Enchufados de Baltar admiten que no pasaron ninguna prueba

Empleados de la Diputación insultan y amenazan a los periodistas

El marido de una de las funcionarias que declaró ayer se encara con los fotógrafos / xavier estévez

Los enchufados comienzan a desfilar ante el juez. El rumor de contrataciones irregulares masivas que durante dos décadas ha recorrido cada rincón de Ourense llegó ayer ante la justicia para dirimir un presunto delito de prevaricación continuada del que el fiscal acusa a José Luis Baltar. Cuatro de los 104 enchufados sin haber respetado ninguno de los procedimientos legales establecidos para ello, según la fiscalía, prestaron declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense, Leonardo Álvarez. Y no sin polémica. El acompañante de Josefa Astray, contratada en el centro cultural, que llegó a tener en plantilla una treintena de porteros para tres puertas, agredió a un operador de cámara de televisión a su salida de los juzgados. Periodistas recibieron patadas e insultos en plena vía pública por parte de los baltaristas.

También prestaron declaración Rosa María Cabano, contratada en el centro cultural; Juan Luis Cachaldora, concejal del PP en Nogueira de Ramuín (pueblo adoptivo de Baltar) y Pilar Caride, edil de O Carballiño. Lo hicieron entre las protestas de un grupo de “caza corruptos”, vestidos con monos blancos y aspiradores. El desfile de testigos, que ha sido suspendido por dos días a raíz de la muerte de un familiar del abogado de Baltar, duró cuatro horas. Todos reconocieron su vinculación con el PP, tanto ahora como en 2010, cuando se produjeron las contrataciones masivas. En sus explicaciones no supieron concretar cómo se desarrolló el proceso de selección. Ninguno solicitó empleo por escrito, ni superó proceso de selección alguno, admitieron. Todos afirmaron que personal de la Diputación no identificado contactó telefónicamente con ellos. Después se llevó a cabo la contratación directa “urgente e inaplazable” a través de decretos firmados por el expresidente.

Según el abogado del PSOE -que ejerce la acusación popular- los cuatro testigos protegieron a Baltar padre. Así, intentaron desvincularlo de la selección de personal que él mismo firmó. Faro de Vigo desveló reuniones entre Baltar padre, su abogado y los testigos en un céntrico restaurante, el pasado fin de semana. Varios de los testigos reconocieron que su relación laboral con la Diputación traspasó el mandato de Baltar padre. Pilar Caride, la edil de O Carballiño que fue compromisaria en el congreso del PP que aupó a Baltar hijo hasta la presidencia del partido, explicó que ahora está contratada en la Diputación como “promotora en igualdad de oportunidades” en un proceso pagado con fondos de la Xunta. Esa selección fue controlada por Antonio González, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Castro Caldelas y jefe de servicio de Promoción de Emprego de la Consellería de Traballo en Ourense. Él decidió la contratación de Caride y otras 132 personas, el pasado noviembre, lo que costó 850.000 euros a las arcas públicas.

El juez desestimó ayer el recurso del abogado de Baltar en el que pedía la anulación de la querella. El magistrado niega indefensión e insiste en que hay indicios de delito, ya que que los contratos se realizaron “sin haberse respetado los trámites previstos por la ley”.

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