Las limpiadoras del Parlamento pierden la ‘extra’ como si fueran funcionarias

Ni las 13 limpiadoras, ni los tres cristaleros, ni los dos jardineros que se encargan de acondicionar las instalaciones del Parlamento han cobrado este año la paga extra de Navidad. Las dos empresas que tienen subcontratado al personal de limpieza y jardinería han hecho suyos los recortes del Gobierno central y han dejado a sus trabajadores sin esa parte de su salario. Pero lejos de que el ahorro repercuta en las cuentas públicas para contribuir a la lucha contra el déficit —como argumentó el Ministerio de Hacienda para adoptar esa medida en el caso de los funcionarios— el dinero se lo han quedado ambas adjudicatarias: Linorsa, que se encarga de la limpieza del Pazo do Hórreo donde se ubica la Camara gallega, y Sumil, SL, que se ocupa de sus zonas verdes.

El asunto llegó la pasada semana a la Junta de Portavoces del Parlamento, donde la representante socialista Marisol Soneira, presentó una queja formal ante la presidenta de la institución, Pilar Rojo. En esa reunión los servicios jurídicos de la Cámara a través de su oficial mayor alegaron que la discusión sobre las condiciones laborales de las limpiadoras no compete al Parlamento, que se desentendió del problema. Su departamento de Comunicación explica a EL PAÍS que solo puede intervenir cuando la adjudicataria incumple lo acordado en el pliego de condiciones y que en este no aparece el detalle de las remuneraciones del personal. La reivindicación de Soneira para que al menos las dos concesionarias reintegrasen el dinero ahorrado a la institución también cayó en saco roto y no hay noticias de que ninguna de las dos sociedades vaya a devolver la parte proporcional a la bajada de sueldo de sus empleados.

El concurso público en el que Linorsa ganó la concesión del servicio de limpieza por dos años se celebró en agosto de 2011. Tal y como figura en la documentación oficial que resume la adjudicación, la suya fue la mejor oferta de las 11 que se presentaron. Y en la decisión pesó sobre todo el factor económico. Textualmente el Diario Oficial concluye: “la más ventajosa teniendo en cuenta el precio y el valor técnico de la oferta”.

La mayoría de limpiadoras acumulaba ya muchos más de dos años trabajando en la casa cuando Linorsa se hizo con la concesión. Las empleadas más antiguas acumulan dos décadas de tarea en la institución y en este tiempo han visto pasar a media docena de subcontratas que tienen la obligación de emplearlas como personal subrogado. Fue durante el bipartito en la séptima legislatura cuando su pelea para equiparar sus condiciones a las del personal laboral de la Xunta de Galicia dio sus frutos. Durante la presidencia de la socialista Dolores Villarino consiguieron algo que ya habían logrado antes sus compañeras que se ocupan de los hospitales, la universidad y los juzgados: tener unos derechos similares a los del personal laboral del Gobierno gallego, lo que le supuso mejorar sensiblemente lo que les garantizaba el convenio de limpieza de la provincia de A Coruña. En la actualidad, una operaria de limpieza del Parlamento con 37,5 horas semanales de contrato percibe unos 1.100 euros.

Es presuntamente esa homologación con el personal de la Xunta esgrimen las dos adjudicatarias, Linorsa y Sumyl, para suprimir unilateralmente la paga de navidad a sus trabajadores. Los responsables de Linorsa declinaron atender las llamadas de este periódico y se han negado a ofrecer ninguna explicación. Desde esta empresa cuando los cuando los sindicatos preguntaron a qué se debía el impago de la paga extra que nunca se llegó a justificar, , un mando intermedio recomendó a la representación de los trabajadores que mirasen fuera para ver cómo estaba el resto de la gente y les hizo ver que en la calle hace mucho frío.

Desde Samyl, la concesionaria del servicio de jardinería del Parlamento, el responsable de Recursos Humanos, Miguel Anxo Rodríguez, alegó que el convenio de equiparación de sus empleadas con el personal laboral “las equipara en todos los sentidos”, también cuando la Administración decide bajadas de sueldo a los funcionarios. Y explicó que no reintegrará el dinero al Parlamento porque la Cámara “tampoco asume el coste de las subidas salariales” que la empresa tuvo que asumir cuando la situación era a la inversa y las condiciones laborales de los funcionarios mejoraban en lugar de empeorar.