El PP impide que Lasquetty vaya a la Asamblea a hablar de Sanidad
La oposición reclamo hasta siete comparecencias del consejero por la privatización También solicitaron plenos extraordinarios sobre el conflicto de Metro y el ERE de Telemadrid
El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, es el hombre del momento. Al menos en el Parlamento regional, donde la oposición había solicitado nada menos que siete comparecencias suyas en enero para dar explicaciones sobre, entre otras cosas, el proceso de privatización de seis hospitales y 27 centros de salud, la situación de las listas de espera quirúrgicas y las derivaciones a clínicas privadas, y los contratos de personal sanitario no renovados el 31 de diciembre pasado. La situación de la sanidad madrileña, con un conflicto enquistado que está a punto de cumplir tres meses, requiere, según los partidos de la oposición, el diálogo en la Asamblea de Madrid.
El Partido Popular, sin embargo, ha considerado hoy, durante la Diputación Permanente (órgano que sustituye al pleno en periodos vacacionales) que no son cuestiones que corran prisa. El grupo del PP en la Asamblea ha rechazado las 27 peticiones de los otros grupos, que además de por la situación de la sanidad en Madrid querían debatir sobre educación pública, el Metro y el expediente de regulación de empleo (ERE) de Telemadrid, entre otras.
Todas las iniciativas de la oposición han caído en saco roto. El portavoz del PP, Íñigo Henríquez de Luna, ha explicado que el reglamento de la Asamblea considera que la Diputación Permanente solo se reúne para abordar "asuntos urgentes" y "ninguno de los temas que se están planteando" lo son, informa Europa Press. "No tiene sentido", ha añadido, que se celebre un pleno extraordinario cuando el día 7 ya hay convocado uno ordinario.
Tomás Gómez, portavoz del PSOE, ha criticado en una nota la "tomadura de pelo" de esperar hasta la última semana de enero para celebrar la Diputación Permanente cuando los grupos de la oposición llevan un mes solicitándola.
El Parlamento regional ha estado sin actividad todo el mes de enero. El último pleno del año aprobó, gracias a la mayoría absoluta del PP, la normativa que abre la puerta a la privatización de la gestión de seis hospitales y de 27 centros de salud de la región. Los grupos políticos de la oposición llevan desde los primeros días de enero reclamando reabrir el debate sanitario.
Los tres grupos de la oposición (PSM, IU y UPyD) pidieron retomar el asunto más polémico de la legislatura, y cuanto antes. Todos solicitaron a principios de año que enero se convirtiera en un mes hábil para la actividad plenaria, ya que la Asamblea de Madrid suspende durante este mes y también en julio la celebración ordinaria de plenos y comisiones. La segunda opción era convocar plenos extraordinarios a través de la Diputación Permanente, en la que el grupo parlamentario popular también es mayoritario.
UPyD anunció el 7 de enero, a la vuelta de las vacaciones de Navidad, que pensaba pedir un pleno extraordinario sobre la privatización de la Sanidad, otro del conflicto abierto con los trabajadores de Metro por el incumplimiento del convenio colectivo, y un tercero sobre el despido del 80% de la plantilla de Telemadrid en un ERE que acababa de ser formalizado. Izquierda Unida también reclamaba una sesión extraordinaria sobre los recortes en sanidad, educación, dependencia y empleados públicos.
Pese a las peticiones de la oposición, el PP ha retomado la actividad parlamentaria con otra propuesta muy distinta a la que le reclaman: reducir a la mitad mitad el número de diputados de la Asamblea de Madrid. Cuando la expresidenta Esperanza Aguirre hizo pública su propuesta en junio de 2012, la oposición consideró que buscaba una “cortina de humo” para despistar sobre los recortes, aunque tanto el PP nacional como el Gobierno de Rajoy lo vieron con buenos ojos.
El portavoz del grupo parlamentario popular, Íñigo Henríquez de Luna, registró el viernes una Proposición de Ley para impulsar esta reducción de 129 a 65 parlamentarios. La reducción de los escaños de la cámara es una propuesta prevista para la próxima legislatura, a partir de 2015, tras las elecciones municipales y autonómicas. Requiere una modificación del Estatuto de Autonomía, un cambio que necesita el respaldo de dos tercios de la Asamblea y la posterior aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica.
