Una multinacional para un centro infantil
Barcelona adjudica la gestión de El Drac de Sant Martí a la empresa Eulen
Una multinacional de servicios a empresas, especializada en limpieza y seguridad, gestionará el casal infantil El Drac. El Ayuntamiento de Barcelona adjudicó el pasado lunes a Eulen el centro de Sant Martí, que hasta ahora llevaba la entidad social Encis. Las cuatro trabajadoras, dos con más de seis años de antigüedad,tienen garantizado el empleo porque el pliego de condiciones obliga a que sean subrogadas por la nueva compañía. Es decir, realizarán la misma tarea para otra empresa, que a diferencia de la anterior tiene ánimo de lucro y está entrando en sectores que las administraciones esgrimen como deficitarios.
El Drac abres sus puertas por las tardes desde hace casi 26 años. Atiende a niños y jóvenes del barrio de la Verneda-La Pau y de Sant Adrià de Besòs, el fronterizo municipio vecino. Los menores, de cuatro a 16 años, realizan actividades gratuitas de lunes a viernes. La mayoría son hijos de los primeros destinatarios del servicio, que se puso en marcha en los años ochenta. En verano se convierte en el casal d’estiu para un barrio con riesgo de exclusión social, la renta familiar está por debajo de la media de la ciudad, muy necesitado de proyectos pedagógicos.
El procedimiento de contratación es público y está sujeto a varios criterios, como el precio y las características técnicas. La nueva adjudicataria ganó el concurso, aunque no superó la parte técnica, aquella que define los servicios a prestar. “Nos parece inaceptable que se deje la gestión pública de un centro cívico infantil en manos de una empresa que no ha demostrado la capacidad técnica suficiente para llevar a cabo el servicio. No es una ilegalidad, pero es una mala práctica generalizada en las administraciones”, asegura Laia Grabulosa, portavoz de la confederación Empresarial de la Economía Social en Cataluña.
Encis, la Fundación Pere Tarrés y el grupo Eulen fueron los tres concursantes finales. Los dos primeros obtuvieron 13,25 y 9 puntos respectivamente en el apartado técnico, sobre un total de 16. La adjudicataria se quedó en 6,25, según fuentes del proceso. Hay varios factores puntuables en esta parte, como la mejora de la programación y de los medios tecnológicos y materiales. El resto de puntos se obtienen con la oferta económica, hasta un total de 33. Las respectivas propuestas eran de 90.992 euros (Encis), 89.280 euros (Pere Tarrés) y 86.286 euros (Eulen). La diferencia entre la cara y la barata: 4.706 euros. El ayuntamiento niega que haya primado el coste. “Hemos valorado la suma de todos los aspectos, unos cuantificables y otros, juicios de valor”. Los primeros, básicamente la oferta económica, representan el 67% del total. La parte técnica, el 32,6%.
El Consistorio explica que en el pliego de condiciones, que no incorpora medidas para evitar que el criterio económico tenga tanto peso, no se exigía cumplir unos mínimos “porque la nueva ley de contratos no obliga a hacerlo”. Sin embargo, en la mayoría de concursos, sobre todo en los de obras públicas, si no se obtiene el 60% de la puntuación en la parte técnica no se puede concurrir. En este caso, donde está en juego un proyecto pedagógico, Eulen obtuvo el 39%. La adjudicación, “con todas las garantías jurídicas”, según el ayuntamiento, puede ser recurrida. Encis lo estudia.
Con El Drac se da la paradoja de que la oferta más cara y peor valorada técnicamente ha sido la elegida, porque la ley de contratos del sector público obliga a evaluar antes del IVA. Sin embargo, al ser una mercantil, Eulen debe añadir el impuesto, lo que repercute en el contrato final, adjudicado por 94.915 euros. “Si hubiese sido una no lucrativa, al estar exentas por esta actividad, no se hubiese añadido”, dice Grabulosa.
Las entidades del tercer sector denuncian esta situación desde hace tiempo, porque la exención implica que “no tienen derecho a deducir el IVA” cuando adquieren bienes y servicios para la actividad. “Esto supone una desventaja competitiva con el resto de empresas mercantiles, ya que ese IVA representa un sobrecoste en la cuenta de resultados”.
Francesc Carmona, portavoz del grupo ICV-EUiA en Sant Martí, exigirá explicaciones en el próximo pleno del distrito, en marzo. “Estamos muy sorprendidos. Hasta ahora las adjudicaciones se daban a entidades sin ánimo de lucro que llevan años sobre el terreno con un proyecto pedagógico de proximidad. Es muy extraño que una compañía que no se dedica a ello la obtenga”.
Las entidades del tercer sector denunciaron el pasado lunes las “malas prácticas” de la administración en los concursos, porque priman el factor económico por encima de cualquier otro. El Drac no es el único caso. El departamento de Benestar i Família establece que “la oferta más económica recibirá la máxima puntuación”, 60 puntos, en el concurso en licitación para la gestión de L’Espurna, un centro residencial de acción educativa (CRAE) en Rubí. La puntuación máxima de la parte técnica es de 35 puntos.
También denunciaron que “se valore las horas gratuitas para rebajar indirectamente el coste real del servicio”. Territorio y Sostenibilidad otorgará hasta 21 puntos al que “amplíe el número de horas de dedicación semanal” para ganar el concurso de escuelas verdes. Está en fase de alegaciones.
