Directivos de más de la mitad de los centros de salud presentan su dimisión

Las renuncias se harán efectivas cuando el Gobierno madrileño empiece la privatización

FOTO: LUIS SEVILLANO | VÍDEO: ATLAS

El conflicto sanitario desatado en Madrid después de que el Gobierno regional anunciara que piensa entregar la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud a empresas, el mayor plan privatizador de la sanidad puesto en marcha en España, está lejos de diluirse. Los médicos abandonaron antes de Navidad la huelga indefinida, que llegó a las cinco semanas —con 40.000 consultas suspendidas y 6.000 operaciones aplazadas—, pero no descartan volver a convocarla. Mientras tanto, mantienen la presión con una iniciativa inédita: una dimisión masiva de directivos de los 270 centros de salud de la región. Las firmas de 322 miembros de los equipos (formados por un director médico, un responsable de enfermería y otro de la unidad administrativa) han llegado esta mañana a la Consejería de Sanidad.

El órdago está sobre la mesa. Los directivos se comprometen a dimitir en el momento en que la Comunidad de Madrid saque a concurso la gestión de los centros de salud, algo que podría tardar solo uno o dos meses, puesto que la intención de Sanidad es que en verano las empresas tomen las riendas de los hospitales y los ambulatorios. “No lo hacemos con voluntad de boicotear nada, pero se están tomando decisiones de calado sin contar con los profesionales sanitarios. Si no cuentan con nosotros para eso, tampoco para gestionar los centros”, ha dicho Paulino Cubero, director de un centro de Carabanchel (Madrid) tras entregar las firmas. “Confiamos en que se abra un diálogo que hasta ahora no ha existido. Y esperamos que no se hagan efectivas las dimisiones, porque sería desastroso”, ha añadido.

El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, ha tratado de minimizar la relevancia de esta renuncia colectiva. Lo ha calificado de “anuncio de una hipotética dimisión” en una entrevista en la cadena SER. “Quien la presente, le será aceptada”, ha añadido. Unas horas después, su equipo ha emitido un comunicado en el que obviaba a los responsables de enfermería y de administración y solo contaba a los médicos al afirmar que “solo 99 de los 270 directores de centros de salud de la Comunidad” habían firmado la carta. Es más de uno de cada tres. En total, han renunciado 322 directivos de las tres categorías, que sumados a las 46 vacantes (hay puestos que la Consejería de Sanidad no ha podido cubrir durante meses) suponen 368 puestos de dirección en 137 centros de salud. Más de la mitad de los 270 ambulatorios quedarían descabezados total o parcialmente.

“El ciudadano no notaría nada en la asistencia”, ha asegurado un portavoz de la Consejería de Sanidad. Es precisamente el objetivo de la medida. Los directivos no quieren contribuir al “desmantelamiento” de la sanidad pública y por eso solo se retirarían de sus cargos de gestión, no de los asistenciales porque, aseguran, no quieren perjudicar a los ciudadanos. Los médicos, enfermeros y auxiliares administrativos seguirían atendiendo a los pacientes como hasta ahora. De producirse, el caos sería “organizativo”, añaden.

A principios de diciembre los profesionales de primaria entregaron casi 8.000 firmas contra la privatización. Era como una encuesta. De las 7.950 recogidas (hay unos 10.000 trabajadores), solo tres respaldaban las medidas del Ejecutivo de Ignacio González y 14 respondieron “no sabe, no contesta”.

Ya con el conflicto sanitario en marcha, a principios de diciembre, los colectivos que representan a la atención primaria (11 sociedades científicas y asociaciones, tanto de medicina como de enfermería) consensuaron un documento que propone un modelo alternativo de gestión de los centros de salud, basado en una mayor autonomía y sin necesidad de que empresas con ánimo de lucro entren en este nivel asistencial, hasta ahora de gestión enteramente pública. El Gobierno regional ha aprobado en los Presupuestos y en la Ley de Acompañamiento la entrega del 10% de los centros de salud (y de seis hospitales) a la gestión privada.

Los tres miembros de la directiva del centro de salud Las Ciudades, en Getafe, han presentado su dimisión. Los tres aseguran que, llegado el caso, se limitarán a sus tareas como médico, enfermero y administrativa. Cortarán la comunicación con la instancia superior, la dirección asistencial y dejarán de coordinar los calendarios, las agendas, los programas... Paloma Sebestyen lleva cuatro años como responsable de la unidad administrativa del centro. Es eventual. Renuevan su contrato cada uno, tres o seis meses. “Siempre me quedo una o dos horas fuera de mi horario, o me llevo trabajo a casa, porque si no, no me da tiempo a hacerlo todo”.

“Hace dos o tres años que no hay suplentes si alguien falta. Los primeros 15 días no se cubren las bajas y repartimos el trabajo entre los que quedamos”, añade. Su retribución extra como responsable es de 100 euros brutos mensuales. En total, cobra algo más de 1.000. Renunciar implica que se limitará a atender al público en el mostrador, pero dejará de hacer recetas de crónicos y partes de confirmación de bajas, con lo que ese trabajo pasaría a las consultas. “Es imposible hacerse cargo desde arriba de todo lo que hacemos aquí, toda la documentación que generamos, por ejemplo. No se puede”, asegura.

Alejandro Tejedor es el director médico del centro desde hace cuatro años y medio. Se encarga de coordinar a todos los responsables: la programación de la agenda, la docencia de enfermería y MIR, el personal (ausencias por vacaciones, bajas por enfermedad), se reúne con el hospital de referencia, el de Getafe, para poner en marcha programas conjuntos... “Esta es una crisis que nunca se había vivido hasta ahora. No quiero generar alarmismo, pero si pudiendo hacerlo no evitan nuestras dimisiones sería una irresponsabilidad”, asegura. En su caso, el complemento es de 300 euros brutos al mes. Al ser director, su cupo de pacientes es entre un 10 y un 15% inferior al de sus compañeros.

“Soy responsable de enfermería desde hace ocho meses. La anterior se jubiló y los compañeros me propusieron a mí porque ya tenía experiencia”, explica Oscar Cuerdo. “No me compensa ni por currículum, ni económicamente ni familiarmente”, asegura. Solo cobra 150 euros brutos más al mes que otro compañero enfermero, y tiene el mismo trabajo asistencial que el resto. “Junto con los equipos directivos, otros 3.000 profesionales más han presentado su dimisión de las comisiones: docencia, paciente polimedicado, farmacia, almacén, vacunas...”, explica. “Obviamente no vamos a dejar de vacunar a un niño o un adulto. Ahora, que no esperen que facilitemos información, estadísticas, comunicación como hacemos ahora. Pediré mis vacaciones, las mandaré hacia arriba, y que organicen ellos”.

Lasquetty ha asegurado que sigue abierto al diálogo con los profesionales, a los que pide “medidas alternativas que supongan reducción de costes”. La privatización de los centros supone un ahorro de 200 millones, según sus cálculos. Tanto los sindicatos como el comité profesional han presentado propuestas de ahorro, que han sido rechazadas. Mañana vuelven a reunirse.

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