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PP y CiU se unen para sacar adelante la marina de lujo en el Port Vell

Vives (CiU) dice que la Facultad de Náutica de la UPC se quedará junto al Port Vell

Vista del Port Vell de barcelona
Vista del Port Vell de barcelona

Un escrito de “buena voluntad” por parte de Salamanca Investments, la promotora de la marina de lujo de la Barceloneta, es la única garantía sobre la que el PP formalizó ayer su apoyo a la modificación urbanística que permite la construcción del puerto de megayates. Así lo explicaron ayer, en la Comisión de Hábitat Urbà, el edil Eduardo Bolaños (PP) y el gerente de Urbanismo, Albert Civit. La aprobación definitiva se votará en el pleno del próximo 1 de febrero.

El PP y el Gobierno explicaron que Salamanca “es consciente del interés ciudadano” por el proyecto y que por ello se han comprometido a mejorar la visibilidad de la lámina de agua. El promotor hará dos cosas: modifica la ubicación de los navíos de 60 metros de eslora y los lleva al moll de la Barceloneta (inicialmente ahí iban los de 70). Así mismo se compromete a que “estos amarres nunca estarán completamente ocupados, a menos que se dé una situación especial”, explicó Bolaños.

La oposición atacó la marina por considerar que se realizó de espaldas a los vecinos y su dudoso beneficio sobre la ciudad. El tercer teniente de alcalde, Antoni Vives (CiU), dijo que “hay grupos municipales que están en contra de la industria”.

Bolaños también explicó que Salamanca dará 500.000 euros para un trasbordador que conecte el moll dels Pescadors con el Maremàgnum y que el Gobierno desencallará las mejora de la fábrica de hielo, aprobada en el anterior mandato. El edil defendió su voto diciendo que tras las modificaciones el sí era más que seguro “así el promotor fuera de Albacete o de Yakarta”, en referencia a que las oficinas de Salamanca están en Londres.

Bolaños también mostró unas fotografías que mostraban el supuesto abandono en el que se encontraba la marina antes de la llegada del nuevo dueño, pero obvió que la administración del puerto deportivo es la misma. El proyecto que se construirá [o que ya se construye según los vecinos y de acuerdo a las declaraciones de Vives en la pasada feria náutica de Mónaco] contará con 167 amarres para embarcaciones de hasta 180 metros de eslora y un spa.

En la mañana, la Plataforma en defensa del Port Vell había convocado una rueda de prensa para expresar su rechazo. La exconcejal de Ciutat Vella Itziar Gonzaléz criticó que el proyecto “no sólo es una privatización del suelo público sino también de la política”. Jordi Portabella (UpB) dijo que “no es posible tomar decisiones al margen de lo que piensa la ciudadanía” —afirmación que hizo a pesar de que su grupo tuvo la posibilidad de forzar la consulta ciudadana que planteaban los vecinos y no lo hizo— y criticó, en clave nacionalista, la falta de poder de la ciudad sobre la zona portuaria. Fue especialmente crítico con la posibilidad de que la Facultad de Náutica de la UPC se vaya de la ciudad, una petición a la que los otros grupos adhirieron y que pondría en entredicho el clúster náutico. El teniente de alcalde aseguró que “se quedará a tocar del clúster”.

Vives respondió airadamente a las críticas de la oposición y agradeció la “responsabilidad” del PP, aunque empezó por poner el retrovisor y responsabilizar al antiguo gobierno socialista. En 2010, Salamanca le compró la concesión a FCC, Caja Madrid, Nyesa Valores Corporación y el Puerto.

El teniente de alcalde aceptó, sin embargo, que la tramitación “tuvo un inicio complicado”, en el que a los grupos y a las entidades se les cobró dinero para acceder a la exposición pública del proyecto en el Puerto. De hecho, los vecinos de la Barceloneta se enteraron del plan cuando el pasado 26 de octubre de 2011 EL PAÍS publicó el proyecto, que antes de ser presentado en la ciudad se expuso en el Salón Náutico de Mónaco. Vives reivindicó que la marina generará unos 5.000 puestos de trabajo y que “el proyecto tuvo tres periodos de exposición pública”. Gala Pin, portavoz de la Plataforma, aseguró que “una exposición pública y la participación ciudadana no son lo mismo”.