La Junta elimina 350.000 expedientes judiciales para desatascar los archivos

El Ejecutivo destruye por primera vez documentación de procedimientos

Dos funcionarios, en los archivos de un juzgado de Málaga. / garcía-santos

¿Dónde va el ingente papel generado cada día en los juzgados andaluces? Al archivo. Y esto supone acumular miles de folios que cada mañana engrosan las estanterías para responder a posibles reclamaciones y guardar fe de los procesos. Ahora la Junta aliviará un tanto esta acumulación de papel, después de asegurarse que carecen de valor histórico, y destruirá 350.000 procedimientos judiciales archivados durante los últimos 67 años. Un dato da idea de la cantidad de documentos que se acumulan: si todas las cajas archivadas se alinearan, sumarían hasta 300 kilómetros en línea recta.

La denominada Junta de Expurgo trabaja en la actualidad sobre 2,2 millones de casos judiciales, diligencias previas y juicios de faltas. Este organismo, creado hace tres años, se ha reunido varias veces y su primera decisión de calado tendrá su fruto en las próximas semanas. Eso sí, después de dar un plazo de dos meses a los interesados por si quieren reclamar documentos, como diligencias previas y relativos a juicios de faltas, antes de ser destruidos. “Hasta que no se imponga el expediente digital, todo está en papel”, resume el secretario general de Justicia, Pedro Izquierdo.

La destrucción está ligada a la modernización y digitalización de la Justicia, una asignatura pendiente que es todo un mantra para los responsables de la Junta, del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) y de la Fiscalía Superior. Y la sustitución del papel se impone pero muy poco a poco, en parte porque se trata de un servicio público en el que es necesario comunicar notificaciones por escrito.

A lo largo de los años los jueces han ordenado la destrucción de ciertos expedientes de sus juzgados. Pero esta es la primera vez que se consuma una destrucción masiva. Y para ello, la criba de documentos es fundamental. Se trata de identificar entre miles de páginas los casos que tienen un valor histórico por su relevancia. Denuncias y testificales de casos judiciales en el Franquismo y la Transición que describen las épocas con gran precisión. Y su archivo y rescate es necesario, aunque claro está, con cierta medida. En ocasiones se han guardado por muestreo ejemplos de series con numerosos casos, al elegir años que acaben en 3 o en 5. “El criterio lo proponen técnicos, historiadores, jueces y abogados”, explica David Torres, archivero de la Real Chancillería, sede del TSJA, y donde reside la memoria de gran parte de la historia judicial andaluza. “No toda la documentación es susceptible de ser conservada (...) La destrucción es irreversible y los documentos son únicos, por eso se toma todo tipo de cautelas”, aclara Torres.

La actual destrucción de documentos es en parte consecuencia del Real Decreto 937/2003 sobre la modernización de los archivos judiciales. El objetivo era lograr una oficina judicial “ágil, rápida y con una correcta atención al ciudadano”. El Real Decreto incluye una explicación concisa de la necesidad de generar espacio en los juzgados: “En los archivos de gestión se custodian los documentos mientras permanezcan vivos (...) Una oficina judicial saturada de expedientes difíciles de ubicar o archivar, con la consiguiente dificultad para encontrarlos en ocasiones produce en la sociedad la imagen de una justicia lenta e ineficaz”.

La desaparición de estos 350.000 expedientes irá ligada a lo largo de 2013 a la destrucción de otros 300.000 expedientes en los que ahora trabaja la Consejería de Justicia. Y para esta compleja tarea colaboran secretarios judiciales y funcionarios del auxilio judicial. La eliminación afecta a órganos de Cádiz, Arcos de la Frontera, Motril (Granada), Málaga, Coín, Huércal-Overa (Almería) y Sevilla. Una magistrada del TSJA preside la Junta de Expurgo, de la que también forman parte un fiscal, un secretario judicial, el jefe de servicio de Documentación y Publicaciones y dos funcionarios.

Legados y digitalización

En Granada existe un lugar poco conocido y con documentos deslumbrantes que describen la historia andaluza de una manera peculiar: la Real Chancillería  (sede del TSJA) conserva escritos que reflejan el funcionamiento de las instituciones que han impartido justicia desde 1494 hasta la actualidad. Constituyen la memoria de juicios, pleitos, denuncias y declaraciones.

La vista atrás alcanza hasta los fondos de los territorios de la Corona de Castilla al sur del río Tajo desde 1494 hasta 1834 (que abarcaba cinco comunidades actuales), y desde entonces copan hasta 1989 los fondos de Andalucía Oriental. A este ingente archivo se le suman poco a poco documentos actuales seleccionados por su interés, además de todos los documentos de las jurisdicciones civil, penal y contencioso-administrativa del alto tribunal andaluz.

La ley de archivos de Andalucía que entró en vigor el año pasado establece que los documentos judiciales son “inalienables, imprescriptibles e inembargables”. Sin embargo, la documentación histórica ha sido muy maltratada durante décadas por falta de falta de conciencia social, de espacios y de archiveros. También ha existido un aspecto más oscuro: la apropiación indebida por parte de algunos funcionarios de ciertos legajos. Algunos casos han terminado en denuncia. “El funcionario cree que los papeles son suyos y se los lleva a casa”, explican fuentes vinculadas a este tipo de casos que piden el anonimato. El registro de Economía del Ayuntamiento de Granada sufrió una sustracción de miles de documentos de los dos últimos siglos, un caso que saltó a la luz el año pasado.

La depuración actual necesaria para extraerle el jugo a tanto papeleo burocrático y guardar solo lo que tenga valor histórico son unas tablas de valoración que las consejerías de Justicia y Cultura han consensuado como paso previo a la propuesta de destrucción de documentos que se eleva a la Junta de Expurgo.

Mientras, Justicia desarrolla en paralelo la aplicación Jara, un sistema de información para gestionar los archivos judiciales. La intención es que la nueva oficina judicial a través de una página web controle en todo momento “cuál es el fondo documental descrito e ingresado en los archivos”, según fuentes de la Consejería.

No solo se trata de más inversión, medios y personal. Una traba para la informatización y digitalización de la justicia es la concienciación por parte de los funcionarios y el resto de implicados, aunque bien es cierto que cada vez están más en minoría.

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