Mas cuestiona la figura del imputado mientras la fiscalía señala a Oriol Pujol

El presidente catalán pregunta a los expertos qué hacer con los cargos imputados

VÍDEO: ATLAS | ALBERTO ESTÉVEZ (EFE)

Acorralado por los casos de corrupción que salpican a Convergència i Unió, Artur Mas intentó ayer lanzar un mensaje de firmeza llamando a la actuación conjunta de todos los partidos catalanes para “hacer limpieza”. El presidente de la Generalitat se reunió durante dos horas con los representantes de los órganos judiciales y de control que operan en Cataluña, en un encuentro del que salió poco más que con una declaración de intenciones.

Mas se negó a valorar la delicada situación del número dos de Convergència, Oriol Pujol, a quien la Fiscalía Anticorrupción pide imputar por tráfico de influencias dentro del caso de las ITV. El presidente catalán se esforzó en cuestionar la figura del imputado justo el día en que la Fiscalía señaló a Pujol como jefe de la trama que intentaba amañar los concursos de las estaciones de inspección de vehículos. En otro intento de mostrarse reactivo ante los casos de corrupción Mas propuso recuperar —y aplicar— un acuerdo firmado por los partidos catalanes en 2001 con medidas de transparencia y que desde entonces apenas se ha aplicado.

Al encuentro, al que no fueron invitados los partidos políticos, fueron convocados la presidenta del Parlament, Núria De Gispert; el del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Miguel Ángel Gimeno; el fiscal superior de Cataluña, Martín Rodríguez Sol; el Síndic de Cuentas, Jaume Amat; el Síndic de Greuges, Rafel Ribó, y el director de la Oficina Antifraude (OAC), Daniel de Alfonso.

El presidente de la Generalitat quiso pronunciarse en la conferencia de prensa posterior sobre la posible imputación del secretario general de Convergència Democràtica, Oriol Pujol, por el caso de las ITV. “Es él quien tiene que dar o no un paso atrás”, dijo. Mas lo fía todo a un acuerdo político para decidir qué hacer cuando un cargo público es imputado. “Es imprescindible por el bien de todos, también del conjunto de la sociedad, tener normas acordadas en estos casos” de corrupción. En opinión del presidente se tiene que encontrar un punto “de mutuo acuerdo” sobre cuándo un político imputado debe apartarse del cargo. Con todo admitió: “No sé si será posible”. Preguntado por si él dimitiría en caso de ser imputado, sugirió que no lo haría sin una condena o, como mínimo, “evidencias claras” de culpabilidad.

El fiscal cree que  el ‘número dos’ de CDC quiso “lucrarse” con la trama de ITV

Respecto al caso concreto de Oriol Pujol, a quien el fiscal considera jefe de la trama que intentó amañar los concursos de estaciones de ITV en Cataluña, Mas solo reiteró que cada uno debe decidir si, manteniéndose en el cargo, perjudica el proyecto colectivo. El secretario general de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, también entró en el debate en Catalunya Ràdio, donde aseguró que, de resultar imputado, dimitiría.

Según la Fiscalía Anticorrupción, Pujol “coordinó, dirigió y amparó la actividad delictiva” de los imputados en el caso ITV, una trama para amañar concursos públicos de estaciones de ITV. Pujol pretendía “lucrarse personalmente” a través de una empresa que, previsiblemente, iba a ser beneficiada tras ejercer él su “influencia política” sobre el resto de los implicados. En su informe, que ayer fue publicado por El Periódico de Catalunya, la Fiscalía Anticorrupción pide la imputación de Pujol por tráfico de influencias. El líder nacionalista presionó a un cargo del Departamento de Industria para colocar a su amigo Josep Tous como “mediador” de la Generalitat en el conflicto que enfrentaba a empresas del sector; y a Isidre Masalles, en otro cargo de ese departamento. Ambos están imputados en la causa junto a tres empresarios. Uno de ellos, Sergi Alsina —íntimo de Pujol—, pagó a la mujer de este elevadas facturas que, según Hacienda, no se corresponden con trabajos reales.

VÍDEO: ATLAS | FOTO: EL PAÍS

Fuentes conocedoras de la reunión de ayer explicaron que vieron a un Artur Mas especialmente interesado en conocer la opinión de los expertos sobre cuándo tiene que dimitir un político imputado. “Es como si esperara que los asistentes le marcaran las líneas rojas de cuándo tiene que dimitir Oriol Pujol”, explicaron estas fuentes. El nombre de Pujol no apareció en toda la reunión, pero su caso flotó en el ambiente durante buena parte del encuentro.

El presidente catalán presentará un documento en los próximos 15 días con algunas propuestas para atajar la corrupción. Ya adelantó que propondrá a los partidos reimpulsar, como ley, el acuerdo de 2001 firmado por todos los partidos presentes en la Cámara catalana en aquellos momentos. El acuerdo propone prohibir las donaciones a partidos por parte de empresas contratadas por la Administración, como las constructoras. También comprometía a los partidos a presentar un presupuesto previo de sus campañas electorales a la Sindicatura de Cuentas, así como una autolimitación del gasto y otras medidas de transparencia.

El presidente repesca un acuerdo fallido de 2001 para intentar un pacto anticorrupción

El acuerdo parlamentario de 2001 no se ha cumplido, pero los partidos sí han obtenido una clara rentabilidad económica de él al haber incluido en el pacto la garantía de que el Parlament subvencionaría a los grupos parlamentarios a través de las arcas públicas. Solo en el periodo 2001-2003, los partidos catalanes recibieron subvenciones adicionales por valor de 15 millones de euros. Mas dijo ayer que desconocía estas cifras y no respondió a la pregunta de si los partidos deberían devolver este dinero si no han cumplido la totalidad del acuerdo y las cláusulas de transparencia.

La Sindicatura de Cuentas ya cargó duramente en 2009 contra el incumplimiento de este pacto de transparencia. El órgano fiscalizador de la Generalitat concluyó que solo un partido disminuyó el gasto electoral entre 1999 y 2006 y que solo dos partidos (CiU e Iniciativa) presentaron un presupuesto previo de su campaña electoral en el plazo previsto. Ningún partido remitió a la Sindicatura en este periodo una copia del informe remitido al Tribunal de Cuentas. La Sindicatura también tiene problemas para auditar las fundaciones de los partidos, ya que algunas de estas fundaciones no están directamente vinculadas con las formaciones políticas y existen problemas legales para fiscalizarlas.

Los partidos catalanes, excepto ERC, criticaron duramente el resultado de la reunión de Artur Mas, que vieron como una simple fotografía del presidente . La decepción llegó hasta el punto de que la presidenta del Parlamento canceló una segunda reunión prevista para hoy con todas las formaciones, puesto que el Partido Popular, Iniciativa y Ciutadans ya adelantaron que no pensaban acudir. Mas se ha comprometido a explicar ante el Parlamento las medidas a aplicar.

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Periodista de El País. Sección política.

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