Anticorrupción sostiene que Blasco se delató en las Cortes al defender a Tauroni

Los dos principales protagonistas del presunto saqueo de fondos públicos destinados a ayudar a países en desarrollo son el empresario Augusto César Tauroni —que en estos momentos ocupa una celda en el centro penitenciario de Picassent— y un viejo conocido suyo, el ex consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, imputado por los delitos de fraude de subvención, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental; y al que el fiscal y la policía consideran “director” de la trama.

La Fiscalía Anticorrupción ha constatado que la relación entre ambos —en lo que respecta a adjudicaciones de contratos a Tautoni por consejerías dirigidas por Blasco— alcanza a más de una década. Y que, desde entonces, el exconsejero sabía perfectamente quien era el que actualmente es el único encarcelado por el presunto desvío de dinero, como muestra una comparecencia de Blasco en las Cortes Valencianas de 2002, en la que defendió encendidamente un contrato otorgado a la empresa Lonerson, vinculada a Tauroni. “Resulta evidente que conocía qué era Lonerson, cuál había sido su trayectoria y, desde luego, quiénes la dirigían, que no eran otros que los imputados Augusto César Tauroni y Adolfo Soler Sempere, quienes casualmente serían los fundadores de la Fundación Entrepueblos [que ocupa un lugar central en la trama del caso Blasco]”, según el escrito que Anticorrupción ha enviado al juez. Toda esta información forma parte de los documentos que el ministerio público está remitiendo a la juez para que los añada al sumario de la causa.

Anticorrupción se ha remontado al año 2001, fecha en la que Blasco era consejero de Bienestar Social. Y ha solicitado a la juez que instruye el caso que incorpore investigaciones “que acreditan la previa relación entre los imputados Rafael Blasco Castany y Augusto César Tauroni”. De los documentos que ha recopilado el ministerio fiscal, se desprende que Blasco, “en su condición de consejero de Bienestar Social, adjudicó directa o indirectamente a empresas del imputado Augusto Tauroni o vinculadas con él contratos públicos por valor de 8,3 millones de euros” desde aquel año.

Pero el escrito de la fiscalía no se limita a la simple constatación de estos datos. También se detiene en la comparecencia que efectuó el exconsejero en las Cortes Valencianas en defensa de un millonario contrato que concedió a Tauroni desde Bienestar Social. Fue en abril de 2002, una década antes de que estallara en toda su magnitud el caso Blasco, la investigación sobre la red de supuestas ONG y empresas —detrás de las que volvió a emerger Tauroni— que resultaron adjudicatarias de fondos para países en desarrollo concedidos por la extinta Consejería de Solidaridad y Ciudadanía mientras la dirigía Blasco. Un escándalo que ha desplazado al exconsejero a la cuneta política.

El suculento contrato al que alude la fiscalía y sobre el que se debatió en las Cortes consistió en la adjudicación a la unión de empresas Tissat-Lonerson de la gestión de los Centros Mujer 24 horas por 6,7 millones de euros. Lonerson estaba dirigida por Tauroni, y Blasco tuvo que explicar “la adjudicación de un contrato tan cuantioso sin presentar experiencia [por parte de Lonerson”, según el escrito de la fiscalía. La intervención del exconsejero ante los parlamentarios refleja una cerrada defensa de la adjudicataria y del proceso de contratación por parte de Blasco: “Ha sido transparente, limpio y sin tacha”. El exconsejero rechazó asimismo las acusaciones de irregularidades lanzadas por la oposición hacia la empresa y el contrato. Todo se trataba de “un embrollo político-mediático”.

A medida que avanza la investigación sobre el caso Blasco, la fiscalía está abriendo el foco sobre las vinculaciones existentes entre Blasco y Tauroni. El ministerio público está recopilando información de contratos adjudicados a empresas vinculadas a Tauroni por consejerías dirigidas por Blasco —permaneció en el Consell ininterrumpidamente desde 1999 hasta 2011—. Ello apuntalaría la tesis de que existió una práctica sostenida en el tiempo según la cual el exconsejero favoreció, desde los departamentos que ocupó, el desvío de fondos públicos a Tauroni a través de contratos con sus empresas.

Otro de los documentos aportados por la fiscalía es una información publicada por este diario en 2006. La noticia hacía referencia a la visita de Tauroni al despacho de Blasco cuando era consejero de Sanidad. Poco después estalló una crisis en la consejería por los contratos del área de informática. Entre los adjudicatarios de estos concursos figuraron, una vez más, empresas en la órbita de Tauroni.