El juez investiga un fraude millonario del IVA en los comedores escolares

Imputados los presidentes de la Fundación Catalana del Esplai y de una patronal

El edificio de la Fundación Catalana del Esplai. / CARLES RIBAS

La justicia investiga un posible fraude millonario del IVA relacionado con empresas y fundaciones que ofrecen el servicio de comedor escolar y de monitores de los mismos. Las diligencias, abiertas en los Juzgados de Instrucción número 1 del Prat de Llobregat y número 7 de Martorell, deben determinar si existen responsabilidades por un presunto delito económico de estafa contra la Hacienda Pública que, según diversas fuentes, podría superar los 10 millones de euros.

Pedro Ariche, fiscal de delitos económicos, ha reconocido a EL PAÍS que la investigación se encuentra en su tramo final. La instrucción de El Prat de Llobregat se centra en la Fundación Catalana del Esplai —entidad sin ánimo de lucro dedicada a actividades para la infancia y la juventud— y en dos asociaciones (Asociación Catalana de Casas de Colonias y Asociación de Recursos de Servicios de Esplai) que forman parte de su entramado. Por otra parte, en Martorell investigan a 7 i Tria SA, empresa de Sant Andreu de la Barca, propiedad de Josep Oriol Carbonell, fundador y expresidente de la Associació Catalana d’Empreses de Lleure, Educació i Cultura (ACELLEC), patronal del sector. Actualmente, Carbonell es vicepresidente de ACELLEC y presidente de la Federación Estatal de Organizaciones Empresariales de Ocio Educativo y Animación Sociocultural (FOESC).

Las dos investigaciones judiciales están relacionadas con una consulta vinculante de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda, realizada a petición de la FOESC, según la cual se debe aplicar el 21% de IVA en el servicio de monitores de comedores escolares. En plena crisis, la noticia preocupa en escuelas y asociaciones de padres que temen un aumento en la factura.

Sin embargo, la información en torno a esta noticia es incompleta. Por una parte, se ha dado por hecho que todas las empresas del sector facturan sin IVA cuando no es así, lo que explica la indignación de varios empresarios consultados por EL PAÍS y que siempre han aplicado el impuesto. No en vano, la investigación se centra en algunos de los que llevan años facturando sin IVA. Por otra parte, tampoco se ha hablado de las investigaciones en curso ni se ha dicho que Carbonell es uno de los imputados.

Hacienda considera que las fundaciones distorsionan el mercado si no pagan IVA

El debate en torno a la exención del IVA en el servicio de comedor escolar lleva años coleando. A grandes rasgos, hay dos posturas. Por un lado están las empresas del sector de la restauración que aplican el impuesto y, por el otro, las empresas —no todas— y las fundaciones sin ánimo de lucro que facturan sin IVA. Según estos últimos, están exentos del impuesto por cumplir una función educativa. Ante este argumento, las empresas de restauración recuerdan que la ley es igual para todos, que el servicio es exactamente el mismo y se quejan de competencia desleal. “Durante estos años nos han perjudicado mucho”, admite una empresaria.

El conflicto empezó la senda judicial el 27 de marzo 2009, cuando el empresario Marcos Perea denunció a la Fundación Catalana del Esplai. En el documento exponía una consulta vinculante de la Dirección General de Tributos, donde se exponía que las fundaciones “compiten directamente con sociedades mercantiles que prestan los mismos servicios, pero pagando todos los impuestos, y que esta situación presenta graves distorsiones del mercado”. La resolución concluía que “en ningún caso los servicios de comedor escolar y de monitores pueden entenderse como complementarios de los servicios de asistencia social, sino que cada uno constituye una prestación de servicios independientes, siguiendo cada uno su propio régimen tributario”. La única excepción, aclara Hacienda, es cuando las entidades sociales prestan servicios a menores de seis años.

Sin embargo, la Fundación Catalana del Esplai no era la única en acogerse a la exención, también lo hacían empresas como 7 i Tria SA. Ante tal situación, el 3 de junio de aquel 2009, Juan Ignacio Xiberta, abogado del denunciante, envió un burofax a la ACELLEC advirtiéndoles de las irregularidades detectadas y de la consulta vinculante. Pero ni la demanda, ni la advertencia a la patronal, ni otras consultas vinculantes que resolvían en contra de la exención hicieron que los defensores de la misma cambiaran de postura. Y el proceso judicial siguió su curso. Así, en El Prat de Llobregat abrieron las diligencias previas a la Fundación Catalana del Esplai y a las dos asociaciones dependientes mientras que en Martorell hicieron lo propio con 7 i Tria, después que Perea también los denunciara.

Un comedor escolar. / Carmen Secanella

En la actualidad, tal y como reconoce el fiscal Ariche, ambas investigaciones están en su tramo final y acumulan abundante documentación. Entre la del Prat de Llobregat hay un informe de peritaje sobre la Asociación de Recursos de Servicios de Esplai, entidad que gestiona el servicio de comedor escolar de la Fundación. El informe, fechado el 4 de noviembre del 2011 y realizado por dos inspectores de la Agencia Tributaria a petición del juzgado, se centra en el período 2006-2009 —ambos años incluidos—, pues eran los ejercicios concluidos y no prescritos hasta el momento de la denuncia. El informe señala que la exención del IVA no incluye el servicio de comedor escolar, un ámbito que para la Fundación no es baladí pues solo en el 2008 sirvió casi 600.000 comidas a 38.000 alumnos.

Los afectados están convencidos de que el caso acabará archivado. Josep Oriol Carbonell afirma que están “tranquilos a nivel judicial”, aunque inquietos por las consecuencias de la imposición del IVA en el servicio. También remarca que las anteriores consultas vinculantes no eran tan clarificadoras y critica el afán recaudatorio de la medida. Por su parte, Josep Gassó, presidente de la Fundación —y que, como Carbonell, está imputado— asegura que defienden “el derecho de fundaciones y asociaciones de carácter social a facturar sin IVA estos servicios educativos y sociales, así como el derecho de las familias a no tener que soportar el coste adicional que supondría la aplicación de este impuesto”. Gassó insiste en diferenciar entre asociaciones sin ánimo de lucro —y por tanto sin intención de enriquecerse— y empresas privadas. También advierte que se mantendrán firmes en su postura, pues cuentan con el aval de expertos en derecho tributario y porque están “convencidos de la legalidad y coherencia” de su actuación.

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