Educación y derecho a decidir

De nuevo el modelo lingüístico, pero no solo eso. La LOMCE, el proyecto de ley que el ministro Wert ha colocado sobre la mesa, desborda y supera cualitativamente los episodios habituales de confrontación entre las instituciones catalanas y la Administración central en torno al modelo lingüístico de la educación catalana. El tradicional conflicto “menor” sobre las horas de castellano en la escuela ha dejado paso a la formulación de un modelo alternativo completo. Un modelo basado en la presunta “homogeneidad” española que admitiría la presencia complementaria (y secundaria) del catalán. Un proyecto de ley que afecta al conjunto curricular de las enseñanzas, reduciendo drásticamente el margen de libertad real para fijar contenidos desde Cataluña y casi destruyendo el concepto de autonomía que nuestro modelo impulsa para los proyectos educativos de cada centro. El país, Cataluña, ha reaccionado y ha dejado muy claro cual es la posición ampliamente mayoritaria. Así que no sería necesario añadir nada, excepto una reflexión adicional y ajena al ámbito estrictamente educativo.

Hay que empezar por preguntarse si se trata simplemente de una reforma educativa centralizadora, o bien si asistimos a un nuevo episodio de la contraofensiva estatal para detener el proceso catalán hacia la autodeterminación. Y la respuesta obvia es que se trata de ambas cosas a la vez. La reforma que nos propone el ministro contiene una mezcla de elementos que proceden del extinto Pacto por la Educación que intentó Ángel Gabilondo, como la flexibilización del último curso de la ESO, con otros ingredientes que expresan un evidente propósito homogeneizador y de retorno a conceptos pedagógicos y curriculares del todo obsoletos. Pero es inevitable fijar la atención en el modelo lingüístico que se pretende imponer y en los criterios en los que se basa. Aquí es donde hallamos el nexo de unión entre una supuesta concepción “plurilingüe” y el “respeto a los derechos individuales”, con una bien precisa idea de lo que significa España y de cómo resolver, de una vez por todas, la maldita “cuestión catalana”. Tras las afirmaciones sobre el supuesto adoctrinamiento “independentista” que los niños recibirían en las escuelas catalanas, se esconde un diagnóstico del todo explícito: “hemos sido muy tolerantes, demasiado, con la diferencia catalana, estamos perdiendo el control y la capacidad para definir lo que significa España y lo que implica ser ciudadano español en cualquier punto del Estado”. O también, “los españoles debemos poder crecer, estudiar, trabajar y vivir en Cataluña, en castellano, sin más obligación que la de un conocimiento académico y formal de la lengua catalana”.

En resumen, debe quedar claro que Cataluña es, en el mejor de los casos, una región más de España con, eso si, algunas “peculiaridades” lingüísticas y culturales que habrá que respetar en la medida, precisamente, que no pretendan recibir igual consideración y estatus que la lengua oficial, la cultura (y la historia) comunes de todos los ciudadanos del Estado español.

Según esta concepción el único sujeto político es España y la Constitución de 1978 lo dejó todo “atado y bien atado”. Y nuestro modelo educativo, con el catalán como lengua vehicular y la inmersión lingüística (aún peor, con la pretensión de un trilingüismo efectivo) es visto y entendido 35 años después como la negación, inadmisible, de esa idea de Estado. Desde determinadas instituciones y partidos de ámbito español parece haberse llegado a la conclusión de que es el modelo educativo catalán, la escuela, lo que explica el mantenimiento, primero, y el resurgimiento, después, del catalanismo histórico que debería suponerse residual o minoritario. De acuerdo con esa teoría inverosímil, la explicación del éxito de los movimientos civiles que impulsan el proyecto de Cataluña-Estado hay que buscarla en el sistema educativo catalán y no en causa alguna de origen político o, aún menos, en defecto ninguno atribuible al vigente modelo de relación entre Cataluña y España. Lo cierto es que esos mismos dirigentes españoles han constatado que en Cataluña ha arraigado un movimiento de fondo en la dirección soberanista. Y, en consecuencia, han decidido que es urgente tomar medidas taxativas para cortar de raíz la continuidad “normalizada” de la situación educativa actual. Hay que volver a la doble línea escolar, se debe reducir el alcance y la presencia mayoritaria del catalán como lengua vehicular. Hay que estimular la demanda, hoy casi inexistente, para exigir las primeras enseñanzas en castellano. Hay que ayudar a aislar a los niños y los ciudadanos castellanoparlantes de un excesivo contacto o contagio del catalán. Así que la presente iniciativa del Gobierno popular no puede ser considerada como un episodio más de los ya conocidos y repetidos sobre las “horas de castellano” o el derecho a la atención individualizada en idioma materno. Y es por eso que, en esta etapa, la respuesta unitaria catalana ya constatada debe proyectarse en todos los sentidos y durante un largo periodo de tiempo. Una respuesta que debe concretarse en el ámbito jurídico, en el institucional y en el propiamente educativo. Otorgando a la continuidad, pero también a la mejora de nuestro modelo educativo, que incluye el pleno respeto y estima por el castellano, el protagonismo adecuado. Contando para ese propósito con los elementos de reforma contenidos en la Llei de Educació de Catalunya. Conscientes de que se trata de una cuestión central y decisiva en el proceso que la nación catalana ha puesto en marcha para definir y “decidir” su futuro.