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COMPARECENCIA DE MAS.  El presidente catalán anuncia que ha dado instrucciones a los servicios jurídicos de la Generalitat para llevar a cabo acciones jurídicas contra el Gobierno español "por abuso de poder y de derecho"

La Xunta contrata a dedo más de la mitad de las obras y servicios

El Gobierno de Feijóo abusa de un modelo que la ley reserva para casos puntuales

El conselleiro Agustín Hernández y la directora de la Axencia de Infraestruturas, en 2010. / ANXO IGLESIAS

La Xunta ha pisado el acelerador en obviar los concursos públicos durante 2012, año electoral y último del primer mandato de Alberto Núñez Feijóo. El 56% de los 593 contratos de obras, suministros y servicios de la Administración gallega, sin contar el Sergas, fueron adjudicados a dedo. Bajo la modalidad de negociado sin publicidad, el Gobierno gallego, sus entes, organismos y sociedades otorgaron 263 contratos. Otros 70 tampoco se anunciaron en el Diario Oficial de Galicia pese a licitarse por un procedimiento abierto. Tan solo se informó en Internet a través de la plataforma de contratación pública de Galicia, lo que acota, y mucho, la participación de empresarios.

Numerosas son las adjudicaciones a dedo y elevada su cuantía total: 73,7 millones de euros (IVA incluido), casi una cuarta parte del dinero público dedicado a obras, bienes o servicios. Es una práctica generalizada en todos los departamentos pese a ser el negociado sin publicidad una modalidad opaca, reservada por ley solo a casos o razones puntuales y justificadas, como la urgencia de hacer determinada contratación. Y sale cara para las arcas públicas. Al no haber concurrencia, apenas se logran rebajas del coste real de la obra o servicio sobre el precio inicial de licitación.

Pero la Xunta recurre a este procedimiento para todo tipo de contrataciones, incluso costosas infraestructuras públicas o por valor muy por encima del límite legal, ya de por si muy amplio. Los negociados sin publicidad solo se permiten para obras valoradas en hasta 200.000 euros (sin contar el IVA) y suministros o servicios de menos de 60.000 euros. Son múltiples las triquiñuelas para bordear la Ley de Contratos del Sector Público y eludir los concursos, como fraccionar una obra en varias fases para facilitar su adjudicación a dedo. La Axencia Galega de Infraestructuras otorgó así “un complementario en la variante de Ortigueira”, por importe de cuatro millones de euros a la constructora Copasa. Y casi un millón de euros a otra empresa en julio para “complementar el acondicionamiento” de un tramo de carretera en Lugo. La urgencia tampoco se justifica en muchos otros ejemplos de adjudicaciones a dedo, como los 294.000 euros que otorgó la Secretaría de Política Lingüística en abril para “la producción de una programación para el público familiar con bebés”.

Entes opacos

La Sociedade Pública de Investimentos (SPI), a diferencia de la Axencia Galega de Infraestruturas a la que está adscrita, no hace adjudicaciones negociadas sin publicidad. Pero con un elevado volumen de inversiones, tampoco prima la transparencia y la concurrencia en sus contrataciones al eludir el Diario Oficial de Galicia y restringir los anuncios de las obras que licita, algunas millonarias, a la web de la plataforma del sector público en Galicia. Y esta sociedad dependiente de la consellería que dirige Agustín Hernández también es muy dada a fraccionar los contratos para facilitar las adjudicaciones con una mínima publicidad. Valgan de ejemplo las seis obras de reparación de firmes de carreteras o caminos que, por un importe total de 2,22 millones, otorgó en junio. La empresa pública de Servizos Agrarios Galegos (Seaga) también hizo lo mismo ese mes con otros tantos contratos de obras en caminos rurales, en total 2,1 millones.

Todo lo contrario de la Secretaría Xeral de Turismo que siempre opta por negociar sin publicidad, esto es a dedo y sin concurso público, para adjudicar obras como la rehabilitación de un edificio en las antiguas minas de San Fix, en Lousame (197.962 euros), dotar de módulos prefabricados el albergue de peregrinos de Silleda (218.518 euros) o repartir entre cinco periódicos y tres radios páginas o cuñas publicitarias de la marca turística de Galicia, casi medio millón de euros financiados al 80% con fondos europeos. La Xunta anunció para marzo la creación de una agencia que englobe todo lo referente a turismo en Galicia.

Tras las elecciones del 21 de octubre, la conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, tampoco tuvo reparo en adjudicar a dedo y de una tacada 11,82 millones a la sociedad Atención Integral Personalizada para su macrorresidencia privada de personas con discapacidades físicas abierta en Bóveda (Lugo). Casi la mitad de los 78 contratos de esta consellería en 2012 fueron adjudicados a dedo. Y arbitraria la fórmula que elige para resolverlos: convocó un concurso abierto para un servicio de transporte a un centro de día, un contrato de solo 35.105 euros en el que logró una rebaja del coste del 5%, pero concedió a dedo, y sin apenas rebaja, 244.000 euros para impartir especialidades en centros de FP.

En meses de escasas contrataciones públicas, como febrero, las concedidas sin mediar concurso público representaron el 71% (5,74 millones) del volumen mensual adjudicado. En noviembre, la Xunta, entonces en funciones, adjudicó de forma directa o al margen del Diario Oficial 26 contratos por valor de 14,8 millones, el 44,7% del gasto contratado ese mes.

Son múltiples las advertencias jurídicas y del Tribunal de Cuentas contra el exceso de contratos negociados sin publicidad. Mediante un concurso público, la Xunta logra reducir un 13% de media el importe de la contratación. Por el contrario son nulas o insignificantes (menos del 2%) las bajas del coste real sobre el precio de licitación de una obra o un servicio. Como ocurre con la nueva Axencia Galega de Infraestruturas, que concentra las decisiones sobre obras públicas y la gestión de las carreteras autonómicas. “Supondrá el ahorro de un millón de euros en gestión burocráticas de expedientes de obras”, decía Núñez Feijóo al anunciar su creación. Pero en su primer año de funcionamiento adjudicó a dedo y con nulas rebajas en el presupuesto inicial la mitad de sus contratos, unos 4,4 millones de euros. El importe de los contratos resueltos mediante concurso público solo sumaron 2,08 millones. Pero se logró, con esta fórmula, reducir un 18% de media el coste de esas adjudicados.

 

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