Corrupción y conciencia ciudadana
Los Gobiernos y grandes partidos que han contaminado los valores sociales jamás estarán por la labor de purificarlos
La última encuesta de Metroscopia señala que el 96% de los españoles afirman que en la vida política hay mucha o bastante corrupción, y según el barómetro 2012 de la Oficina Antifraude de Cataluña, el 93% de los catalanes perciben la corrupción como un problema grave o muy grave. Aunque probablemente la honradez prevalece en las conductas políticas, la sensación es que hay una corrupción institucional generalizada y que estamos rodeados de delincuentes de cuello blanco, desde la Casa del Rey hasta la Casa Consistorial.
La corrupción (presunta o probada) ha penetrado en muchas instituciones públicas españolas y ha afectado a ministros, presidentes autonómicos, consejeros, diputados, senadores, presidentes de diputaciones, alcaldes, concejales y altos cargos de la Administración. Pero también hay facinerosos que han sido dirigentes de partidos políticos, de organizaciones patronales y de sindicatos, miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), o gobernadores del Banco de España. Todos los poderes del Estado están afectados por la corrupción y los dos principales partidos políticos, PP y PSOE, han utilizado medios de financiación ilegal y han confundido el interés general con la maximización de su interés partidista.
Un solo dato: una quinta parte de los 58 consejeros de Jordi Pujol estuvieron imputados en presuntos casos de corrupción
En Cataluña el panorama es similar y los partidos que nos gobiernan están, en el mejor de los casos, bajo sospecha permanente. Uno de ellos tiene la sede embargada por ser responsable civil “a título lucrativo” del saqueo del Palau de la Música y el otro (que, por cierto, es el que defiende el humanismo cristiano) admite haberse embolsado fondos públicos europeos destinados a la formación de parados. Ambos tienen un amplio inventario de cargos públicos relacionados con la corrupción (aromática o con sentencia firme).
Un solo dato: una quinta parte de los 58 consejeros de Jordi Pujol estuvieron imputados en presuntos casos de corrupción (entre ellos, más de la mitad de los consejeros de Economía y Finanzas). Otras compañías de Pujol se convirtieron en delincuentes: su abogado en el caso Banca Catalana (Joan Piqué Vidal), su asesor fiscal personal (Joan Anton Sánchez Carreté), su referente empresarial (Javier de la Rosa), su juez de confianza, que CiU propuso como vocal del CGPJ (Luis Pascual Estevill), o el laureado Fèlix Millet. Así, es comprensible que un estudio de la Comisión Europea de 2012 (Regional Governance Matters) que utiliza, entre otros indicadores, el control de la corrupción, señale Cataluña como la comunidad autónoma española con el nivel más bajo de calidad de Gobierno.
¿Hay alguna solución para acabar con el uso irregular de los recursos públicos? Sin duda, una ley de transparencia (sin excepciones) y un sistema eficaz de control de las cuentas públicas, una nueva ley de financiación de los partidos políticos y una regulación de la actividad de los lobbies, o un cambio en la actividad de la justicia (más ágil en estos casos y garantizando el secreto de sumario) y una revisión de la práctica del indulto, podrían reducir el abuso del poder político.
¿Hay alguna solución para acabar con el uso irregular de los recursos públicos? Sin duda, una ley de transparencia
El papel de los medios de comunicación también es relevante y deberían ofrecer una información más objetiva y rigurosa que permitiera discernir entre inocentes y culpables. Sin embargo, cuando resulta que el 70% de los políticos imputados fueron reelegidos en las pasadas elecciones municipales, o cuando vemos que el PP valenciano o balear sigue sumando mayorías absolutas, es evidente que la solución debe ir más allá del mencionado instrumental paliativo.
Una sociedad que tolera la corrupción tiene un problema de fondo y una cultura política viciada, y aquellos que han contaminado los valores sociales (Gobiernos y grandes partidos) jamás estarán por la labor de purificarlos. Medidas gubernamentales como la amnistía fiscal para los grandes defraudadores van en sentido contrario, y que los grandes partidos sean condescendientes con sus condenados por corrupción y los integren en sus órganos de dirección, repugna la ética política. Para prevenir la corrupción política hay que despertar la conciencia ciudadana: sentirse miembro de una sociedad, reflexionar sobre el comportamiento de los individuos, saber cómo actuar y hacerlo en consecuencia.
Jordi Matas Dalmases es catedrático de Ciencia Política de la UB
