mucho menos, persecución política y sindical”. En la vista, todos los técnicos que declararon como testigos negaron que los delegados municipales les preguntaran sobre la filiación política o sindical de la plantilla.

La situación financiera municipal centró parte de la sesión. Los trabajadores sostienen que la causa económica no está justificada porque el último resultado presupuestario ajustado conocido (2011) arrojó un superávit de 3,1 millones de euros. El Ayuntamiento contrapuso a este argumento que tenía un remanente negativo de tesorería de 422 millones de euros y era incapaz de atender sus obligaciones más básicas.