El tribunal acelera el enjuiciamiento de Blasco por el saqueo de la cooperación

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha tomado una decisión en la causa que investiga el desvío de ayudas de la Generalitat a países pobres que puede tener como consecuencia el enjuiciamiento en cuestión de meses del histórico dirigente político y exportavoz del PP en las Cortes Valencianas Rafael Blasco.

La causa que se sigue contra él y más de otra decena de imputados (el llamado caso Blasco), ha sido dividida en dos. En una de las piezas separadas que se han formado, cuya investigación está muy avanzada y en la que los indicios contra Blasco y varios de sus colaboradores parecen muy sólidos, se indaga la concesión de ayudas a una ONG llamada Cyes. Según la investigación, avalada por la declaración de diversos testigos, Blasco, entonces consejero de la Generalitat, se empeñó personalmente en conceder la ayuda de 1,6 millones de euros a la asociación de forma irregular, a pesar del rechazo y las advertencias de los técnicos, a quienes habría presionado.

Solo una minúscula parte de dicha subvención (80.000 euros) llegó, además, a su teórico destino, en Nicaragua. El resto del dinero público acabó sirviendo para adquirir pisos y plazas de garaje en Valencia y para realizar compras presuntamente ficticias a sociedades de la órbita de Augusto Tauroni, el empresario muy cercano a Blasco que lleva en prisión desde que hace cerca de un año la juez instructora dictó la detención de los presuntos miembros de la trama corrupta.

Esta es la parte del caso que, una vez dividida la causa, podría dar lugar a un enjuiciamiento relativamente rápido de los implicados. La otra pieza en la que ha quedado organizado el caso, mucho más vasta, con más dinero de por medio —hasta 3,6 millones de euros—, y en la que estarían implicadas seis teóricas Organizaciones No Gubernamentales —aunque alguna parece haber sido creada expresamente para participar en el saqueo— y dos decenas de empresas vinculadas a Tauroni, seguiría siendo investigada paralelamente.

Una parte del caso está muy avanzado y cuenta con pruebas inculpatorias sólidas

El sistema de dividir en piezas separadas grandes casos de supuesta corrupción para poder proceder a su enjuiciamiento por partes, sin dilatar excesivamente el conjunto del procedimiento, ha sido utilizada recientemente en otras dos causas. En el caso Palma Arena el juez José Castro llegó a formar más de una veintena de piezas separadas. Ello ha permitido que el expresidente balear y exministro en el Gobierno de José María Aznar, Jaume Matas, ya haya sido juzgado en una de ellas —con condena a seis años de cárcel— mientras prosigue la investigación de las demás.

También la vertiente valenciana del caso Gürtel ha sido objeto de distribución en piezas separadas. Eso ha posibilitado que el magistrado instructor, José Ceres, haya dictado ya el final de la investigación de una de ellas, relativa a la millonaria adjudicación a la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, del montaje y diseño del pabellón de la Generalitat en la feria turística Fitur desde 2005 a 2009.

A la espera de la suerte que corran los recursos presentados por varios de los imputados, de esta forma el juicio contra dos exconsejeras y un vicepresidente del entonces jefe del Consell, Francisco Camps, además de otros cargos intermedios y los cabecillas de la trama podría celebrarse en un plazo de semanas o como muchos meses. Sin que ello suponga un obstáculo para que en el mismo tribunal prosigan las pesquisas en torno a la cuestión central de la causa: la supuesta financiación ilegal del PP valenciano en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 (en las que ganó Camps) y las generales de 2008 (en las que fue derrotado el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy).