La justicia apremia a Mas a garantizar la escuela en castellano

Continúa el goteo de sentencias judiciales que exigen a la Generalitat que garantice que la lengua castellana sea vehicular en la enseñanza. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) emitió ayer seis autos idénticos en que requiere a la Generalitat que “adopte cuantas medidas sean precisas para adaptar el sistema de enseñanza” y garantizar que el castellano, junto al catalán, también sea vehicular en las escuelas. La consejera de Enseñanza de Cataluña, Irene Rigau, anunció que recurrirá el auto y se negó a tomar medidas cautelares, aduciendo que la Ley de Educación de Cataluña (LEC) ya da respuesta a esta exigencia.

Las demandas las interpusieron seis familias, que corresponden a nueve alumnos de infantil, primaria y secundaria, después que el Departamento de Enseñanza catalán rechazara su petición de recibir una enseñanza bilingüe, “en las dos lenguas oficiales, de forma proporcionada y sin desequilibrios entre ellas”. Las familias pedían este tipo de escolarización no solo para sus hijos, sino para toda la clase, extremo que el tribunal ha rechazado. De hecho, el TSJC limita su resolución “a su hijo en edad escolar y en el ámbito concreto que le afecta, el del centro educativo en que está matriculado”.

Pero el tribunal, como en anteriores sentencias judiciales, no concreta cómo se debe plasmar esta igualdad entre lenguas. El auto establece que el castellano debe ser utilizado “en la proporción que proceda dado el estado de normalización lingüística alcanzado por la sociedad catalana”. Y en todo caso, asegura que quien debe determinar esa proporción es la Generalitat.

Los autos no son unánimes. Uno de los cuatro magistrados del TSJC considera inaceptable la petición de las familias de tratar las dos lenguas de forma equitativa, porque ello contradice leyes en vigor como la LEC, que establece el catalán como preeminente. Para este magistrado, las medidas cautelares no son necesarias, ya que no están acreditados los “perjuicios irreparables” que dicen las familias que podrían sufrir sus hijos si se les impide el derecho de esta enseñanza bilingüe.

La Generalitat dice que la ley ya da respuesta a lo que exigen los padres

“No hay necesidad de tomar medidas cautelares”, respondió de forma tajante la consejera Rigau, que aseguró que la ley de Educación catalana ya contempla la respuesta a estos alumnos, mediante la atención individualizada, es decir, refuerzos particulares que reciben en castellano los alumnos, un servicio diseñado para los alumnos que no saben catalán.

Rigau también quiso restar trascendencia a estos nuevos casos que cuestionan la inmersión lingüística. “Uno más de los que hay abiertos”, terció la consejera, al mismo tiempo que recordó que afecta solo a nueve alumnos del más de un millón que hay en el sistema educativo catalán. Rigau aseguró que ayer mismo contactó con los centros afectados y que estos negaron que hubiera conflictos con las familias demandantes. Más aún, la consejera aseguró que son escuelas con altos niveles de conocimiento de las dos lenguas.

La titular de Enseñanza volvió a defender el modelo de escuela catalana como un ejemplo de éxito y se amparó en las evaluaciones, que muestran que los alumnos acaban la educación obligatoria con el conocimiento paritario de ambas lenguas. Por ello, la consejera volvió a subrayar que se trata de “un conflicto político, y no pedagógico”.

El Partido Popular y Ciutadans reclamaron ayer a la Generalitat que cumplan con las sentencias para garantizar la educación en la escuela también en castellano. El PP dio por hecho que el Gobierno catalán incumple las leyes y, a través de un comunicado, lamentó que esto es un “ejemplo nefasto”.