El óbolo de Bárcenas

El sindicato del poder teje su discurso protector y lo extiende sobre sus afiliados, más allá de contingencias ideológicas, para protegerlos del aguijón de la justicia. En 2012, por ejemplo, el Gobierno central indultó en cuatro meses a 11 condenados por corrupción, todos ellos con penas de prisión: cuatro eran del Partido Popular y otros dos de CiU.

No se repara pues en sectarismos cuando de lo que se trata es de tener amplitud de miras. En las escasas semanas que llevamos de año, todo apunta a que en 2013 tampoco va a faltar generosidad. El subsecretario de Justicia, Juan Bravo, ha hallado tales “inequívocos signos de arrepentimiento” que ha logrado que el Gobierno conceda el indulto a Ramón Jorge Ríos Salgado, quien tras conducir cinco kilómetros en sentido contrario por la AP-7 chocó frontalmente contra el vehículo de Alfredo Dolz, que resultó muerto. El indultado ha sido defendido por un bufete en el que trabaja un hijo del ministro de Justicia, Ruiz-Gallardón. El letrado del condenado es hermano del diputado del PP Ignacio Astarloa. La decisión se adoptó en contra de la opinión de jueces, fiscales y familiares de la víctima. Trece años de prisión han quedado reducidos a 10 meses.

Se avecinan tiempos convulsos en los que los tribunales de justicia amenazan con tomar resoluciones que precisarán del paliativo del indulto. En apenas tres semanas, el PP se ha hecho con el liderazgo del ranking de la corrupción, después de que afloraran un total de 22 millones depositados en la neutral Suiza. Durante años, el extesorero del PP Luis Bárcenas ha pagado \[supuestamente\] sobresueldos en negro a la cúpula del partido. Ese donativo tenía \[presuntamente\] como objetivo aliviar la pérdida de poder adquisitivo respecto al sector privado que \[supuestamente\] sufre la cúpula del PP, dedicada en cuerpo y alma a servir a la colectividad. ¿Qué mejor término que el de óbolo para esa partida solidaria? El PP va tras la estela del óbolo de san Pedro, con el que los fieles católicos muestran anualmente su comunión económica con el Papa y con los hermanos necesitados. La generosidad de Bárcenas no utilizó siquiera el nombre de España en vano. Fue una firma panameña la que instrumentó \[presuntamente\] la regularización de los millones de euros gracias a la amnistía fiscal del ministro Cristóbal Montoro. El dinero de Suiza procedía [supuestamente] de constructoras y donaciones. Una melodía que en Cataluña nos es familiar por el caso de [presunta] financiación de Convergència Democràtica a través del Palau de la Música y con cargo [supuestamente] a constructoras, que le mantienen judicialmente embargada la sede a CDC por valor de tres millones de euros. De menor cuantía (unos centenares de miles de euros), pero sin presuntos ni supuestos y especialmente interesante es el caso Pallerols. Han tenido que pasar 14 años de investigación judicial y un pacto con la fiscalía para que los corruptos de Unió Democràtica no pisen la cárcel, pero por primera vez un partido ha devuelto el dinero sustraído de la formación de parados y ha admitido haberse financiado ilegalmente, una figura que no se encuentra en el Código Penal. Y eso que oportunidades no han faltado, pues desde 1995 el texto ha sufrido una docena de modificaciones en las cámaras legislativas. El sindicato del poder siempre actúa en defensa de sus afiliados, y qué mejor que el generoso óbolo para mantener engrasada la maquinaria del partido.

El pasado fin de semana, una encuesta publicada por este diario situaba en el 92% el porcentaje de ciudadanos convencidos de que la justicia impide depurar responsabilidades en casos de corrupción. Un 95% opinaba que los partidos protegen y amparan a los acusados por ese mismo motivo. La práctica muestra que allí donde la justicia araña al poder, el indulto restaña la herida. Motivos de sospecha hay y más que sobrados. Y es que Europa debe apretar en lo que a políticas de austeridad se refiere, pero España es el único país de la UE con más de un millón de habitantes que se resiste a tener una ley de transparencia. Y que nadie se llame a engaño sobre (presuntas) superioridades morales: Cataluña tampoco puede contar con esa ley que permite un mayor control social.