Los posibles conflictos de intereses entre políticos que han tenido responsabilidades en la gestión de la sanidad pública y pasan a las empresas privadas del sector siguen alimentando la protesta generada en Madrid por la privatización de seis hospitales y 27 centros de salud. Los dos últimos consejeros de Sanidad madrileños, del Partido Popular, tienen actualmente intereses en la sanidad privada. La empresa para la que trabaja Juan José Güemes —en el cargo entre 2008 y 2010— compró en noviembre pasado el 55% de la UTE (unión temporal de empresas) que realiza los análisis clínicos de seis hospitales públicos. Se da la circunstancia de que Güemes formaba parte del Ejecutivo madrileño cuando se adjudicó esta concesión administrativa, que suponía la privatización de los laboratorios clínicos que atienden a 1,2 millones de habitantes.

Güemes abandonó el Ejecutivo de Esperanza Aguirre en marzo de 2010, año preelectoral, para dedicarse a la empresa privada. Fichó por la escuela de negocios Instituto de Empresa, donde preside el Centro Internacional de Gestión Emprendedora. El pasado junio la empresa suiza Unilabs, dedicada a los análisis clínicos, le nombró consejero. En noviembre, Unilabs compró el 55% de la participación que el laboratorio catalán Balagué Center —que anunció un ERE en octubre— y la sociedad Ames tenían en la UTE que gestiona los laboratorios. El tercer socio es Ribera Salud. Según informó Unilabs en una nota de prensa en noviembre, la operación supuso cinco millones de euros.

La Consejería de Sanidad decidió en 2008 que las pruebas analíticas de unos 1,2 millones de madrileños las gestionara una empresa, y sacó un concurso para adjudicar el servicio durante ocho años, con posibilidad de prórroga hasta 10. Ofreció 173 millones de euros. Se trataba de centralizar los análisis de los seis hospitales recién inaugurados en la región, los mismos cuya gestión ha aprobado ahora privatizar el Gobierno regional. Finalmente, la UTE liderada por Ribera Salud ganó el concurso al ofrecer 125 millones, un precio que la Asociación de Profesionales de Laboratorios Públicos (Aprolap) consideró “temerario” por ser excesivamente barato. Un año después la Consejería de Sanidad cerró tres laboratorios públicos para ceder las pruebas analíticas que realizaban a la UTE ganadora.

“Güemes asesora en las operaciones pero no negocia ni utiliza su imagen ni su pasado como consejero de Sanidad”, aseguró un portavoz de Unilabs horas después de que la cadena Ser informara de que la empresa de la que es consejero Güemes “se queda con la gestión de los análisis clínicos que él mismo privatizó”. El portavoz de Unilabs recordó que la empresa, integrada en Capio, no obtuvo ningún concurso público de la Comunidad de Madrid mientras Güemes fue consejero de Sanidad. Unilabs llegó a presentarse al concurso de los análisis clínicos, pero lo perdió contra Ribera Salud.

El laboratorio central que da servicio a seis hospitales y a sus áreas de referencia está ubicado en el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes. Allí se hacen las pruebas del Hospital Infanta Cristina de Parla, el Infanta Leonor de Vallecas, el Sureste en Arganda del Rey, Henares en Coslada y el Hospital del Tajo en Aranjuez. Güemes defendió desde la Consejería de Sanidad la colaboración público-privada en sanidad y la entrada de empresas en la gestión. Llegó a presentar el plan de infraestructuras sanitarias ante un auditorio de empresarios en el hotel Ritz —Aproveche las oportunidades de negocio para su empresa, rezaba el programa del encuentro— antes que a la ciudadanía o al Parlamento regional.

En 2003, Güemes fue fichado para la política madrileña por Aguirre y se convirtió en su ojo derecho. Su andadura en el Gobierno regional empezó como consejero de Empleo y Mujer y en junio de 2007 pasó a Sanidad en sustitución de Manuel Lamela. Allí, desarrolló el polémico modelo de hospitales manejados por empresas que Aguirre quería para Madrid y en el que Ignacio González acaba de profundizar al poner en marcha la mayor operación privatizadora de la sanidad pública española. "El dinero sigue al paciente", llegó a decir alguna vez durante su mandato.

Preguntado por este periódico, Güemes no ha querido hacer comentarios a la noticia. Unilabs ha emitido un comunicado en el que tilda de "tendencioso y torticero" el intento de vincular la presencia del exconsejero en su consejo de administración con cualquier irregularidad en la adjudicación. La empresa recuerda que el concurso se convocó en 2008 y que "Unilabs se presentó y no resultó adjudicatario", que Güemes entró en su consejo en 2012 y que en ese año Unilabs adquirió, "mediante transacción privada y previo acuerdo de los accionistas" el 55% de la UTE adjudicataria, según "se anunció públicamente en su día". "No se ha tratado de ninguna adjudicación, ni concurso, ni contrato de la Consejería de Sanidad de Madrid, sino de un acuerdo entre Unilabs y dos empresas". Por tanto, considera "absolutamente intolerable" pretender "deducir de esta operación mercantil entre tres compañías la más mínima actuación irregular y no acorde a la legislación vigente".