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Plan de intenciones para frenar la inseguridad en la Cañada Real

Rivas se desmarca del protocolo al considerar erróneas las prioridades de la Comunidad El protocolo se limita 800 palabras justas a lo largo de cuatro folios

F. Javier Barroso
Raúl López, Cristina Cifuentes, Ignacio González y Ana Botella muestran a los medios el convenio.
Raúl López, Cristina Cifuentes, Ignacio González y Ana Botella muestran a los medios el convenio.LUIS SEVILLANO

Las tres Administraciones madrileñas, central, autonómica y local, se han unido esta mañana a través de un convenio para intentar erradicar la delincuencia en la Cañada Real, un plan de intenciones que no concreta ni fechas ni número de agentes destinados ni el plazo máximo de tiempo para su realización. En el último momento se ha descolgado del acto el alcalde de Rivas Vaciamadrid, José Masa (IU) al entender que primero habría que haber atendido los servicios sociales en lugar de la seguridad.

En la firma del convenio han estado el presidente regional, Ignacio González, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, y los alcaldes de Madrid y Coslada, Ana Botella y Raúl López respectivamente. El protocolo contempla como primera medida la creación de una mesa institucional en el que estarán las tres Administraciones y una comisión de seguridad conjunta en la que participarán los mandos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las diferentes policías municipales.

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Una de las primeras medidas será realizar un calendario de trabajo, que se desarrollará en tres fases. Primero, se hará un diagnóstico de la delincuencia en toda la zona, en especial del sector VI, conocido por ser un foco de tráfico de estupefacientes. Este diagnóstico también incluirá un mapa de la delincuencia detallado con los problemas de cada zona.

La segunda fase supondrá preparar acciones en función del territorio y de las distintas funciones de los cuerpos policiales. La tercera y última, el diseño y desarrollo de las distintas operaciones para “detectar la vulnerabilidad y las amenazas de los diferentes habitantes de la Cañada”,  ha destacado Cifuentes. El protocolo se limita 800 palabras justas a lo largo de cuatro folios en los que no hay ni un solo dato, ni un desglose de personal ni unos plazos marcados para conseguir estos objetivos. Solo en el tema de efectivos se limita a una frase: "Las partes firmantes se comprometen, en el ámbito de sus competencias y posibilidades, a facilitar los medios necesarios para la implementación de los objetivos del presente protocolo en las diversas fases del mismo".

El alcalde de Rivas ha destacado que, en su opinión, son prioritarios los problemas sociales de los vecinos de la antigua vía pecuaria. “Estamos en contacto con la Comunidad para que nos cuente el plan urbanístico que propuso hace un par de semanas a través de los medios antes de hacerlo llegar a las administraciones implicadas. Y en esa reunión que tengamos queremos hacerle llegar de viva voz al consejero de Asuntos Sociales que es precisamente un plan de intervención social la piedra sobre la que deberemos construir una solución duradera para la Cañada Real”, ha concluido Masa, que no ha estado en la firma.

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Cifuentes ha recordado que en la Cañada viven 7.000 vecinos y que, quitando el llamado Sector VI, la zona tiene los mismos niveles de delincuencia e incluso menores que el resto de la región. También ha indicado que, en esta zona conflictiva de tráfico de estupefacientes, la policía y la Guardia Civil ha realizado durante el año pasado 16 grandes actuaciones que han permitido efectuar más de 100 detenciones y el derribo de 52 chabolas tipo búnker dedicadas al tráfico de drogas. “Hay que poner fin a una situación incompatible con el Madrid del siglo XXI. Como digo siempre, sin seguridad no hay libertad”, ha señalado Cifuentes.

González ha destacado que los tres ejes por los que debe pasar la solución del problema de la Cañada son, junto con la seguridad, el urbanismo y los problemas sociales. Se trata de un conjunto de actuaciones que deben hacerse de manera "coordinada y sucesiva". El objetivo es resolver los problemas de esta zona, erradicar las infraviviendas y que se acabe con las actividades delictivas para poder desarrollar un barrio ordenado”, ha concluido el presidente regional.

Por su parte, Botella ha recordado la función de la Policía Municipal de Madrid, que ha llevado a cabo controles de alta visibilidad y cuya función es evitar los delitos en especial la quema de vehículos. “Nuestro trabajo se va a centrar en la prevención y en asegurar la convivencia vecinal de forma coordinada con la Policía Nacional y la Guardia Civil”, ha afirmado la alcaldesa de Madrid. Su homólogo de Coslada ha agradecido “la eficacia y la rapidez”, en la firma del protocolo de seguridad.

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Sobre la firma

F. Javier Barroso
Es redactor de la sección de Madrid de EL PAÍS, a la que llegó en 1994. También ha colaborado en la SER y en Onda Madrid. Ha sido tertuliano en TVE, Telemadrid y Cuatro, entre otros medios. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, está especializado en Sucesos y Tribunales. Además, es abogado y criminólogo.

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