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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

¿Quién necesita un pacto?

No se puede mejorar la imagen exterior si no hay disposición a romper con el pasado

Las facturas de los teléfonos móviles del Ayuntamiento de Torrevieja ya están manos del fiscal. Los socialistas han denunciado ante la Fiscalía del Alicante lo que consideran un mal uso de estos aparatos: el año pasado, Torrevieja gastó en ellos 400.000 euros. Lo escandaloso del asunto no es, sin embargo, la cifra del dispendio, sino el empleo que los concejales dieron a sus móviles: llamadas a números eróticos, a sorteos de televisión, descargas de internet, compra de servicios pornográfico... ¿Cómo llegan unos concejales a este punto? Es decir, ¿por qué unas personas elegidas para gobernar la población malgastan de ese modo el dinero de los ciudadanos?

Quienes conozcan lo sucedido en Torrevieja durante los últimos años, no se habrán sorprendido con esta historia de los teléfonos móviles. El asunto muestra una absoluta continuidad entre la manera de gobernar del anterior alcalde, Hernández Mateo, y el actual gobierno municipal. Es cierto que Torrevieja tiene hoy menos dinero para gastar, y ha debido abandonar obras como el pabellón de baños de Toyo Ito y otras fantasías. Pero el clima moral del Consistorio sigue siendo el mismo. No se ha querido romper con el pasado y se repiten los hechos que trasladan al ciudadano una imagen de corrupción en la política.

Hace unos días, leíamos los informes de Transparencia Internacional, donde la Comunidad Valenciana figura en los últimos lugares entre las regiones españolas. No podemos decir que la noticia sorprendiera, porque todos sabemos cómo hemos llegado a ese punto. Durante años, los gobiernos valencianos se entregaron a una serie de malas prácticas que favorecieron la corrupción, hasta convertirla en algo corriente. El secreto en las decisiones que se tomaban, la opacidad sobre lo tratado, la trampa que sortea la ley y la burla, fueron prácticas habituales de nuestros gobernantes. Todo eso es bien sabido pero, a día de hoy, nadie se ha hecho responsable de esas actuaciones que parecen archivadas en el limbo. Días atrás, escuchábamos a la diputada Alicia de Miguel afirmar que “El Consell del Partido Popular ha trabajado, trabaja y seguirá trabajando por la transparencia”. Pero, mientras pronunciaba esas palabras, veíamos cómo la Consejería de Sanidad se negaba a facilitar las facturas de los pagos a Over Marketing. Ponemos el ejemplo de esta empresa como podríamos poner otros muchos. ¿De verdad cree Alicia de Miguel que podemos confiar en la "firmeza y determinación del presidente Fabra a favor de la transparencia"?

No dejamos de escuchar voces que reclaman un pacto para afrontar los problemas de imagen que sufre la Comunidad Valenciana. No son escasos los problemas que arrastra la imagen de la Comunidad: la prensa y las televisiones extranjeras nos ponen, una y otra vez, como ejemplo para explicar las causas de la crisis del país. Aspirábamos a ser conocidos en todo el mundo por nuestra grandeza, pero la fama nos ha llegado de la mano de nuestras miserias. ¿Bastaría un pacto para que esa impresión cambiara en los ojos de los extranjeros? Me temo que sería insuficiente. Un pacto, si no va acompañado por obras, por hechos que demuestren su carácter práctico, es bien poca cosa. Y, ¿cómo iba nadie creer en un pacto cuando no vemos una voluntad clara de romper con ese pasado que nos ha conducido al estado actual? ¿Por qué deberíamos poner nuestro nombre junto al de los que hicieron de la mentira, de la corrupción, del engaño, una forma de gobernar, a la que no han renunciado de una manera explícita?

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