Huelva privatiza agua y basura

Se venden los servicios de agua y basura de la provincia de Huelva. La empresa Aquagest ya gestiona el suministro de la capital y los más de 60 municipios que forman parte de Giahsa, la empresa pública de la mancomunidad onubense Mas, están a punto de dejar sus servicios en manos privadas. De nada ha servido el pacto firmado por todos los partidos en septiembre de 2011 para salvaguardar la sociedad pública. Giahsa negocia la concesión a sociedades privadas ante la presión de municipios que buscan financiación con la venta de servicios de los que nadie puede prescindir. Ni los partidos políticos de izquierda ni los sindicatos lo defienden, pero todos lo dan por hecho.

Cuando el alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez (PP) vendió en noviembre de 2010 el 49% de su servicio municipal a Aquagest ya lo advirtió: “Muchos municipios españoles nos emularán”. Y así ha sido. La gestión privada ya es mayoritaria y esta ola arrastra a Giahsa, una empresa que hace años tenía beneficios y que ahora se encuentra en situación crítica.

“El proyecto nació fallido. La sociedad pública era una gran empresa de servicios y la convierten en una fuente de financiación municipal”. Así resume la situación Emilio Fernández, secretario general de CCOO y exresponsable de medio ambiente del sindicato en Huelva. El diagnóstico, que comparte UGT, se corresponde con la evolución de la empresa.

La progresiva salida de grandes municipios de la mancomunidad para privatizar sus servicios y conseguir así dinero para los Ayuntamientos hizo inviable la sociedad pública. Ante una guerra del agua de gran calado político, todos los partidos firmaron un pacto para “garantizar la prestación a los ciudadanos de servicios básicos, como el del ciclo integral del agua y de los residuos sólidos urbanos,” y salvar medio millar de puestos de trabajo.

Pero la urgencia de las necesidades financieras de los Ayuntamientos hizo que siguieran las deserciones. Finalmente, Giahsa se comprometió a solicitar un crédito de 100 millones y alquilar las redes de distribución a los municipios, con lo que éstos obtendrían los mismos fondos que les ofrecía la empresa privada, aunque sin renunciar al servicio público.

Pero los municipios quieren la parte correspondiente a los 25 años de canon que pretendían obtener de la empresa privada y, ante la imposibilidad de Giahsa de abonar toda la cantidad —aunque sí ha cumplido con el pago anual previsto—, cinco municipios comienzan los trámites para abandonar y otros presionan.

IU acusa al PP de “dinamitar” el pacto del agua y al PSOE de “hacerle caso”

Los trabajadores se manifestaron una y otra vez, pero finalmente han aceptado la “externalización de servicios” —eufemismo con el que la empresa denomina la concesión—, “como un mal menor”, según admite Emilio Fernández.

“Estamos en una encrucijada”, añade el presidente del comité de empresa de Giahsa, Manuel Rodríguez, quien culpa de la situación a las “necesidades de los ayuntamientos, generadas por una mala gestión”, y a que el agua es “el único servicio del que pueden sacar tajada”. Pese a su oposición, la asamblea de trabajadores ha permitido a la dirección sacar a concurso los servicios por 25 años. “Es una derrota, pero no queremos perder la guerra. De seguir así, podríamos perder todos los empleos”, argumenta.

“Los abandonos [de municipios] hacen muy difícil la viabilidad de la empresa. A eso se suma la mala gestión y que las entidades financieras no quieren prestar a Giahsa”. Esta es la tormenta perfecta que describe el coordinador de IU en Huelva, Pedro Jiménez, quien añade las “medidas del Gobierno central favorables a que las empresas públicas desaparezcan”. Jiménez acusa abiertamente al PP de “dinamitar” el pacto por el agua que firmaron todos los partidos y al PSOE por haber “hecho caso al PP”.

Los socialistas aseguran que no se perderá el control público

Jesús Ferrera, secretario de Organización del PSOE onubense y diputado, quiere ser optimista y explica que, pese a la concesión, no se va a perder el carácter público porque serán los Ayuntamientos, a través de la mancomunidad, los que establezcan las condiciones y estén vigilantes para que se cumplan. “Es como si dejamos el mantenimiento de un jardín a una empresa: el jardín sigue siendo público”, explica para defender la opción de la concesión como la única vía de “salvar la empresa y los puestos de trabajo de los que dependen 500 familias”. También advierte que cualquier decisión tiene que ser colectiva porque si se deja que cada uno busque una salida, “habrá pueblos con enormes dificultades para garantizar el abastecimiento”. “No vendemos, es una concesión” , insiste Ferrera quien, por un lado, alaba la disposición del PP a buscar una salida conjunta y, por otro, lamenta que fueran sus alcaldes los que iniciaran la crisis de Giahsa.

El Partido Popular no respondió a las reiteradas llamadas de este periódico para que aportara su versión sobre la situación.