Protección de Datos constata deficiencias en la cesión de información a Lanbide

“Las comprobaciones no se hacen pidiendo y revisando las informaciones concretas" aseguarc el director de la Agencia vasca

José Ignacio Pariente, director de la Agencia Vasca de Protección de Datos. / l. rico

La lucha contra el fraude ha generado un flujo de datos entre Administraciones públicas desconocido hasta la fecha. Tanto que, tal y como indica José Ignacio Pariente, director de la Agencia vasca de Protección de Datos, en un encuentro con este diario, “es uno de los grandes problemas que tenemos” en esta institución, que se ocupa de velar por una correcta gestión de los datos en el ámbito público.

Y es que “las comprobaciones no se hacen pidiendo y revisando los datos concretos. Se están haciendo cediendo todos los datos”, advierte. Una práctica que no es correcta a tenor de lo recogido en la normativa de protección de datos, señala, porque “no se deben intercambiar más datos de los estrictamente necesarios y, en la práctica, se están cediendo más”.

Esto ocurre en el Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, que desde hace un año gestiona las dos principales ayudas sociales y que inició bajo el mandato de la ya exconsejera socialista Gemma Zabaleta, una profunda revisión en busca de expedientes fraudulentos. Para ello, “se está permitiendo entrar en las bases de datos [de otras instituciones] a funcionarios de Lanbide”, indica Pariente. El director explica que estos cruces deben estar avalados por una norma de rango legal o por el consentimiento de cada uno de los ciudadanos.

La gestión actual “en vez de hacer una modificación legal —aunque es cierto que nos ha pillado en el periodo de cambio de Gobierno y del Parlamento—, se están haciendo convenios con los Ayuntamientos, acuerdos que no tienen rango legal y que no amparan esas cesiones”.

Pariente atribuye este problema al “desconocimiento” de la normativa de protección de datos de los gestores de Lanbide. ¿Habría que hacer una ley? “Sí”, deja claro, para señalar después la otra alternativa, la de un consentimiento “libre y voluntario”.

En otros casos como el del copago farmacéutico, con el que es preciso que las Haciendas forales cedan datos al Instituto Nacional de la Seguridad Social y que este devuelva los datos convertidos en códigos con las distintas franjas de copago al Ministerio de Sanidad y a sus homólogos sanitarios, la protección de datos está “funcionando bastante bien”, indica, porque está contemplada por una norma de rango legal.

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